A un año del #1Dmx / apoya hashtag #YoSiMarchoEl1Dmx

Publicado el Noviembre 29, 2013, Bajo Noticias, Autor RNRTV.

MArchas

A un año de que cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaran a las calles a marchar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la criminalización de la protesta social, Animal Político aborda en la última entrega de este especial, las consecuencias legales de las movilizaciones para los manifestantes.

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Un joven detenido en la protesta del 1 de diciembre del 2012, al momento de su liberación. Foto: Francisco Sandoval
Un año ha pasado desde las protestas callejeras que comenzaron con el rechazo a la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia y se extendieron contra la criminalización de las manifestaciones. En este tiempo 47 personas han sido procesadas y se ha empedrado el camino de la protesta social con el endurecimiento de penas contra quienes se manifiesten y la obstaculización de la defensa jurídica de los detenidos, señalan integrantes de la Liga de Abogados del 1DMx. Este es el recuento de los acusados: 13 jóvenes del 1 de diciembre, ocho el 10 de junio, siete el primero de septiembre y 19 por las manifestaciones del 2 de octubre. De todos ellos 13 siguen su proceso en prisión. Once de ellos, porque si bien se les acusa de un delito no grave -que es ataques a la paz pública-, se les aplicó el agravante de pandillas; y a dos de ellos, fueron considerados por el poder judicial capitalino personas de “peligrosidad social” y, por tanto, negado su derecho a libertad bajo fianza, se trata de Mario González, quien lleva 48 en huelga de hambre dentro del Reclusorio Oriente y Gabriela Hernández, presa en Santa Martha Acatitla. “Las autoridades del Distrito Federal no se esperaban encontrar una resistencia jurídica sólida cuando comenzaron las marchas y detenciones –dice Miguel Méndez, integrante de la Liga de Abogados del 1DMx- Al ver el contrapeso jurídico que significó la Liga, las autoridades reaccionaron dificultando los procesos. Como abogado particular uno de esos casos de ataques a la paz pública se resuelven en un par de días; llevamos un año con los primeros detenidos y aún falta un par de meses para que veamos las primeras sentencias”. Miguel es uno de los integrantes más jóvenes de la Liga que surgió el 1 de diciembre del 2012. Aquella noche, luego del enfrentamiento entre manifestantes y policías federales y capitalinas que dejó más de 100 personas detenidas, las alertas se activaron en las redes sociales y varios abogados comenzaron a llegar a los juzgados a dar acompañamiento, unos contratados por particulares, otros por su voluntad. Esa noche, entre el caos y las presentaciones informales, se pusieron a elaborar una lista de detenidos y se dieron cuenta que había más de 60 personas que no tenían defensa. Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas y con una trayectoria de dos décadas litigando a favor de los presos políticos, convocó a los compañeros para asumir la defensa de los detenidos. Aquella noche 25 levantaron la mano y se nombraron la Liga de Abogados del 1 de Diciembre. “Ahora somos menos, no más de diez los que quedamos y entre todos nos repartimos para sacar la defensa, una parte se dedica al litigio, otros a la atención a los medios, otros a ver reformas en la Asamblea”, dice Miguel. Miguel llegó ese 1 de diciembre motivado por un compromiso. Cuando fue la huelga de la UNAM en el año 2000 él, como estudiante de preparatoria, fue detenido y preso por 3 meses, entonces Juan de Dios Hernández con otros abogados solidarios, lo liberaron junto con otros 997 estudiantes y ahí decidió que sería abogado. Por eso cuando supo de las detenciones masivas se sumó a la defensa voluntaria y gratuita. “La Liga era para ese momento, no pensamos que esto seguiría pasando, que llegaríamos a este punto después de casi un año, con tantos eventos de detenciones. Ya hasta hacemos bromas, cuando sabemos que habrá marcha nos decimos ‘duerman bien porque en tres, cuatro días no tocarás cama”. Abogados acusan obstáculos en defensa Durante la primera manifestación, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, hubo más de 100 detenidos y 14 presos que salieron libres al lograr la reforma al artículo 362 que aligeraba las penas contra los delitos de ataques a la paz pública. A partir de ahí, la respuesta de autoridades capitalinas y legislativas fue poner obstáculos. Hasta el 10 de junio todos los detenidos llegaban a la Agencia 50 del MP y eso permitía a la defensa mejor coordinación. El 1 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública del DF repartió a los detenidos en agencias de Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Magdalena Contreras; además de que comenzó a enviar a granaderos a los juzgados para disuadir manifestaciones de apoyo a los detenidos. A los detenidos del 13 de septiembre, la policía federal los llevó al Cuartel de la Policía Federal donde supuestamente había un MP de base, que en realidad también fue llevado ahí. Ahí, recuerda Juan de Dios Hernández, se impidió el acceso a los abogados de la Liga y se impusieron abogados de oficio. La misma lógica se repitió con detenidos del 2 de octubre, señala Méndez, cuando los detenidos fueron declarados en el reclusorio norte y el acceso a los abogados de la Liga fue negado, permitiendo sólo el ingreso a los defensores de oficio, puestos por la autoridad judicial. Sobre los detenidos el 2 de octubre, cabe señalar que por primera vez en este contexto de manifestaciones el poder judicial utilizó el término “peligrosidad social” para negar la libertad bajo fianza a dos de los procesados, Mario González y Gabriela Hernández, conocida como Luna Flores. Mario González, de 21 años, fue detenido en un microbús cuando se dirigía a la marcha conmemorativa de 1968 y fue