La historia del megafraude del sindicato petrolero y Pemex

Publicado el julio 31, 2014, Bajo Finanzas, Nacional, Petróleo, Política, Autor Gloriamlo.

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La portada de mayo de 1993

Carlos Puig
31 de Julio de 2014
Reporte Especial

En mayo de 1993 la revista Proceso publicó un extenso reportaje que tituló en su portada “La mayor demanda que ha enfrentado Pemex”.

En ese entonces, hace más de 21 años, el empresario estadunidense Bill Flanigan contó con lujo de detalle los entretelones de la demanda millonaria que la empresa Arriba Limited interpuso contra el sindicato de Pemex y cómo diversos personeros del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari, incluido su padre Raúl Salinas Lozano, estuvieron al tanto del megafraude sin que lo solucionaran.

La transacción entre el sindicato petrolero, Pemex y la empresa estadunidense tiene su origen en 1984 y dos años después, en 1986, inició el pleito legal que ya ha visto pasar a seis presidentes de la república. En aquel entonces la parte demandante pedía 450 millones de dólares, ahora calcula el daño en alrededor de mil 400 millones de dólares… más lo que se acumule.

La añeja demanda se reactivó el pasado 15 de julio cuando una corte de Houston resolvió que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) debe pagar dicho adeudo.

De acuerdo con información del diario Reforma, el actual diputado federal y tesorero del sindicato, Ricardo Aldana Prieto operó desde cuentas personales dinero de Pemex para tratar de solucionar la demanda del empresario estadunidense.

Las corruptelas entre el sindicato petrolero y los gobiernos federales, solapadas y alentadas, lo mismo por gobiernos emanados del PRI y del PAN, son parte de la deuda que la administración de Enrique Peña Nieto y legisladores aprobaron endosar a todos los mexicanos.

A continuación se reproduce íntegro el reportaje publicado el 15 de mayo de 1993.

HOUSTON, TEXAS (Proceso 863).– El se considera el “acreedor privado de México más grande del mundo” Y puede ser cierto.

El empresario estadunidense Bill Flanigan tiene en su poder órdenes de tribunales norteamericanos que establecen que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Pemex le deben más de 450 millones de dólares, y que cada día que pasa sin que le paguen, la deuda aumenta en 107 mil dólares.

Después de siete años de batallas legales a raíz de que el sindicato no cumplió con un contrato, la compañía de Flanigan, Arriba Limited, ha ganado cada una de sus demandas.

A consecuencia de esto, tanto funcionarios de Pemex como miembros del sindicato y otros vivales lo han amenazado y coercionado. Siempre lo han mantenido en el engaño.

En los nueve años que lleva el caso, Flanigan se ha reunido con docenas de funcionarios y abogados que siempre le dicen lo mismo: “Usted habló con la persona incorrecta para solucionar su asunto; ahora sí está hablando con quien lo arreglará”. Una y otra vez, la “solución” propuesta consiste en que tiene que pagar las enormes “mordidas” que le exigen miembros del sindicato y de Pemex, así como los abogados de ambos.

Todo esto lo saben en altas esferas del gobierno mexicano, el cual no ha hecho nada y, al contrario, ha protegido a esas personas. Flanigan no duda en responsabilizar al presidente Carlos Salinas de lo sucedido: “Hace años que él conoce esto; su padre lo sabe, el director de Pemex también, y lo único que han hecho es seguir engañándome”.

Pero el estadunidense no ceja. Amenaza con transformar su asunto en un escándalo. Está decidido a recuperar su dinero por la fuerza.

Flanigan ha pasado largas temporadas en México y ha recibido a docenas de personas en sus oficinas de Houston. En el Distrito Federal, ha sostenido conversaciones sobre su caso con Raúl Salinas Lozano, padre del Presidente de la República, y con funcionarios menores del sindicato —en las épocas de La Quina y de Sebastián Guzmán Cabrera— y de Pemex. No ha logrado nada.

