Colima: En defensa del agua

Publicado el Enero 4, 2014, Bajo Derechos Humanos, Estados, Política, Autor Gloriamlo.

Pedro Zamora Briseño
Edicion Mexico

En uno más de los casos que empiezan a ser endémicos en México, las autoridades estatales de Colima parecen ciegas y sordas ante los reclamos de los habitantes de una localidad del municipio de Comala. La comunidad de Zacualpan se organizó para defender sus tierras y una importante fuente de agua de la entidad, amenazadas por la voracidad de una empresa minera que lo único que puede ofrecer a los indígenas nahuas y otomíes es contaminación y más miseria.

ZACUALPAN, COL.- Esta comunidad de nahuas y otomíes protagoniza un movimiento contra la apertura de una mina que amenazaría la conservación del entorno natural y podría contaminar el manantial local, que es la principal fuente de agua potable para los cerca de 250 mil habitantes de la zona conurbada de la capital estatal.

Al margen de sus representantes de bienes comunales –a quienes acusan de operar a favor de la compañía minera–, los inconformes se agruparon en el Comité de Defensa del Pueblo Indígena de Zacualpan (CDPIZ) y con el apoyo del grupo ambientalista Bios Iguana iniciaron una serie de movilizaciones.

Amparado en la concesión 201872 para la explotación de oro, plata, cobre y manganeso –otorgada al ya fallecido Adolfo Pineda Martínez–, el empresario colimense Rigoberto Verduzco Rodríguez ha intentado varias veces obtener el aval del pueblo de Zacualpan –ha ofrecido 15 mil pesos a cada uno de los 305 comuneros– para iniciar la actividad extractiva en 100 hectáreas de la comunidad.

Para la coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, es un misterio la identidad de los empresarios que pretenden extraer el oro y los otros minerales de Zacualpan, pues duda que Verduzco –propietario de un autolavado en el primer cuadro de Colima– sea el único inversionista, dada la magnitud del capital necesario para explotar una mina de esa naturaleza.

Gobierno indolente

Ante la indolencia del gobierno estatal, los activistas opositores a la apertura de la mina han sufrido acoso y amenazas de los promotores del proyecto.

Por ejemplo, el 5 de diciembre pasado, policías encabezados por el presidente de la Junta Municipal de Zacualpan, Enrique Carpio Rincón, detuvieron y esposaron al presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, poco antes de llevarse a cabo una asamblea pública en la plaza principal, donde serían exhibidos videos sobre la contaminación generada por la industria minera.

Tras ser subido a un vehículo particular que recorrió varias calles del pueblo, Martínez fue liberado luego de las protestas de un grupo de habitantes de la comunidad.

El 6 de diciembre Martínez Campos interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y tres días después denunció penalmente a Carpio y a los agentes que lo detuvieron.

Por su parte el abogado de Bios Iguana, Jonathan Fernando Ochoa Hernández, solicitó al ómbudsman estatal medidas cautelares a favor de Jesús Santos Quirino, del CDPIZ, quien denunció penalmente haber sido amenazado de muerte por Rubén Guzmán Aranda –hijo de Carlos Guzmán Teodoro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan– y por Verduzco, quien –según la querella– inicialmente le ofreció 50 mil pesos a cambio de conseguir el apoyo de los comuneros para explotar la mina y después le “recomendó” abandonar la lucha porque “te pueden matar”.

Martínez comenta a este semanario que el gobernador Mario Anguiano Moreno no ha atendido una petición de audiencia formulada el pasado noviembre por su organización y el CDPIZ para abordar el asunto del proyecto minero, mientras el alcalde de Comala, Braulio Arreguín Acevedo, no ha vuelto a Zacualpan desde el 1 de diciembre, cuando asistió a una asamblea pública.

Mientras crece la tensión en Zacualpan, el gobierno estatal ni siquiera ha expresado una postura clara en torno del proyecto minero.

El que ya se manifestó fue el Congreso local, que en su sesión del 11 de diciembre aprobó por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por el diputado verde Mariano Trillo Quiroz, para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a no conceder permisos para la operación de la minera y revocar los otorgados.­

Riesgos ecológicos

La oceanógrafa Vanessa Gómez Pizano refiere que el manantial de Zacualpan aporta alrededor de mil litros por segundo a la capital del estado y sus alrededores, lo que representa 77.79% del consumo promedio.

Además de la contaminación del entorno, dice, con la actividad extractiva el acuífero correría el riesgo de quedar sepultado por derrumbes o flujos de lodo provocados por las lluvias y las detonaciones propias de las labores de la minería.

Guadalupe Laureano Quirino, exdirectivo del Consejo de Vigilancia de la comunidad, recuerda que en el sexenio de Elías Zamora Verduzco (1985-1991) el gobierno estatal empezó a extraer agua del manantial de Zacualpan para abastecer a las ciudades de Colima y Villa de Álvarez, y prometió un caudal de seis pulgadas para el pueblo, lo que no cumplió. A más de dos décadas sigue siendo un reclamo de los pobladores.

