Los feminicidios reverdecen

Publicado el Enero 4, 2014, Bajo Columna de opinión, Estados, Noticias, Política, Autor Gloriamlo.

Marcela Turati
Estados

Ciudad Juárez alcanzó una notoriedad funesta a partir de 1993, cuando se desataron centenares de asesinatos incontrolados de mujeres. Hablar de las “muertas de Juárez” se volvió tan común que esas palabras dejaron de causar horror y empezaron a hacer invisible un fenómeno que, pese a todo, prevalece: así lo confirman los cadáveres recientemente hallados en Valle de Juárez. Familiares de las víctimas alertan: los feminicidios siguen ahora un patrón distinto, especialmente desde 2008, cuando el Ejército tomó el control de la ciudad fronteriza.

CHIHUAHUA, CHIH.- El centro de Ciudad Juárez es el perímetro. Es el lugar en el cual a las jóvenes juarenses se les pierde la pista. Es donde alguien dice haberlas visto por última vez. En los últimos seis años una decena de muchachas han ido ahí a buscar trabajo, han desaparecido y luego sus cuerpos son encontrados fuera de la zona urbana, en el desértico Valle de Juárez.

A partir de 2008 las jóvenes raptadas ­en el centro de Juárez fueron asesinadas en esa parte del desierto, precisamente en los años en los que la ciudad estuvo militarizada y el acceso al valle, controlado por el Ejército.

Aunque los primeros registros de de­s­apariciones y asesinatos de mujeres datan de 1993, organizaciones dedicadas a la búsqueda de esas víctimas señalan que el móvil de los secuestros recientes es la trata de personas, delito en el que están coludidos narcotraficantes, empresarios y funcionarios públicos.

Pese a que el Estado mexicano fue sentenciado en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de los asesinatos de mujeres en el Campo Algodonero –en Ciudad Juárez–, el fenómeno persiste. A la nueva tragedia algunos activistas la llaman Campo Algodonero 2. Otras, como Norma Ledezma, dirigente de Justicia para Nuestras Hijas, prefieren referirse a ellos como los Casos del Valle de Juárez

Ledezma –quien buscaba a su hija Paloma– comenzó a trabajar con madres juarenses en 2010. Cuando se entrevistaba con ellas empezó a escuchar los mismos relatos: “Iba al centro. Buscaba trabajo”. Le llamó la atención que el perfil de las víctimas era similar: “Muchachas de entre 15 y 19 años (hay una de 20). Todas cruzaron o tomaron (un camión de) ruta hacia el centro. Iban a buscar trabajo en el mismo perímetro”.

El campo nebuloso donde las mujeres parecen disolverse se ubica entre Las Sorianas, la Catedral, la tienda de Many, Callejón Carreño, Mercado Juárez, las calles 16 de septiembre y la Mina y el Hotel Verde.

Malú García, una de las dirigentes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señala que con la llegada de militares y policías federales a Ciudad Juárez los feminicidios se recrudecieron y mostraron un patrón distinto.

Como antes, afirma, la mayoría de las jóvenes son explotadas sexualmente en el centro de la ciudad, pero actualmente si la familia hace escándalo por la desaparición, se las llevan a municipios cercanos. Considera que los tratantes tienen coordinación con los encargados de la venta de drogas y armas en Palomas y Guadalupe, plazas controladas por el Cártel de Juárez.

“Las raptan, nunca las sacan del lugar (del centro), ahí las ponen a trabajar. Si la familia difunde el caso se abre el perímetro (se llevan a la víctima) al Valle de Juárez, a un bar a Guadalupe, de ahí a Palomas; cuando baja la presión las regresan. Incluso se dice que existe un catálogo con ellas desnudas. No sólo en Juárez porque nos dicen que operan con redes de Puebla, Tlaxcala y Tijuana. La policía lo permite”, dice García a Proceso.

Cuenta que una sobreviviente enganchada en Puebla y quien escapó en Ciudad Juárez denunció a las bandas y su modus operandi. “Nos abre el abanico de cómo opera la red (…) Son redes de trata, por lo menos tres, que colaboran con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, con la banda de Los Aztecas (sicarios y halcones). Las mujeres que normalmente trabajan saben que están vigiladas”.