Sin embargo, Flanigan ni descansa ni se frustra: Las órdenes judiciales en su favor deben cumplirse. Desde hace tres años comenzó a formar un banco computarizado de datos con el objeto de localizar cuentas de banco, propiedades y otros valores del STPRM, de sus dirigentes y otros deudores de Pemex, así como de funcionarios mexicanos en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Entre otras cosas, requisó un avión de la Presidencia de la República, lo que provocó nuevas negociaciones con Pemex y el sindicato. Esta fue ocasión para que se cometiera un nuevo fraude y aumentara la deuda.

La historia del fraude contra Arriba y los subsecuentes intentos de corrupción es tan complicada y tiene tales tintes policiacos que productoras de Hollywood quieren comprar los derechos para filmarla. Políticamente, es tan escandalosa que puede poner en riesgo las actividades de Pemex en Estados Unidos.

UNA LARGA HISTORIA

Después de una larga investigación en las Cortes estadunidenses y en México, coronada con tres largas sesiones de entrevista con Flanigan, es posible reconstruir la historia de este escándalo de corrupción alrededor del petróleo mexicano. Todo lo que aquí se reporta tiene apoyos documentales que el corresponsal revisó o tiene en su poder:

En 1984, Bill Flanigan, empresario residente en Houston dedicado a la asesoría y a la intermediación financiera, recibió una propuesta del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, el mayor contratista de Pemex, a través de Ramiro Quiñones Fabela y el licenciado Bill Navarro Quiñones. Fabela era uno de los contratistas habituales del sindicato. La propuesta era venderle a Flanigan petróleo residual de la refinería de Minatitlán. Quiñones y Navarro tenían un poder de Victorino López Reyes y Manuel Vasconcelos, presidente de la Comisión de Contratos y líder de la Sección 10 del sindicato, respectivamente.

El abogado de Arriba elaboró el contrato.

Los abogados del sindicato pedían 14 dólares por barril. Flanigan ofreció 20, con dos condiciones: que el contrato fuera firmado en Houston y sujeto a la ley estadunidense, y que el sindicato se encargara de hacer los trámites de aduanas y entregara el producto en territorio estadunidense. Los representantes del sindicato aceptaron y firmaron. Arriba colocó una carta de crédito por 5 millones de dólares en un banco norteamericano.

Flanigan viajó entonces a México. Representantes de Pemex le mostraron el petróleo residual que le venderían, almacenado en grandes depósitos en Minatitlán. Flanigan tomó muestras y regresó a Estados Unidos.

Pasaron los meses. El petróleo no llegó. Flanigan regresó a México. Se hospedó en el hotel Camino Real. Allí vivió un año tratando de arreglar el asunto.

A mediados de 1985, Flanigan tuvo una cena en el hotel con Quiñones Fabela y un representante de Pemex, Tomás Cano. Los dos le pidieron 50 mil dólares para el cumplimiento del contrato Flanigan se negó a pagar. Fabela Quiñones montó en ira, y trató de golpearlo. Tuvieron que intervenir agentes de seguridad del hotel.

Dos días después, Bill Navarro y alguien que se identificó como “el juez Alba García” disculparon a Fabela Quiñones —”estaba drogado esa noche”—. Le dijeron a Flanigan que el sindicato y Pemex querían concluir la transacción. Sólo necesitaban que trasladara la carta de crédito a México. Flanigan así lo hizo. La depositó en Bancomer, y entonces le ofrecieron otro viaje a Minatitlán para ver el petróleo.

Lo recibieron unos 20 miembros del sindicato que, a bordo de tres camionetas, lo condujeron al mismo lugar en que el empresario había tomado las primeras muestras. El jefe de la delegación ordenó a un niño que se introdujera a la alberca negra para sacar una muestra. El niño lo hizo y, al salir, se limpió con gasolina. De regreso en el aeropuerto, el jefe le preguntó a Flanigan si ya había depositado la carta de crédito en Bancomer. Flanigan dijo que sí, y en ese momento sintió el cañón de un revólver en su sien. “Pues vas a firmar para que esa carta ya sea nuestra”. Flanigan se indignó e insultó a su atacante, quien dijo que todo era una broma.