Otra promesa incumplida por el gobierno estatal, señala Jesús Santos Quirino, es la instalación de un sistema de riego para los cultivos de maíz y calabaza, pues en tiempos de estío los campesinos se ven obligados a acarrear el agua en vehículos, a caballo o incluso a pie.

El actual proyecto de explotación de una mina en Zacualpan no es el primero. Laureano cuenta que hace casi medio siglo un particular empezó a extraer minerales en un área cercana y trabajó casi cinco años sin hacer ningún pago, con el pretexto de que sólo eran pruebas; cuando lo expulsaron ya se había secado uno de los manantiales de la zona.

Sin olvidar esas experiencias, la mayoría de los comuneros ha rechazado varias veces la entrada de la minera de Verduzco. El 17 de noviembre pasado estaba programada una asamblea para abordar de nuevo ese punto, pero no se realizó por falta de quórum. Se pospuso para el 1 de diciembre. En el orden del día se anunció que el empresario entregaría dinero en efectivo a cada comunero si el proyecto era aprobado.

El punto 4 de la convocatoria decía: “Exposición de nueva propuesta por parte del C. Ing. Rigoberto Rodríguez (sic), acerca del ofrecimiento de mejores regalías y pago personal a cada comunero –en caso de su aceptación– y beneficios para la comunidad de aceptarse la explotación de la mina”.

Esa asamblea, sin embargo, tampoco se llevó a cabo. Se pospuso “hasta nuevo aviso”.

Días antes el CDPIZ y Bios Iguana habían intensificado sus acciones contra la minera, con asambleas en la plaza del pueblo, denuncias en redes sociales y medios y una campaña nacional apoyada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

“Territorio libre de minería”

A la asamblea comunal los opositores al proyecto minero invitaron a periodistas y a diversos observadores, entre ellos el presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora; la diputada federal Loretta Ortiz Ahif, del Movimiento de Regeneración Nacional; y el diputado Trillo Quiroz. Todos ellos respaldaron al movimiento.

El 1 de diciembre tuvo lugar una asamblea pública en la plaza de Zacualpan. Ahí, en presencia del alcalde Arreguín y del dipu­tado local panista José Donaldo Ricardo Zúñiga, se ratificó el rechazo a la mina, se declaró al poblado indígena como “territorio libre de minería” y se acordó solicitar a la Procuraduría Agraria que citara a asamblea para destituir a los integrantes de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, por no obedecer la voluntad de la comunidad.

Según el CDPIZ, el acta fue firmada por 100 de los 305 comuneros registrados, cantidad superior al 25% establecido para solicitar una asamblea de ese tipo.

Aunque la petición fue entregada a la Procuraduría Agraria el 4 de diciembre, la delegada María Elena Díaz Rivera respondió, dos semanas después, que se requiere actualizar el padrón de comuneros para convocar a la asamblea.

Esperanza Salazar considera que la funcionaria federal sólo trata de retrasar el proceso de destitución de la directiva comunal con la finalidad de dar al empresario tiempo para intimidar y ofrecer más dinero a los comuneros a cambio de su voto a favor de la explotación de la mina.

En conferencia de prensa, el 5 de diciembre, Carlos Guzmán Teodoro aseguró que él no está “a favor ni en contra” de la explotación de la mina. “Estoy a favor de lo que diga la asamblea”, dijo.

Guzmán aclara al corresponsal que se desconocen los ofrecimientos de Verduzco pues en la asamblea suspendida del 1 de diciembre apenas iba a presentar su propuesta. Además acusó a los integrantes de Bios Iguana de ser “agitadores profesionales” que “le lavan el cerebro a los comuneros y nos meten en problemas. Somos una comunidad tranquila y no queremos la intervención de gente externa”.

–La gente solicitó la destitución de la mesa directiva que usted encabeza –se le recuerda.

–Si fuera la realidad, ¡qué a todo dar que nos quiten de problemas! Yo con todo gusto, pero nosotros nos regimos a través de la asamblea general de comuneros y si la asamblea no dice nada… aunque griten.

Salazar rechaza los señalamientos del dirigente comunal: “No llegamos a alborotar a nadie, la gente nos buscó preocupada por esta situación; vino a pedirnos auxilio y nosotros claro que contestamos. Ese es nuestro trabajo”.

La activista dice a este semanario: “En cuanto la gente tiene información y conoce los riesgos, es ella la que levanta la voz y pide incluso la destitución de Carlos Guzmán, porque en tres o cuatro asambleas han dicho no a la mina, pero él sigue insistiendo”.

Según Salazar, la extracción de minerales como oro y plata requieren el uso de sustancias muy dañinas para la salud, como cianuro y mercurio: “Lo hemos visto en muchos casos atendidos por la Rema en Honduras, Guatemala y México”.

Proceso intentó hablar con Rigoberto Verduzco, pero uno de los empleados de su negocio informó que el empresario había salido de la ciudad. Hasta el cierre de esta edición no había devuelto la llamada.

Fuente: 1939
Post: Gloriamlo

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