San Agustín, cerca del panteón

Durante unos meses de 2010 Justicia para Nuestras Hijas tomó en sus manos la investigación de las desapariciones en Ciudad Juárez de Griselda Morúa, Perla Ivonne Aguirre González, Yanira Frayre, Mónica Alanís, Brenda Berenice Castillo, Brenda Ponce, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jésica Leticia Peña e Idaly Juache Laguna.

Encontró que tenían características similares: “Bonitas, jóvenes, de escasos recursos, sin auto para transportarse y familias sin poder para ejercer presión.

“Cada mamá conocía su caso y cuando los pusimos juntos y los revisamos descubrimos similitudes que el Ministerio Público podía haber notado, pero siempre los han visto aislados y buscan a los culpables en el entorno familiar. No advirtieron coincidencias de sentido común”, dice Ledezma entrevistada en su oficina en la ciudad de Chihuahua.

El agente del Ministerio Público Ricardo Esparza, asignado a esas investigaciones por parte de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas, actuaba con lentitud y era omiso, afirma.

“Entre septiembre y octubre (de 2010) nos llega información de un exfuncionario público federal. Nos dio un tip: en el poblado de San Agustín, del Valle de Juárez, había una casa con más de siete chicas. Mencionó por nombre a una de ellas, que aún no aparece, mujer de un capo, estaba embarazada y cuando diera a luz le iban a quitar la vida. Nos dio las características físicas de la casa, cerca del panteón de San Agustín, y dijo que los investigadores estaban coludidos, que cada cosa que denunciábamos ellos avisaban (a los secuestradores).”

Ledezma y otras personas fueron al lugar, buscaron cerca del panteón. Enseguida de unas casas abandonadas y destruidas encontraron una que cumplía las características referidas. “Era de dos pisos, cerrada, bonita, tenía cámaras de vigilancia”. Diferente al resto.

En octubre le entregaron la información a Sara Irene Herrerías, entonces titular de la Fevimtra (fiscalía de la PGR dedicada a combatir la violencia contra las mujeres y la trata de personas). Se les informó que la SIEDO había ido a revisar, pero no halló nada.

Esto ocurrió cuando José Reyes Baeza era sustituido en el gobierno estatal por César Duarte.

“La investigación local era cada vez más desgastante, seguían investigando a las familias a pesar de la información que ya teníamos, y la familia de Yanira se tuvo que ir del estado por acoso de los policías.”

En 2011 el caso de Adriana Sarmiento detonó nuevas pistas. La joven desapareció el 18 de enero de 2008 en el centro de la ciudad al salir de la preparatoria. El 30 de noviembre el periodista Javier Juárez publicó en el portal Los Ángeles Press que sus restos estaban en la morgue juarense, almacenados desde hacía más de un año.

“En el Semefo, cuando acompañé a doña Ernestina, vemos las prendas y leemos que el cuerpo había sido encontrado el 5 de noviembre de 2009, cerca del panteón de San Agustín. Lo encontraron un año y ocho meses después. La Unidad de Homicidios avisó que encontraron a una joven de entre 18 y 23 años y dio la descripción de sus prendas. Mandó tres veces la solicitud al área de Ausentes de la fiscalía para cotejar y le respondieron que no tenían a nadie anotado con esas características. No les interesó verificar”, asegura Ledezma.

El hallazgo volvió a activar la pista dada por el informante. Las familias exigieron una nueva búsqueda y se hicieron dos rastreos con perros cerca del panteón. Encontraron entonces unos restos que permanecen sin identificar.

La fiscalía amplió la búsqueda a partir de que una persona supuestamente llamó para informar que encontró restos humanos en el paraje Arroyo del Navajo, también en el Valle de Juárez. Eran de Jésica Leticia Peña.

El lente de las investigaciones se había ampliado. Los secuestros eran en el centro, pero los hallazgos eran en el Valle, San Agustín y luego Arroyo del Navajo, donde encontraron 12 cuerpos.

