Aprueba IFE ‘blindaje electoral’

Publicado el Febrero 9, 2012, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Con la advertencia de que ni el gobierno federal debe entrometerse en las actividades de los partidos políticos ni el IFE realizar trabajos de ministerio público, el Consejo general del IFE aprobó el blindaje electoral, ahora llamado “Acuerdo para Colaborar a Fortalecer las Condiciones de Legalidad, Transparencia, Rendición de Cuentas y Control Interno de los Partidos Políticos para el Proceso Electoral Federal 2011-2012”.

► El IFE desechó las propuestas panistas en el sentido de que los candidatos a puestos de elección popular sean sujetos al polígrafo y exámenes toxicológicos.

Noticias MVS/ Francisco Rubio/ 08 febrero 2012/

■ Aun y cuando en el acuerdo se retomaron las propuestas del PRI, PAN, así como los consejeros presidente, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova Vianello e inclusive, el presentado de último momento por Andrés Manuel López Obrador, a través del representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez, los representantes del blanquiazul, buscaron que se incorporara su premisa referente a que los candidatos a puestos de elección popular se sujeten a pruebas toxicológicas y del polígrafo.

Al respecto Agustín Castilla, consejero del poder legislativo del PAN ante el IFE dijo que “Siendo muy claros en el sentido de que no pretendemos que estas pruebas o controles de confianza constituyan requisitos de legibilidad o que sea una causal de pérdida de registro, nada por el estilo, no estamos pretendiendo legislar a través de una propuesta de acuerdo. Pero sí estamos buscando mecanismos, acciones afirmativas que nos permitan generar un mejor contexto para que contemos con candidatos que previamente han sido evaluados, para que la opinión pública tenga mayores elementos de información y se pueda formar un criterio”.

En la discusión de más de alrededor de dos horas y media, el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, no sólo se pronunció en contra de la propuesta panista, sino que incluso, presentó su sugerencia.

“Y lo que aquí se ha dicho es un tema absolutamente sensato, es un tema de atribuciones y de competencias, qué le toca a la autoridad administrativa, más allá de los afanes ministeriales de la derecha. Yo les sugeriría a mis amigos del PAN, instalen el polígrafo en su patio, hombre, y pásenlos a la báscula”.

La consejera María Marván Laborde, también manifestó su rechazo a que el IFE aplicara lo que sin “duda serian medidas extralegales”.

“Considero así mismo que los mecanismos o controles de confianza son sin lugar a dudas medidas extralegales que no podría tomar este Consejo, solo corresponde a los partidos evaluar a sus propios candidatos en cualquier ámbito posible y dimensión que se pueda evaluar una persona”.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, también ratificó su rechazo a que el órgano electoral asuma en esta jornada comicial un rol de ministerio público.

“Ni el gobierno federal debe revisar los gastos de campaña de los partidos políticos ni el IFE debe asumir roles de Ministerio Público. Colaboración institucional no significa traslape de responsabilidades”.

En la propuesta de blindaje electoral, del consejero Lorenzo Córdova Vianello, se contemplaba que partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, evitaran “utilizar en la propaganda electoral elementos que hagan apología de la violencia que provoquen o inciten al odio o animadversión en contra de las instituciones o en contra de un partido político y/o algún candidato o candidata”.

Al respecto, luego de acusarlos de pretender legislar desde la mesa del Consejo General del IFE, el consejero del poder legislativo del PRD ante el órgano, Pablo Gómez, los llamó a no incurrir en ningún delito.

“Ustedes saben que la apología del delito es un delito; entonces ya hay un Código Penal, ¿no? En la apología de la violencia en cierta circunstancia la apología de la violencia podría ser específicamente la apología de un hecho violento y, por lo tanto, de un ilícito. “Que provoquen o inciten al odio o animadversión en contra de las instituciones o en contra de un partido político y/o algún candidato o candidata”. Nos vamos a pasar aquí la vida entera discutiendo qué elemento de propaganda incita o provoca odio. Va estar muy difícil esto; pero, peor, animadversión. Permítanme, yo me he pasado la vida promoviendo la animadversión contra los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN, que siempre me han parecido antipáticos y dignos de la mayor animadversión”.

En su momento, José Guillermo Bustamante, representante del PAN ante el IFE, defendió otra de las propuestas de su partido, en el sentido de que “la revisión integral del origen y destino de los recursos utilizados en un número representativo de mítines” de los partidos políticos.

“Y también nos parece que hay una omisión importante respecto al documento, que es incluir en las auditorías aleatorias que realiza la Unidad de Fiscalización del Instituto a los partidos y sus candidatos durante el periodo de campaña en los distritos y estados, cuestiones como las siguientes. La revisión integral del origen y destino de los recursos utilizados en un número representativo de mítines, porque finalmente en el mitin, en la campaña utilitaria y en este tipo de acciones es donde se utiliza en buena parte el dinero en efectivo, que es una cuestión que el Partido Acción Nacional ha denunciado reiteradamente. No hay un control adecuado sobre el manejo y la utilización en las campañas del dinero en efectivo, y tenemos que ir a medidas que precisamente controlen ese tema”.

Al ver que no variaban la postura los representantes del PAN, Camerino Eleazar Márquez, los acusó de tener ya “una ruta trazada”, la cual es la utilizar “las dependencias como la Procuraduría General de la República”, en este proceso comicial.

“Queda muy claro, con el posicionamiento del Partido Acción Nacional, que ellos tienen toda una intención y una ruta trazada para utilizar ciertos temas de políticas públicas en materia de seguridad pública y que han instrumentalizado algunas instituciones. En el caso del “michoacanazo”, que es muy conocido, finalmente se les revirtió; el caso de Greg Sánchez son ejemplos de cómo han estado utilizando las dependencias como la Procuraduría General de la República. Evidentemente que nosotros no estamos de acuerdo en que vayamos construyendo un estado policíaco. Sí estamos por un Estado democrático y de Derecho”.

A este reclamo, también se sumó el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada.

“Lo digo con toda responsabilidad y lo digo con toda preocupación porque más allá de lo que mis compañeros del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista o de Nueva Alianza han afirmado, me preocupa mucho que el partido del gobierno pretenda descalificar como incompleto el documento que hoy se nos presenta. Me preocupa no porque se pretenda coartar la libertad de expresión de un partido político o una posición específica, me parece que es oes muy sensato. No. Me preocupa porque son el partido del gobierno, eso es lo que me preocupa porque el CISEN, porque la Secretaría de Gobernación, porque la Procuraduría General de la República pareciera estarse alineando más con una estrategia parcial que con una estrategia del Estado mexicano. He dicho aquí sin ningún empacho que el titular del Ejecutivo Federal pareciera que en ocasiones renuncia a ser el Jefe del Estado mexicano y pretende ser el jefe del PAN”.

Ante las acusaciones de panistas, perredistas y priistas, el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, puso sobre la mesa del Consejo General, las reglas del juego electoral.

“El acuerdo que tienen en sus manos no debe propiciar confusión ni interpretaciones ligeras. Nuestras leyes delimitan los ámbitos de responsabilidad de cada institución. De ahí que tanto el presente acuerdo como el convenio celebrado con la Secretaría de Gobernación se han instrumentos de coordinación y cooperación y no de sustitución ni intercambio de responsabilidades”.

En el acuerdo de “blindaje electoral”, se establece que los actores políticos deberán “abstenerse de difundir propaganda a favor de la guerra y toda la apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia, o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma y origen nacional”.

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