Comunicado de prensa: Caso tortura Ananías Laparra en Chiapas

Publicado el Enero 31, 2012, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.


chiapastortura.blogspot.com / 30 enero 2012/

► Organismo internacional requiere al gobierno mexicano que adopte medidas urgentes para proteger la salud e integridad personal de Ananías Laparra Martínez

Indiferencia del gobierno de Chiapas, permite que anciano de sesenta y tres años de edad siendo inocente y estando enfermo continúe injustamente preso desde hace más de doce años en el CERSS 3 de Tapachula, Chiapas

Caso recibe apoyo de instituciones académicas y legales de EEUU y México.

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional con sede en Washington DC, solicitó al gobierno mexicano la adopción de medidas urgentes de protección para el señor Ananías Laparra Martínez, de sesenta y tres años de edad, quien se encuentra recluido injustamente desde hace más de 12 años en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3) por un delito que no cometió.

● Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional informó a los representantes del señor Laparra y su familia, el abogado mexicano Ricardo Lagunes Gasca y los abogados Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, EEUU, que se ha acreditado la existencia de una situación de gravedad y urgencia que, de no ser atendida por el Estado, causará daños irreparables a los derechos humanos del señor Ananías Laparra Martínez. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también ha afirmado su apoyo en este caso.

Los graves padecimientos que sufre el señor Laparra Martínez y el constante deterioro de su estado de salud son el resultado directo de la tortura inferida durante su detención ministerial y de las deficientes condiciones carcelarias en las que se encuentra en el CERSS 3, incluyendo la falta de atención medica adecuada. Familiares del señor Laparra Martínez y sus representantes legales han solicitado insistentemente al gobernador del Estado de Chiapas y a otras dependencias estatales, la liberación inmediata del señor Ananías como medida eficaz para evitar un daño de imposible reparación.

En julio de 2011, el gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ante la preocupación nacional e internacional que adquirió este caso, se comprometió frente a la representación de la CIDH en su visita a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a la atención diligente del mismo, así como a gestionar la libertad del señor Laparra Martínez. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han sido indiferentes al dolor que padece la familia y a sus reclamos de justicia.

La privación ilegal y arbitraria de la libertad, así como la tortura del señor Ananías Laparra Martínez y su familia, comenzaron a ocurrir el 14 de octubre de 1999, por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. La familia fue torturada por personal de la policía judicial con la orden, aquiescencia y participación de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de dicho Estado. Los dos hijos menores del señor Ananías Laparra–José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años—así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculparon al señor Ananías de haber privado de la vida de una persona de la zona. Además de torturar a sus dos niños y a su esposa, el señor Laparra también fue torturado y forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, después de que los agentes torturaran a uno de sus hijos delante de él.

Únicamente con estos elementos de prueba ilícitamente obtenidos ante el Ministerio Público, con base en el principio de inmediatez procesal, ignorando las constantes denuncias de tortura realizadas desde la primera oportunidad que se tuvo ante las autoridades judiciales y violando los derechos humanos de la familia Laparra, el 31 de enero de 2002 el Juez Primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tapachula, sin realizar investigación alguna sobre la tortura denunciada, condenó al señor Laparra a una pena de prisión de 28 años, 7 meses y 15 días.

La tortura es un acto considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario como un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, mismo que debe ser erradicado por todos los medios disponibles dentro de las prácticas de investigación criminales. En caso de comisión, debe ser investigado y sancionado de manera pronta y eficaz por las autoridades competentes, y las declaraciones obtenidas bajo tortura deben ser consideradas pruebas ilícitas y declaradas nulas. De lo contrario como sucede en México, el uso de la tortura se convierte en una situación crónica y la indiferencia estatal fomenta la impunidad.

La familia Laparra, sus representantes y las organizaciones que apoyan este caso urgen al Estado mexicano a implementar de manera urgente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana y a liberar de forma inmediata al señor Ananías Laparra Martínez para evitar un daño de imposible reparación. Asimismo, instan al Estado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y las violaciones denunciadas, que tienda a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

Para más información contactar:

Abogado representante en México:

Ricardo Lagunes Gasca
ricardolagunes@gmail.com

Abogados representantes en Estados Unidos:

Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza
antkowit@seattleu.edu

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