*ONG consideran que espionaje en comunicaciones privadas será usada contra los activistas

Publicado el Diciembre 5, 2011, Bajo Derechos Humanos, Nacional, Noticias, Política, Autor Andy.

La Jornada de Oriente
Nota de: Martín Hernández Alcántara.
Posteado por: @gabo_Mzuma (Twitter) 05-diciembre-2011.

Organizaciones no gubernamentales, como el Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y la Organización por la Defensa de los Derechos Humanos y Garantías Individuales de Puebla y Tlaxcala (ODDHGIPT), repudiaron la iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para legalizar el espionaje en comunicaciones privadas con el supuesto propósito de combatir a criminales.

Las organizaciones no gubernamentales, entre las que también se encuentra el Frente por la Alimentación Natural y Nacionalista, consideraron que en Puebla no hay garantías de que el espionaje a conversaciones privadas sea utilizado con fines políticos o métodos de presión contra movimientos sociales y activistas.

Paula Reyes Torres, del Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, señaló en una entrevista con esta casa editorial: “Nos sorprendió mucho enterarnos por los medios de comunicación sobre la iniciativa que envió el (Poder) Ejecutivo al Legislativo, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Defensa Social y del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, entre ellas la de permitir, con una orden judicial, la vigilancia de conversaciones privadas”.

La activista explicó que “en varios países del mundo una medida así no causaría ningún motivo de preocupación, pero desgraciadamente en México y en Puebla, para ser más precisos, no hay garantías de que además de vigilar las conversaciones entre delincuentes, también dirigentes sociales, activistas y movimientos ciudadanos sean espiados con fines políticos”.

Guadalupe Rojas Fuentes, representante de la ODDHGIPT, expresó ayer en una entrevista con esta casa editorial que “algunos periodistas en Puebla han hablado de que el gobierno del estado compró una máquina con la que supuestamente puede intervenir llamadas telefónicas. No se han aportado pruebas fehacientes de eso y el gobierno del estado, hasta donde sabemos, lo ha desmentido, pero queda la zozobra acerca de si existe la posibilidad de que un personaje como Ardelio Vargas, el secretario de Seguridad Pública, tiene la probidad profesional y moral para hacerse cargo de indagatorias de corte invasivo, como lo es la intervención de conversaciones”.
“Definitivamente –abundó– no hay en este momento condiciones para afirmar que la intervención de llamadas telefónicas o de intercambio privado de información por otras plataformas con el fin de combatir a la delincuencia, termine también siendo utilizado como un instrumento de presión para opositores y críticos del gobierno”.

En tanto, el Frente por la Alimentación Natural y Nacionalista, una organización no gubernamental dedicada al combate a los transgénicos y del uso de fertilizantes químicos, consideró que las autoridades estatales deben ofrecer garantías de que no se hará “espionaje telefónico con fines de persecución política, porque la Constitución marca claramente los derechos que tenemos como ciudadanos a la libertad de expresión, de asociación y de demanda”, según manifestó Luis García García, vocero de la organización.

García García también expresó sus dudas “sobre alguien como el señor Ardelio Vargas, que parece tener una propensión a la violencia ya reprimir a las organizaciones que disientesn con el gobierno”.

El pasado jueves el gobierno del estado presentó al Congreso local un paquete de reformas en materia penal que busca tipificar la extorsión, el lavado de dinero, el narcomenudeo y la desaparición forzada de personas, pero a la vez también pretende legalizar la intervención de “cualquier comunicación privada” en Puebla, la cual podrá ser grabada como audio o video por el Ministerio Público con autorización de un juez.

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Zeferino Martínez Rodríguez, afirmó que el proyecto es riesgoso, ya que podría ser utilizado por el gobierno estatal no sólo para combatir el crimen organizado, sino también como instrumento de persecución política, según dio a conocer La Jornada de Oriente, en su edición del pasado viernes.

El paquete de iniciativas, que se turnó a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis, comprende reformas al Código de Defensa Social del estado y al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.

En los considerandos del proyecto, la administración estatal justifica la grabación de conversaciones privadas, ya sean telefónicas o de cualquier modalidad, al señalar que esa herramienta jurídica ya se legalizó a nivel federal para garantizar la “seguridad de la población”.
De acuerdo con las iniciativas, el juez podrá instruir la intervención de conversaciones privadas en casos de narcomenudeo, enriquecimiento ilícito, extorsión, falsificación de documentos y tortura.

Las intervenciones telefónicas se ejecutarán “únicamente por el Ministerio Público bajo su responsabilidad con la participación de peritos especializados, además de la colaboración de los concesionarios y permisionarios correspondientes”, aclara la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.

El proyecto precisa, además, que “toda intervención, para su control y manejo, debe contener las fechas de inicio y término, un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la misma”.

En caso de que los servidores públicos “intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente o que la realicen en términos distintos a los autorizados, serán sancionados conforme a las leyes aplicables”, asegura el Ejecutivo en la reforma.

COMENTA TAMBIÉN SIN FACEBOOK: