La base del juicio de inconformidad de López Obrador

Publicado el Julio 13, 2012, Bajo Política, Autor MonaLisa.

El equipo del candidato dijo que el PRI violó de seis formas diferentes la Constitución, por lo que pidió invalidar los comicios:
CNNMéxico) — Por Tania L. Montalvo / 13 julio 2012

1.- Violaciones al artículo 41 de la Constitución, se violaron los principios de equidad, libertad y autenticidad.
2.- Rebase de tope de gasto de campaña
3.- Compra y coacción del voto
4.- Estructuras paralelas ilícitas de financiamiento
5.- Manipulación de las encuestas
6.- Adquisición indebida de tiempo de radio y televisión

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1.- Violaciones al artículo 41 de la Constitución

Con un juicio de inconformidad, conformado por seis quejas que buscan servir como base para probar presuntas violaciones al artículo 41 constitucional, el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, inició la noche de este jueves el proceso para invalidar los comicios presidenciales del pasado 1 de julio.

“En elecciones libres, la mayoría de los ciudadanos no hubiesen votado por (Enrique) Peña Nieto”, dijo el abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, horas antes de entregar el recurso ante autoridades electorales.

El equipo jurídico del candidato, a cargo de su coordinador de campaña, Ricardo Monreal y de Jaime Cárdenas, representante del Movimiento Progresista ante el Instituto Federal Electoral (IFE), detalló que con este juicio se busca probar que se violaron los principios de equidad, libertad y autenticidad en los comicios y así, por primera vez en la historia moderna del país, lograr la invalidez de la jornada y que se llame a una elección presidencial extraordinaria.

2.- Rebase de tope de gasto de campaña

Según el equipo de López Obrador, se violó el artículo 41 constitucional, que establece que los comicios deben ser libres y auténticos, porque “se rebasaron significativamente los topes de campaña autorizados por el Instituto Federal Electoral”.

El Movimiento Progresista dijo este jueves que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) invirtió en la campaña de su candidato, Enrique Peña Nieto, 4,599.9 millones de pesos, cuando el tope de gasto era de 336 millones, es decir, lo superó por más del 1,000%.

“Esta violación a la Constitución es lo suficientemente grave para que se invalide el proceso electoral y se convoquen nuevas elecciones, porque este rebase significa que se violentó el principio de equidad y el principio de elecciones libres y auténticas”, dijo Cárdenas.

Entre los presuntos gastos excesivos presentados están: publicidad en bardas y espectaculares, tiempos pagados en radio y televisión, eventos multitudinarios como el cierre de campaña en el Distrito Federal, en donde se utilizó el Estado Azteca; y el uso de aviones privados y helicópteros para el traslado del candidato priista.

En ese último rubro, también dijeron que el monto máximo permitido por la ley para aportaciones privadas “fue violentado”.

“El tope máximo de una aportación privada era de 33 millones de pesos. En los comodatos, en los préstamos de aviones privados y helicópteros, que utilizó Peña Nieto durante sus giras, se violenta el tope de aportación privada, es una violación constitucional muy importante”, aseguró Cárdenas.

3.- Compra y coacción del voto

Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves en conferencia de prensa que la presunta compra de votos ocurrió en todo el país, pero “fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural”.

El candidato explicó que en el juicio que planteará se detalla que en las zonas rurales se registró el mayor nivel de participación ciudadana, lo que se contradice con lo ocurrido en otras elecciones presidenciales.

“En las casillas no urbanas, que son el 35% del total, Peña me gana, entre comillas, con 2 millones 801,042 votos, lo que representa el 85% de su supuesta ventaja a nivel nacional”.

El Movimiento Progresista dijo que al menos cinco millones de votos se compraron por operadores priistas para el candidato Enrique Peña Nieto, lo que “atenta contra la libertad y autenticidad del proceso electoral y contra el principio de legalidad y de certeza de todo proceso electoral”.

“El sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto”, dijo López Obrador.

La presunta compra de votos está directamente vinculada con el caso de los monederos electrónicos Monex y el supuesto reparto de tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana, mismas que, según denuncian los partidos de izquierda, se entregaron a cambio del voto por el PRI.

Ricardo Monreal presentó un compilado certificado ante notario público, con testimonios de personas que supuestamente recibieron monederos electrónicos a cambio de votar por el PRI, mismo que es parte integral de las pruebas del juicio de inconformidad.

4.- Estructuras paralelas ilícitas de financiamiento

El equipo jurídico argumentará ante las autoridades electorales que el reparto de monederos electrónicos Monex y de tarjetas Soriana, así como las presuntas aportaciones “indebidas” de gobernadores a la campaña de Peña Nieto, “constituyeron estructuras paralelas de financiamiento” a las establecidas por la ley.

“De acuerdo a la constitución y a la ley, el financiamiento de los candidatos solamente puede realizarse a través de los partidos políticos y ese financiamiento debe reportarse íntegramente a la autoridad electoral”, dijo Jaime Cárdenas.

Los recursos que se pudo haber invertido en los monederos y tarjetas de descuento, “no pasaron por el reporte a la autoridades electoral y por lo tanto, son estructuras paralelas de financiamiento”, aseguró.

Además, se integró un expediente de las entidades de Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Yucatán y Estado de México, que “utilizaron presupuesto público para financiar la campaña”, lo que implica una estructura paralela de financiamiento.

Finalmente, en el juicio de inconformidad se presentarán pruebas de “aportaciones de recursos desde el extranjero” que atentan contra el artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

Según el recurso legal del Movimiento Progresista, estas fuentes de financiamiento “son prueba de la violación al principio de libertad y autenticidad del proceso electoral, porque (fueron usadas para que el) voto fuera comprado, inhibido, coaccionado”.

5.- Manipulación de las encuestas

La presunta manipulación de las encuestas de intención de voto, que al comenzar la contienda electoral, el 30 de marzo pasado, daban una ventaja a Peña Nieto sobre López Obrador hasta por 25 puntos, implicó que se violara el derecho a información veraz para los votantes, según el equipo del candidato de izquierda.

“Se utilizaron para confundir a la opinión pública y para inducir al voto. No se pudieron justificar las diferencias (entre Peña Nieto y López Obrador). Ninguna de estas encuestas que fueron difundidas ampliamente por los medios de comunicación en este país resultó acertada”, dijo Jaime Cárdenas.

La diferencia entre los dos candidatos fue, según el conteo final del Instituto Federal Electoral, de seis puntos porcentuales, pero al finalizar la campaña, todas las encuestas marcaban al menos diez puntos de ventaja para el priista.

Según el equipo, “las encuestas se usaron con fines propagandísticos, con fines electorales”.

Además, López Obrador denunció que estos estudios fueron pagados por los mismos priistas, que entregaron “millones de pesos en encuestas hechas a modo”.

6.- Adquisición indebida de tiempo de radio y televisión

Según el juicio de inconformidad, los medios de comunicación “le dieron la vuelta” a la prohibición constitucional sobre la compra de espacios en radio y televisión para partidos políticos y particulares, transmitiendo las “encuestas manipuladas como propaganda electoral”, es decir, como spots.

Sin presentar casos específicos ni más detalles, el equipo jurídico de López Obrador dijo que “esta difusión constituye una forma de evadir el principio constitucional que prohíbe hacer uso o adquirir tiempos en radios y televisión para transmitir propaganda electoral”.

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