En un juego perverso cada vez que aumentaba la presión de los familiares de las víctimas, la fiscalía rastreaba la zona y hallaba más cadáveres. Y cada tanto se descubre que en la morgue están almacenados más cuerpos de mujeres.

En junio de 2012 el gobierno federal decidió intervenir temporalmente, por medio de la Fevimtra.

“Cuando nos sentamos con Fevimtra nos damos cuenta de que no habían hecho nada, se habían concentrado en investigar a los novios (de las víctimas). Y pudimos ver que cuando les dimos la información, en octubre de 2010, sí habían entrado a la casa y hasta habían tomado fotos. Casi dos años después pudimos verlo”, narra.

Entonces asignaron a la investigación a dos ministerios públicos con un vehículo y un policía, pero no les dieron el georradar para buscar bajo tierra ni los perros de rastreo. Llegó entonces el cambio de sexenio y los trabajos se detuvieron hasta febrero de 2013.

Arroyo del Navajo

El 4 de febrero de 2013 varias madres acompañaron a la de Jésica Leticia Peña a poner una ofrenda floral y una cruz a Arroyo del Navajo, donde un año antes habían sido hallados los restos de la muchacha. En la fiscalía les habían informado que era un paraje recóndito y de difícil acceso.

“Se nos dijo que era un lugar inaccesible, de ir dos horas a pie y por donde los de la fiscalía nos llevaron caminamos mucho hasta llegar a ese lugar donde se veían los cordoncitos (las cintas de no traspasar). Pero de regreso nos dimos cuenta de que nos habían llevado en zigzag; a 10 minutos a pie había una vereda y estábamos a 15 minutos de San José de Paredes. Nos habían querido engañar.

“Y caminando por ahí, sin hacer nada extraordinario, sin salir del camino, encontramos un hueso. Eso te dice que nunca rastrearon en la zona. Encontramos diversos restos: un cráneo y una mandíbula, supusimos que eran de dos individuos. Resultaron ser de Yanira Frayre y de otra chica”, platica Ledezma.

El 3 de marzo se solicitó otro rastreo en la zona. Se encontraron 130 restos óseos, de los cuales 70 eran de una “femenina no identificada”, los 60 restantes no se sabe a cuántas personas corresponden. “Sé que además de estos 60 restos existen más que dicen que han sido cotejados pero no identificados”.

Los hallazgos detonan otras interrogantes. A decir del visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, para llegar desde Juárez a la desviación que lleva al Arroyo del Navajo era necesario cruzar por un puesto de control militar.

“El retén estaba en el kilómetro 29 y la desviación en el 32, y los militares tenían patrullas de reconocimiento en los caminos de terracería que cruzaban hacia el oriente. Eso es lo que conozco, y me parece que es muy difícil que hayan cruzado tantas veces (17) con cadáveres y no los hayan descubierto. Sin embargo es muy difícil afirmar con exactitud que los militares estuvieran involucrados”, explica De la Rosa vía correo electrónico.

Ledezma, en tanto, menciona: “Este primer informante nos decía: ‘Para entrar al Valle de Juárez hay tantos filtros de soldados que quién podría pasar sin ser revisado. Entre soldados no se revisan’. También sabemos que cuando llega el Operativo Conjunto Chihuahua se acrecienta la desaparición en el estado y esta modalidad de consumo”.

Cambio de patrón

Para Malú García, las jóvenes desaparecidas de 1993 a 2008 eran asesinadas casi inmediatamente después de haber sido utilizadas; sus cuerpos presentaban huellas de violencia sexual. Las de los últimos seis años son víctimas de enganchadores que llegan con promesas de trabajo o becas y las explotan durante meses.

Considera que desde 2008 –cuando el Ejército tomó el control en Ciudad Juárez– hay una red de personas que engancha jóvenes ofreciéndoles trabajo. Los Aztecas, asegura, quienes se dedicaban a la venta de droga, encontraron en la trata de mujeres un buen negocio.