acusado de ataques a la paz pública, el 8 de octubre salió bajo fianza con otros de los detenidos, pero ese mismo momento fue reaprendido y calificado de “peligrosidad social” por lo que no ha gozado del derecho a llevar su proceso en libertad. Luna Flores, de 47 años, fue detenida el 29 de octubre cuando acompañó las audiencias de otros compañeros procesados, según su abogado que atestiguó el hecho la detención fue ilegal, sin mostrarle orden de aprehensión y llevándola presa, cuando debía primero ser citada a declarar pues está acusada de delito no grave y no fue encontrada en flagrancia. Los abogados consultados señalan que recurrentemente la SSP capitalina niega a la defensa los videos del circuito de cámaras de la ciudad para presentarlos como pruebas de las detenciones arbitrarias. Además de que los policías que acusan a los detenidos no acuden a los citatorios para ratificar la denuncia, sino hasta el tercer citatorio, lo que extiende unos tres meses el proceso. “La tirada es esa, mantener a la gente en proceso y desgastarnos”, dice Méndez. Recientemente, la Asamblea Capitalina reformó el Código Penal y aumentó hasta en un 50 por ciento la pena para diversos delitos cuando sean cometidos por personas que participen en mítines, manifestaciones, plantones, marchas o eventos deportivos. Así, una persona que agreda a un policía durante un evento de ese tipo podrá tener hasta 12 años de prisión, cuando la sanción era de entre 6 y 8 años; o hasta 16 años de cárcel a quien cometa robo o daños a la propiedad, cuando la sanción era de hasta 10 años. La reforma se aprobó casi por unanimidad, con el respaldo del PRD que negó fuera de una estrategia para criminalizar la protesta social, sino un mecanismo para sancionar a los manifestantes violentos que se infiltran en los movimientos sociales. “Lo grave de esta reforma –dice Juan de Dios Hernández- es que la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta el protocolo de control de multitudes y su impacto en la generación de violencia, porque en las marchas donde no hay policías no hay actos violentos. El protocolo permite a los policías vestidos de civil meterse a las marchas y, si considera que alguien ‘puede cometer’ actos violentos, detenerlo”. ‘Sin organización, vamos a una masacre’: Abogado Ante este panorama de detenciones, violencia y obstáculos en la defensa judicial, los abogados no ve un horizonte sencillo. “Nos están dando puros madrazos, no nos están dejando trabajar, están haciendo lo posible para aterrorizar a la gente e impedir la protesta social”, considera Miguel Méndez. Juan de Dios pone la alerta en la estrategia de las autoridades para quebrar la organización social. Sin ésta organización, el incremento de la violencia es un riesgo latente y, advierte, los resultados puede ser lamentables para todos. “Dice el dicho ‘cuando las puertas de la democracia se cierran, se abren las de la Revolución’. Y contra la represión, queda la organización. Respeto y reivindico todas las formas de lucha, pero me preocupa que sin organización algunos grupos quisieran hacer la insurrección. Es indispensable que haya condiciones de organización para que la protesta social tenga efecto y se logren los fines que se buscan. Hay condiciones materiales para la protesta: el hambre, el desempleo, la represión; pero si no hay condiciones subjetivas, me refiero a la organización, vamos camino a una masacre”, advierte Juan de Dios. El camino empedrado sigue y es largo. A inicios de año esperan tener las primeras sentencias de los detenidos el 1 de diciembre del 2012 y, entonces, paralelo a la liberación de los otros detenidos, comenzar procesos contra el gobierno capitalino por daño moral. Alejandro Lugo, uno de los jóvenes detenidos el 1 de diciembre quien no se amparó contra el auto de formal prisión y lleva abogado particular, tuvo su audiencia de vista el 21 de octubre por lo que espera sentencia el 3 de diciembre. “Si no pasa nada raro, me dan mi sentencia el 3 de diciembre. Independientemente de este plazo la jueza 47 me ha citado en tres ocasiones para entregarme la sentencia, que me dice sería absolutoria, pero siempre un día antes me cambia la cita”, dice. Lugo continúa marchando, para documentar arbitrariedades en las marchas y saldrá a la calles este domingo 1 de diciembre en solidaridad con los otros detenidos y a exigir la responsabilidad de las autoridades que incurrieron en detenciones arbitrarias, señalados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su recomendación. “Nosotros queremos el castigo a las autoridades responsables de las detenciones, de los procesos viciados, queremos que se castigue también a los funcionarios, policías y personas infiltradas- dice Alejandro-. Nos queda clara la política de represión, de desprestigio hacia los movimientos sociales, no sé cuál sea su fin, si desmovilizar, desgastarnos, atemorizarnos. Pero contra esa maquinaria debemos seguir organizados, irónicamente la mayoría de los detenidos el 1 de diciembre no participamos en la marcha o en colectivos, y ahora, estamos en este proceso de organización, resistiendo”. Lugo reivindica la marcha pacífica del próximo domingo y pide a organismos como la CDHDF que acuda a documentar las agresiones de autoridades o grupos infiltrados. “No queremos caer en provocaciones, pero tampoco llegar a la desmovilización a donde nos quiere llevar el gobierno capitalino, así que saldremos a marchar”. Por lo pronto 12 jóvenes –que no se encuentran bajo proceso judicial- ya iniciaron la demanda por daño patrimonial con base en dicha recomendación. Animal Político buscó a las autoridades capitalinas para conocer su postura y a la fecha no tuvo respuesta. También buscó a la Comisión de Derechos Humanos de del Distrito Federal y al cierre de este texto no respondió. FUENTE: Animal Político

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