El plazo para interponer la querella contra la Reforma Laboral Vence el 30/Dic/ 2012

Publicado el Diciembre 28, 2012, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.

* DEMANDAN A CNDH POR OMISIÓN: Calla en Violación a Derechos Humanos con la Reforma Laboral

*Abogados Exigen a Titulares de Derechos Humanos Recurso de Inconstitucionalidad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue demandada ante el Juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa por omitir su obligación de interponer una controversia de inconstitucionalidad, contra la reforma laboral que entró en vigor el pasado primero de diciembre del 2012, porque violenta los derechos humanos constitucionales de los trabajadores mexicanos.

Por Antonio Peregrino Rojo / Colaborador de Frecuencia Laboral

Manuel Fuentes, miembro de la Asociación Nacional de Abogados informó que 60 abogados especializados en derechos humanos laborales, interpusieron la querella en contra de la CNDH el pasado 19 de diciembre del 2012, porque pasó por alto el artículo 105 constitucional que la obliga a iniciar una controversia de inconstitucionalidad ante cualquier violación a los derechos humanos de los mexicanos.

“Este 30 de diciembre es la fecha límite en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer la controversia de inconstitucionalidad contra la reforma laboral…si no lo hace se habrá agotado el plazo y no habrá ninguna manera de que ninguna instancia facultada para ello lo haga”.

Explicó que el artículo 105 constitucional faculta también a la Cámara de Diputados y de Senadores, así como a la Procuraduría General de la República a interponer controversias de inconstitucionalidad por violación a los derechos humanos constitucionales, pero por su dependencia absoluta al poder ejecutivo es muy remoto que lo hagan.

“La CNDH es un organismo autónomo y por tanto está obligada a llevar a cabo esa acción para atajar a la reforma laboral que violenta los derechos humanos laborales, porque impide que se cumpla el derecho constitucional a un salario digno y un empleo digno. Tiene el propósito de atajar el salario y la integridad laboral de los trabajadores mexicanos”.

El licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en el programa radiofónico Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la noticia, quien participa entre los 60 abogados que demandaron a la CNDH, explicó que en distintas ocasiones le solicitaron a sus titulares que hiciera alguna acción en contra de la violación flagrante a los derechos humanos laborales que se contienen en la reforma laboral que entró en vigor el primero de diciembre del 2012, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

“Como no ha habido respuesta, incluso sus funcionarios han sido omisos en la atención a quienes solicitaron su intervención, se decidió interponer la demanda en su contra por omisión”.

Dijo que no acudieron a reclamar el recurso de inconstitucionalida al poder legislativo, porque en estos momentos los diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, que son la mayoría en el congreso de la unión, mantienen una alianza con el presidente de la República, por el Pacto por México, que firmaron el 02 de diciembre del 2012 y están aprobando todas sus iniciativas aunque violenten los derechos humanos constitucionales.

El abogado Manuel Fuentes confió en que la querella interpuesta contra la CNDH por omisión en su facultad de defender los derechos humanos laborales, tendrá frutos legales.

Explicó que la participación de los abogados en esta querella es absolutamente gratuita y con la única finalidad de que en México se respeten los derechos humanos de los trabajadores.

Dijo que ya entregaron la documentación en la que demuestran que la reforma laboral violenta 30 tratados internacionales en la materia que se firmaron por el gobierno de México, así como el artículo 123 constitucional.

Informó que el Juez 14 de Distrito en Materia Administrativa ya solicitó formalmente a la CNDH una explicación formal de su omisión.

“Hoy el artículo primero de la constitución obliga a los funcionarios públicos a garantizar los derechos humanos”.

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