La activista –quien este año ha encabezado dos protestas de madres en la Ciudad de México– considera que policías municipales y ministerios públicos de la fiscalía están coludidos y raptan a las jóvenes por encargo de empresarios. Debido a la corrupción en la fiscalía estatal, señala, las familias de las víctimas insisten en que la federación atraiga las investigaciones.

“La demanda es que desarticulen la red de trata, ofrezcan recompensas de la PGR, identifiquen cuerpos, tipifiquen la desaparición de mujeres y creen la unidad de defensa y protección a familias de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez por parte de la Secretaría de Gobernación”, exige.

En la entrevista García menciona los patrones comunes que refuerzan la hipótesis de la trata de personas como móvil, y ubica al centro como el lugar del “enganche”.

“El caso de Guadalupe Pérez Montes (25 de enero de 2009, desaparecida en la calle Mina, encontrada entre otros cuerpos en el Valle) marca la pauta de la trata de personas. Las autoridades hacen búsqueda donde la vieron por última vez, tocando de puerta en puerta. Varios locatarios dijeron haberla visto asomada con otra joven en una zapatería buscando trabajo. Le ofrecieron adelantarle el sueldo, que se subiera a un auto; ella se negó, la otra dijo que sí. Luego, cuando desaparece Berenice ocurre lo mismo: la abordaron para ofrecerle trabajo. O el caso Idaly Juache que hizo spots para una agencia de modelos.

“Ivonne Ponce Sáenz (desaparecida en junio 2008) se vincula con el caso de Hilda Gabriela Rivas (desaparecida el 25 de febrero de 2008), que acudía a la misma panadería (llamada Pineda) a pedir trabajo. En el caso de Brenda tenemos testimonios que dicen que se la llevaron a Tijuana para venderla en Estados Unidos. La hermana del secuestrador detenido, quien trabaja en la SSP, nos cuenta que hay un círculo de personas que se dedican a eso.

Ledezma señala que en la llamada tienda de Don Many, en el centro, “muchas muchachitas habían ido a pedir trabajo con él, les pagaban como 50 pesos por hacer el aseo por día; en ese tiempo él se daba cuenta de quién tenía niños, la pobreza en la que estaban. A algunas las prostituía, las dejaba salir en las noches pero las tenía amenazadas; decía que tenían familiares policías. Ellas dicen que prestaban sus servicios a hombres armados, uniformados”.

La tienda de Many fue cateada por las autoridades. En ella encontraron una veintena de solicitudes de empleo de varias de las desaparecidas, con sus datos personales. Ese era el filtro para engancharlas.

Otro punto en común es el Hotel Verde, de donde “de día las sacaban, las devolvían en la noche”. Ahí las tenían para el servicio de algunos capos, para prostituirse y vender droga, lo que explica por qué algunos familiares decían haberse topado con ellas en la calle, pero no pudieron acercarse porque alguien las estaba cuidando.

Ellas tenían que cubrir turnos en las noches hasta con varios clientes, y de día las obligaban a vender drogas, relata Ledezma con base en los testimonios asentados en los expedientes. “Como castigo la ponían a ver cómo mataban a otra. Una sobreviviente dice que vio a una muy golpeada y nunca más la volvió a ver. Otra dice que una se le acercó y le dijo: ‘Pórtate bien, haz lo que digan, son muy malos’”.

Para Ledezma hay pocas diferencias entre los perpetradores de antes y los de ahora.

“Tenemos datos precisos de que es una red nacional e internacional, porque les hacían visas para trasladarlas. Siguen siendo las mafias, los cárteles y el blanco es la mujer porque sirve para varias cosas”, denuncia.

La corrupción es la misma. Cada vez que se organiza un operativo alguien dentro del gobierno da el pitazo.

“La mafia de depredadores que buscan mujeres de esta edad opera en el centro de la ciudad. Es una mafia protegida, aunque no lo puedo acreditar, pero seguramente por plomo o plata tuvieron que acceder a protegerlos. Los consumidores pueden ser incluso funcionarios públicos estatales o federales.”

Proceso 1939
Post: Gloriamlo

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