#LA REFORMA LABORAL Y LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Publicado el Octubre 11, 2012, Bajo Columna de opinión, Autor Nonoy.

Por Mónica Ríos Tarín.* Artículo de la Revista ¡Es cuanto! publicada en RNR el dia 10-10-2012.

Con la firma de la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (la Convención), experimentamos un viraje en nuestra perspectiva y dejamos de considerar a los niños y a las niñas como seres incapaces, imposibilitados para opinar y con nulos o restringidos derechos. Dicho instrumento reconoce, en términos generales, a niñas y niños como sujetos de derechos y resguarda legalmente las cuatro esferas de sus necesidades: supervivencia, desarrollo, participación y protección. Cada una de las cuales implica la procuración de ciertos aspectos: SUPERVIVENCIA engloba el derecho a la vida y a tener cubiertas las necesidades fundamentales como alimentación, casa, vestido; DESARROLLO quiere decir derecho a la identidad, educación, al juego, a la información, a la libertad de pensamiento y al esparcimiento; PARTICIPACIÓN significa un papel activo de la niñez que se traduce en libertad de expresión y de asociación; cuando hablamos de PROTECCIÓN, que es el tema que hoy nos ocupa, nos referimos a la protección contra el maltrato, contra el abandono, la explotación laboral o sexual.

Una forma de protección contra el maltrato, el abandono, la explotación laboral o sexual es haciendo efectiva la protección del derecho a vivir en familia.
El derecho a vivir en familia es el reconocimiento que los gobiernos realizan, a través de su orden jurídico y de los instrumentos internacionales, en favor de la niñez en el sentido de asegurarle y otorgarle la garantía de que tomarán las medidas necesarias para procurar su permanencia, o promoverán su inserción o reinserción en un núcleo o ambiente familiar, que les permita la protección de las esferas básicas de su desarrollo.

La Convención señala en su Preámbulo que la familia es el grupo fundamental de la sociedad, el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, y que debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Asimismo, indica que el desarrollo pleno y armonioso de la personalidad implica el crecimiento al seno de una familia en un ambiente de felicidad, comprensión y amor.
No obstante lo anterior, la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país es que no les es suficiente vivir al seno de una familia para tener un ambiente de felicidad, comprensión y amor, en virtud de que las familias no han recibido por parte del Estado y de la sociedad la protección y asistencia necesaria para asumir esa responsabilidad, como lo mandata la Convención. Consecuencia de ello es que se ven obligados a realizar un trabajo para ganar el propio sustento o el de sus familias; se les niega la oportunidad de ser niños, a una edad en la que su preocupación debiera ser la escuela y el juego.

La vulneración de este derecho fundamental a la protección contra la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes por parte del Estado Mexicano ha sido una preocupación para organismos nacionales e internacionales.

Un dato muy claro en este sentido, lo podemos ver, por ejemplo, en las observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto al tercer informe de México sobre Niñez, específicamente en los puntos 62 y 63:

62. Al tomar nota de las actividades emprendidas por el Estado Parte para reducir el trabajo infantil y de la reducción del número de niños que trabajan en el país, el Comité expresa su preocupación por el trabajo infantil generalizado, en particular entre los niños indígenas, y por la insuficiencia de las políticas basadas en los derechos para proteger los derechos de los niños y adolescentes que trabajan. Al Comité le preocupa en particular el gran número de niños que realizan trabajos domésticos y que son vulnerables a los abusos.

63. El Comité exhorta al Estado Parte a que intensifique sus medidas de lucha contra el trabajo infantil. Recomienda que el Estado Parte:
a) Elabore, de manera participatoria, una estrategia y un plan de acción para reducir el trabajo infantil y salvaguardar los derechos de los niños que trabajan;
b) Fortalezca la Inspección del Trabajo a fin de asegurar la aplicación eficaz de las leyes relativas al trabajo infantil, en particular la prohibición del empleo de niños que no han alcanzado la edad mínima para trabajar;
c) Ratifique el Convenio de la OIT No 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973);
d) Solicite la asistencia de la OIT/IPEC a este respecto.

El Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 6 junio 1973 (el Convenio), cuyo objetivo es establecer una edad mínima para que legalmente lo hagan, dispone que las personas menores de 18 años no deben realizar trabajos que vayan en contra de su salud o su moralidad y que la edad mínima para trabajar no debe ser menor a la de terminación de la escuela obligatoria. El primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como derecho fundamental, que la educación obligatoria termina con la educación media superior, por lo que, de ratificar México el Convenio, la edad mínima para que una persona pueda emplearse, deberá ser la edad en que termine la escuela preparatoria o equivalente y quedará prohibido el trabajo de niñas, niños y adolescentes.

El trabajo de niños y niñas a edades más tempranas de lo que debería ser provoca deserción escolar, analfabetismo, presiones que no debieran recibir, enfermedades, mala alimentación, riesgos, maltratos físicos y psicológicos, lo que forzosamente se traduce en un desarrollo inadecuado, y esto a su vez se traduce en condiciones que le reducen en la vida adulta hasta varias veces el ingreso, y esto en pobreza; y la pobreza, por supuesto, es un determinante para que se genere un mercado laboral de niñas y niños. Entre más se explote a los adultos habrá mayor requerimiento de las familias del trabajo de niñas, niños y adolescentes Por supuesto que los niños no eligen libremente abandonar la escuela, ni los padres eligen libremente que sus hijos se incorporen a un trabajo y la abandonen. Hay que romper ese círculo vicioso. Es una cuestión de voluntad política.

En ese orden de ideas, contrario a lo que prevé el Convenio, en la reforma laboral enviada como iniciativa preferente por el Presidente de la República el 31 de agosto de 2012 a la Cámara de Diputados y que se encuentra actualmente para su discusión en la de Senadores, no se establece la edad mínima para trabajar coincidente con la edad de terminación de la educación escolarizada obligatoria. La reforma laboral, exigencia de los organismos financieros internacionales, no sólo deja de considerar el trabajo como un derecho humano, sino que reduce al trabajador a un mero insumo, a una materia prima que le permitirá al empleador abaratar costos y hacer más grande la brecha económica, en un país donde coinciden 50 millones de miserables y el hombre más rico del mundo.

Además de vulnerar al trabajador, y como consecuencia lógica a la familia, de manera tautológica reconoce que será un instrumento de explotación laboral infantil, pues no pone como edad mínima para trabajar la edad en que termine la preparatoria o equivalente 18 años, como lo dicta el interés superior del menor y los derechos humanos, por lo que, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, genera pobreza, y destina a niñas y niños a un futuro fatal de pobreza.

El 28 de mayo de 2010, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social responde, mediante Boletín 88 (que puede ser consultado en el sitio de la internet http://www.stps.gob.mx/saladeprensa/boletines_2010/mayo/b88_stps.htm), al exhorto que hacen diputados federales del PRI al ejecutivo para firmar el Convenio, diciendo que éste contiene disposiciones que son incompatibles con la legislación nacional y que para efectos de poder ratificar este convenio, el Poder Legislativo tendría que llevar a cabo modificaciones legales a fin de armonizar nuestra legislación con el referido convenio internacional. Pregunto: ¿No es acaso éste el momento, precisamente este momento de reforma a la ley laboral y no otro el momento para ello?

También responde la citada Secretaría diciendo que “La secretaría del Trabajo considera que si bien en esta ocasión los diputados del PRI se equivocaron de ventanilla ya que como se señaló anteriormente, corresponde al Senado atender la petición de los señores legisladores…”. Esperemos que el Senado atienda esta petición y no desperdicie la oportunidad de armonizar la legislación con el Convenio y aprobar este tratado internacional, definitorio para la erradicación de la explotación laboral infantil en nuestro país.

La alianza de los empleadores y los gobiernos ha impedido la firma del Convenio. Debemos entender que es necesario incrementar el ingreso familiar mediante el mejoramiento del ingreso y condiciones de los trabajadores adultos para acabar con el trabajo infantil. ¡No se trata de reglamentarlo para que existan mejores condiciones ¡SE TRATA DE PROHIBIRLO Y ERRADICARLO!

Tenemos grandes deudas con las niñas, niños y adolescentes; apremia proveer lo necesario para que el interés superior del niño sea una realidad; y tenemos que hacerlo rápido y de manera efectiva, pues es urgente que no haya más niños y niñas sufriendo toda clase de abusos, ¡ESO DEBE DOLERNOS Y AVERGONZARNOS!

*La autora es Maestra en Derecho por la UNAM.

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