¿Nos darán atole con el dedo?

Publicado el Septiembre 15, 2012, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

La Comisión Anticorrupción de Peña Nieto.

Rafael Cabrera / Emeequis -13 septiembre 2012

Aún no se instala formalmente en Los Pinos, pero el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, parece querer mover sus fichas con rapidez; ya anunció que enviará tres iniciativas de ley que buscan cubrir sus flancos más vulnerables en el ejercicio de su gobierno en el Estado de México y en la campaña; una de ellas tiene que ver con medidas para atacar la corrupción en el país; los augurios, de entrada, no son buenos; se trata de un ardid efectista, juzgan los conocedores y políticos de oposición.

La Comisión Anticorrupción de Peña Nieto.

Otra vez.

Como si no hubieran pasado 12 años.
La promesa de atacar la corrupción en México está de regreso.

En el año 2000 esa fue en particular una de las banderas y arietes propagandísticos del PAN y Vicente Fox para sacar al PRI y a sus tepocatas, víboras prietas y alimañas de Los Pinos.

Y ahora, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, la oferta es exactamente la misma: acabar, ahora sí, con las mordidas y los entres y castigar a todos los funcionarios corruptos, de cualquier nivel, sin excepciones.

El presidente electo Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano han apostado a ese tema como uno de los tres con los que piensa recuperar terreno y simpatías entre los mexicanos.

Por eso, Peña Nieto ya anunció que presentará en breve una iniciativa de ley para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, a pesar de que en el Senado ya existe una reforma constitucional para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, aprobada por unanimidad desde marzo de este año, que actualmente duerme en la Cámara de Diputados.

Aunque la nueva iniciativa aún no se hace pública, Emilio Lozoya Austin, integrante del equipo de transición del PRI y responsable de la elaboración de la propuesta, ha adelantado que por principio de cuentas se planea desaparecer la Secretaría de la Función Pública para ser sustituida por la comisión.

“Esta comisión tiene que estar dotada de las facultades necesarias para enfrentar este cáncer.
La intención es combatir a la corrupción de raíz y tienes que tener un sistema de contrapesos”, aseguró Lozoya Austin hace unos días a la agencia Reuters.

Apenas en unas cuantas líneas estableció su característica principal, lo que en los hechos la hace parecer como una instancia “descafeinada” desde antes de nacer: la Comisión no tendrá funciones de investigación, pues apenas presionará y exhortará a “las autoridades competentes a investigar y castigar”.

Y aunque se conocen apenas las líneas generales del proyecto final, los especialistas en el tema le dan poco crédito aun desde ahora.

“Sin importar qué tipo de organismo se cree, su fracaso está escrito”, apuesta Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los especialistas más reconocidos en esta área.

“Se tratará, dice, de una simulación para atacar la corrupción y no se hará nada de fondo por prevenirla, ya que jugará con las mismas reglas legales y administrativas que no han dado frutos hasta ahora”.

Tal y como ha ocurrido con la Secretaría de la Función Pública, cuyos antecedentes radican en el gobierno de la “renovación moral” del priista Miguel de la Madrid.

“Las propuestas que están haciendo se encuentran diseñadas sólo para aparentar que se combate”, advierte Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y ex consejero del IFE.

El escepticismo no sólo es del académico.
Eduardo Bohorquez, presidente de Transparencia Mexicana, una organización internacional dedicada a monitorear el nivel de corrupción en decenas de países, lo acompaña.

Bohorquez piensa que un organismo anticorrupción sólo funcionará si es parte de una política de Estado que busque prevenir esta conducta: “El problema es que no hay una agenda nacional sobre el tema; está la del gobierno federal, las de las 32 entidades y, luego, vienen las de los municipios.
Cada uno busca combatir la corrupción de diferente modo”.

Así que las apuestas de los especialistas no dejan espacio al optimismo: se va tratar de dar, una vez más, “atole con el dedo”.

VENTARRONES DE ‘CAMBIO’

Eran los tiempos del “cambio”.
Así lo creyeron 15 millones 989 mil votantes.

Habían pasado cuatro meses después de que el PRI había sido derrotado por primera vez en una elección presidencial, cuando el panista y ganador Vicente Fox anunció lo que parecía el primer paso para concretar sus promesas de campaña.

El 7 de noviembre del año 2000, unas semanas antes de asumir el poder, el exgobernador de Guanajuato anunció una “gran cruzada” para limpiar la casa y atacar cualquier acto ilegal: “Vamos a asegurarnos de realizar este ataque a fondo a la corrupción y seguramente en el camino, en estos 100 días, pescaremos a algunos tiburones, a algunos peces gordos, si es que se descuidaron, si es que hicieron acciones corruptas”.

Fox lo había dicho, en su estilo ranchero, durante la campaña presidencial: sacarían de Los Pinos a las tepocatas, víboras prietas y alacranes.
Limpiarían la corrupción que había acumulado el PRI durante 70 años de gobierno.

Algo similar ocurrió seis después con las promesas de campaña del presidente Felipe Calderón.
“Manos limpias” fue su lema.
Uno de sus primeros pasos fue presentar su declaración patrimonial ante el IFE renunciando al secreto bancario.

Y el 2 de junio de 2006, justo un mes antes de su polémico triunfo ante Andrés Manuel López Obrador, aseguró: “Estoy absolutamente tranquilo, tengo la ventaja de tener las manos limpias y de no tener cola que me pisen, y por eso estoy muy tranquilo”.

Pero 12 años después, el panorama es muy distinto al prometido por las administraciones panistas.
Tan distinto que en septiembre de 2011 un senador del PAN, el coahuilense Ricardo García Cervantes, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción.

Se trata de una adición al artículo 102 de la Constitución para crear la Fiscalía, órgano autónomo, con presupuesto propio, cuyo titular será elegido por el Senado para ocupar el cargo durante ocho años, con la posibilidad de repetir la encomienda por una ocasión más.
El punto más importante de la reforma es que la Fiscalía podrá investigar a “cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos”.

Además, a la Fiscalía le corresponderá la “persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, será de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional”.

Le corresponderá “solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar pruebas, investigar, perseguir y llevar a juicio a los responsables”.

A la par, esa Fiscalía deberá crear un Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos de todos los niveles y poderes, y al que tendrá acceso sin límite el titular y personal investigador del organismo.

La iniciativa fue aprobada el pasado 13 de marzo por el pleno del Senado.
Logró consenso unánime: 98 votos en favor de todos los partidos.
Ni un voto en contra ni una abstención.

Y su aprobación fue un acuerdo entre los líderes de todas las fracciones parlamentarias, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, del PRI, quien ahora coordina a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, a dónde posteriormente fue turnada la iniciativa.

Sin embargo, fue el propio Beltrones quien anunció hace un mes que el equipo de Peña Nieto trabajaba tres iniciativas para enviarlas a la Cámara de Diputados: una reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), una más para regular la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación y, por último, una propuesta para crear una Comisión Anticorrupción.

Hasta ahora, ninguna de las tres se ha hecho pública a pesar de que se aseguró que serían presentadas en los primeros días del arranque del primer período ordinario de la Cámara.

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