#Puebla: El Congreso local excluye iniciativas del gobierno del estado a favor de la mujer

Publicado el Diciembre 26, 2011, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Mónica Camacho/ La Jornada de Oriente/ 26 diciembre 2011/.

* En el primer año de la LVIII Legislatura, el Congreso local hizo a un lado las dos iniciativas del gobierno estatal que ponían en el centro de la discusión el fortalecimiento y la defensa de los derechos de las mujeres, con la tipificación del feminicidio y la eliminación de la sanción de cárcel a quienes se practique un aborto de manera voluntaria.

Sin embargo, no ha sido el único desaire del Poder Legislativo en el tema, pues los coordinadores de las bancadas del Partido Acción Nacional, PRD, Panal, PT y Movimiento Ciudadano (MC) se ausentaron de un acto público, en el que líderes feministas del estado entregaron un proyecto legislativo que también busca combatir el homicidio de mujeres que se comete por razón de género.

Las iniciativas del gobernador y de la sociedad están en la congeladora y aún no existe fecha para su análisis, pese a que organizaciones civiles y partidos políticos de izquierda han convocado su discusión para corregirlos y aprobarlos.

El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó las iniciativas en el tercer periodo ordinario de sesiones, que concluyó el 15 de diciembre pasado, y proponen modificaciones al Código de Defensa Social y al Código de Procedimientos en materia de defensa social.

Polémica inservible

La reforma para eliminar la sanción de cárcel a las mujeres que suspenden un embarazo se presentó el 3 de noviembre pasado y despertó inconformidad entre los grupos que defienden los derechos de la mujer, debido a que cambió la pena corporal por un tratamiento médico integral que considera atención psicológica obligatoria.

El Colectivo Mujeres por la Democracia fue una de las organizaciones que se pronunció a favor de corregir la iniciativa. En voz de Catalina Pérez Osorio, la agrupación demandó a los legisladores abrir una consulta ciudadana, al considerar que la reforma pretende tratar a las mujeres que abortan como “desquiciadas”.

En tanto, el Comité Directivo Estatal del PAN se dijo abierto a la discusión del proyecto, siempre y cuando se impusiera una sanción económica de hasta 5 mil salarios mínimos, que es equivalente a 280 mil 750 pesos.

Tras la polémica, los legisladores hicieron el tema a un lado.

El 1 de diciembre pasado, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), José Juan Espinosa Torres, manifestó en tribuna del Congreso del estado la “urgente necesidad” de iniciar la discusión de esa iniciativa.

“Tan sólo por mencionar unos datos, al año un promedio de cinco mujeres poblanas mueren a consecuencia de un aborto, refieren estadísticas de la Secretaría de Salud federal, que además ubican a Puebla como el quinto estado del país con mayor cantidad de fallecimientos por legrados inducidos al acumular 7 por ciento de los casos ocurridos entre 1990 y 2010”, alertó.

Un reporte de la Ssa, ahondó en el tema, refiere que en Puebla se registraron 30 muertes maternas ocasionadas por abortos en siete años, de los cuales ocho ocurrieron en 2002, cinco en 2003, cuatro en 2004, seis en 2005, dos en 2006, cinco en 2007 y nueve en 2008.

Asimismo, un estudio efectuado por el Guttmacher Institute refiere que en la región centro de la República Mexicana, compuesta por los estados de Campeche, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Yucatán y Zacatecas, en 2006 se practicaron 304 mil 133 abortos inducidos, es decir, más de 19 mil por estado, detalló.

En entrevista, el legislador aseguró que se produce la muerte de una mujer cada seis minutos por un aborto ilegal, además de que en el mundo se realizan anualmente 46 millones de abortos, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional Médicos sin Fronteras.

“Lo que debemos hacer es promover circunstancias para evitar embarazos no deseados”, apuntó Espinosa Torres, al tiempo de afirmar que el análisis del tema no se puede postergar por más tiempo y fundamentó su postura en los resultados de una investigación que realizó el Colegio de Posgraduados de Puebla, la cual se publicó en el Boletín Mexicano de Derecho que edita la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La publicación cita que 38.3 por ciento de las mujeres poblanas consideraba que el aborto debería legalizarse, 12.8 por ciento sólo bajo algunas circunstancias, pero 42.6 por ciento de las mujeres consideraba que esta práctica no debería ser legalizada, a pesar de que ellas mismas se habían sometido a un aborto, expuso.

“Respaldamos la iniciativa planteada por el gobernador al eliminar la pena corpórea en este tipo penal; sin embargo, mantenemos nuestra reserva de sancionarlo con un tratamiento médico integral, pues ninguna persona puede intervenir sobre la decisión propia de una mujer”.

Desprecio

La reforma para tipificar el feminicidio la presentó el gobierno del estado el 18 de octubre pasado y establece sanciones de 50 a 70 años de prisión a la persona que cometa ese delito.

La iniciativa determina que comete feminicidio “el que priva de la vida a una mujer, en circunstancias que registren violencia de género, abuso de poder, celotipia, acto misógino, discriminación o situación androcéntrica”.

El proyecto se turnó para su análisis, estudio y dictaminación a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, la cual no ha abordado el tema hasta el momento.

Uno de los diputados que defendió la iniciativa fue Julio Lorenzini Rangel, del Partido Nueva Alianza (Panal), quien refirió que a nivel nacional se registraron mil 728 homicidios de mujeres en menos de dos años, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La Secretaría General de Gobierno presentó la reforma para tipificar el feminicidio pocos días después de que líderes de mujeres, encabezadas por la ex senadora priista Lucero Saldaña Pérez, entregaron al Congreso una propuesta que tiene los mismos fines.

Sin embargo, la mayoría de las fuerzas políticas se ausentaron del acto que se llevó a cabo en el Poder Legislativo el 13 de octubre.

El líder de la fracción priista, José Luis Márquez Martínez, arribó al encuentro con un retraso de 40 minutos, pese a que la principal promotora del proyecto fue la Lucero Saldaña, actual secretaria general de ese partido.

El desaire provocó la ira de Carolina O’Farrill Tapia, ex diputada local de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), quien fustigó la ausencia de los representantes populares al considerarlo una muestra de desdén hacia un problema social que se encuentra a la alza en todo el país, incluido Puebla.

“De verdad da coraje que no estén aquí los representantes de los partidos para un tema tan importante como éste ¿qué las mujeres no tenemos toda la fuerza suficiente para que nos escuchen?”, cuestionó molesta la ex legisladora, durante el acto que se realizó en el palacio legislativo.

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