#ColumnaRNR Por @Krarman: La Deforma política, última aduana para la destrucción de la Nación

Publicado el Diciembre 6, 2013, Bajo Columna de opinión, cultura, Derechos Humanos, Internacional, Nacional, Noticias, Política, Autor @Sociologuito.

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Imagen: El Espíritu de los Cínicos

Radio la Nueva República | Columna RNR
Alejandro Ayala | @Krarman diciembre 5 de 2013

Lo que contiene la minuta en materia política es causa de debate profundo y multidisciplinario: gobierno de coalición, naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno, la creación de la Fiscalía General de la Nación, la nueva relación del Legislativo y el Ejecutivo en lo tocante a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la ratificación de la estrategia nacional de seguridad. Modificaciones sustantivas al concepto y ejercicio de la democracia como: reelección legislativa; reelección de ayuntamientos, así como la paridad de género.

En materia electoral, la transición institucional del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional de Elecciones, el aumento del umbral para mantener el registro como partido político y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral.

La reforma política será fallida por muchas cuestiones de forma y fondo. Es la visión atrabancada de quienes piensan que se puede procesar lo político exclusivamente desde la partidocracia, el error de omitir que la reforma del Estado comprende precisamente la crítica profunda y la reconstrucción de conceptos básicos como participación ciudadana, democracia directa, gobernanza y propiedad social.

¿Cuáles son los elementos de una auténtica reforma política moderna? ¿Qué le faltó a la Reforma?

Modificar la estructura del ejercicio del poder, no sólo los escenarios electorales. Las mayorías parlamentarias no son representativas de la mayoría del pueblo, por ello la insistencia de algunos sectores de la izquierda en reforzar la democracia participativa y directa para dejar plasmados en la Constitución los mecanismos de participación: referéndum, consulta popular, plebiscito; así mismo, frente a la reelección de legisladores y autoridades municipales precisar que la fuente de legitimidad es el voto popular libre, pero la garantía de equilibrio y soberanía debe ser la revocación de mandato.

Poder popular, democracia directa, gobierno abierto y eficiencia administrativa son componentes ineludibles de una reforma auténtica genuina. Éste no es el caso.
Podemos aseverar que se construyó un andamiaje que permitirá la fluidez del régimen vigente con cargo a la estabilidad política, como está demostrado no sólo en nuestro país, sino en las profundas crisis de otros países de América que tuvieron que modificar sus legislaciones frente a la avalancha ciudadana que exige mayor protagonismo.

Para ilustrar haré mención del contenido de la minuta en el artículo 26 apartado A, párrafo segundo; sobre la planeación democrática del desarrollo nacional, la cual será democrática y deliberativa, pero queda trunca su ejecución al consignar los mecanismos de participación a la legislación secundaria y no anclarlos a una base constitucional que haga vinculatoria la participación en consultas, referéndums y plebiscitos.

Sobre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social, Artículo 26 apartado C, que será el encargado de la medición de la pobreza y los programas, objetivos, acciones y metas de la política de desarrollo social, éste emitirá ‘recomendaciones’ sin establecer el carácter imperativo de las mismas, ni asentar con claridad su relación con los Estados, municipio y autoridades locales. Todo quedaría relegado a la ley secundaria.

Sobre la creación del Instituto Nacional de Electoral, queda de momento en un mero cambio de nombre, ya que se modifican poco sus facultades en lo esencial que es la salvaguarda de la voluntad popular con fiscalización y facultades para sancionar con oportunidad, y de manera efectiva, las violaciones a los principios certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La legislación secundaria se encargará de esos criterios y causales.

En materia electoral, la fracción VI del artículo 41 de la minuta es el centro de la discordia. Consideramos que se debe estipular sin cortapisas que el rebase de topes de campaña obliga a la nulidad de los comicios. Si ya se establecieron las reelecciones, parece razonable aportar certeza jurídica en los procesos electorales.
Las causales de nulidad quedan ambiguas en el texto de la minuta, se difiere la discusión a la aprobación de las leyes reglamentarias. Son conocidos los señalamientos de las izquierdas en el debate que se dio en el Senado y estamos de acuerdo con las reservas presentadas y desechadas sin discusión.

El texto que se propone establecería que el sistema de nulidades en las elecciones federales o locales tendrá que considerar violaciones graves, dolosas y determinantes; es decir, criterios poco claros que conducen a la discrecionalidad en las resoluciones de las autoridades electorales.

Sobre la reelección de legisladoras y legisladores (Art. 59), queda un resquicio de riesgo pues sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los llevó al cargo, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Se le otorga al partido político una zona de presión que desvirtúa la auténtica rendición de cuentas y vinculación ciudadana, la misión fundamental de representación popular.

También con el mismo vicio se contempla que las Constituciones de los Estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional y siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. Así quedó en el Art. 115, Fracc. I, párrafo segundo.

En lo relativo a la creación de la Fiscalía General de la República, se establece la facultad presidencial para remover libremente al Fiscal General, quedando depositada en el Senado de la República la facultad de impugnar esta decisión.

La reconstrucción profunda del Estado mexicano debe significar el cambio de la relación entre los poderes constituidos, los cuales deben ser contrapesados desde el ejercicio del poder popular y la participación ciudadana; así como la construcción de un nuevo entramado de relaciones políticas; es decir, la creación de un pacto de nación que edifique en el día a día, de forma crítica, lo que dimos por sentado hace mucho como el ‘Estado mexicano’ y el concepto de ‘ciudadanía’, todo esto con respeto pleno a los Derechos Humanos.

Los pendientes son enormes, la demanda de la sociedad irá creciendo a la par de la tentación autoritaria de quienes hoy gobiernan. Como siempre, el pueblo nos marcará la ruta y en este caso nos señalará el desfase de la clase gobernante con respecto a la reforma política; es por ello que comparado con los avances, las ausencias tienen una dimensión mayor que obligan a considerar el voto en contra de las y los legisladores.

No existen razones para contemporizar con quienes excluyen a las mayorías de la discusión de lo político; no es necesario adjetivar en demasía las inconsistencias en la minuta, los vacíos son evidentes; pero el ejercicio de la política requiere nombres e ideologías claras, muchos principios, rectitud, honor y patriotismo sin titubeos.

Aunado a lo anterior, pesa sobre esta discusión la evidente transacción política de la reforma energética. No es la moneda de cambio, es una aduana más rumbo al desmantelamiento de nuestra patria. No lo permitirán quienes están allá afuera manifestando su desacuerdo. Somos militantes de la vida y seguiremos caminando del lado del pueblo.

¡Viva la resistencia pacífica!

¡Viva la dignidad!

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