Flanigan siguió recibiendo invitaciones de diferentes personajes que se decían funcionarios de aduanas, de Pemex y del sindicato. Le ofrecían licores, prostitutas y dinero. Flanigan se rehusaba y, en más de una ocasión, agentes de seguridad del hotel tuvieron que ayudarlo a salir de apuros porque, con su negativa, sus anfitriones se sentían “ofendidos”.

Flanigan ha recibido amenazas de que se emprenderán acciones legales en su contra, y ha sido objeto de múltiples maniobras para perjudicarlo. Una de estas acciones consistió en que el sindicato, a través de su abogado Raymundo Zamudio, creó otra corporación con el nombre de “Arriba”, y aseguró en una demanda que ésta era en verdad la que había firmado el contrato con el sindicato. La maniobra fue infructuosa y la demanda contra Flanigan retirada.

En el año que pasó en México, Flanigan vio una vez a La Quina en Tampico y le explicó el asunto. La Quina puso a José Cruz Contreras, otro integrante de la Comisión de Contratos, a cargo del caso. Pero nada pasó. Sólo nuevos intentos de extorsión.

Harto de que nada se solucionara, Flanigan demandó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en los tribunales de Houston. En abril de 1986, el juez falló contra la organización sindical, y Flanigan logró requisar una caja bancaria de valores en MacAllen que estaba a nombre de Victorino López Reyes.

Cuando el sindicato se dio cuenta de la seriedad de Flanigan, envió a Cruz Contreras a negociar otra vez. Después de varias horas de pláticas, con la intervención de abogados de ambas partes y la cuidadosa supervisión de Cruz Contreras —Flanigan recuerda que Cruz Contreras pagó nueve botellas de Don Perignon en el restaurante, mientras los abogados avanzaban en el arreglo—, se elaboró un nuevo contrato, a gusto de todas las partes, incluyendo a Pemex.

El nuevo contrato fue aprobado por La Quina y firmado por ambas partes en diciembre de 1988.

Este acuerdo fue formalizado entre Arriba y una empresa del sindicato llamada Comater, S de R L, que se comprometía a entregar el petróleo en 90 días y en circunstancias más favorables para Arriba. En documentos de la Corte, se dice que Comater es, de hecho, “una empresa bajo el absoluto control de Pemex y del sindicato”.

El contrato establecía que Arriba daba por terminado el juicio de 1986, siempre y cuando el nuevo contrato se cumpliera.

Flanigan advirtió al sindicato que, de no ser así, volvería a demandarlos en las Cortes estadunidenses. Victorino López Reyes informó por escrito a Pemex que la organización sindical estaba lista para comenzar a recoger el petróleo residual con el fin de cumplir el nuevo contrato. Pemex respondió que ya había hecho una inspección en el lugar donde se encontraba el petróleo que Comater le vendería a Arriba.

Pero el petróleo nunca llegó a Houston.

NUEVAS DEMANDAS

En enero de 1989, La Quina fue arrestado, y Victorino López Reyes y José Cruz Contreras huyeron a Estados Unidos.

Flanigan voló a México para hablar con los nuevos dirigentes del sindicato. No logró nada. El contrato nunca se cumplió, e interpuso una nueva demanda.

El juez le volvió a dar la razón.

En ese entonces, la demanda por daños —contra el sindicato y los individuos involucrados— era de 300 millones de dólares.

Dedicada a tratar de recuperar su dinero, Arriba localizó y confiscó tres aviones: Un jet ejecutivo, matrícula XB-CYI, fue confiscado en San Antonio; otro, matrícula XB-CYA, fue encontrado en San Diego, California. Ambas aeronaves pertenecían al sindicato, pero un individuo, Bernardo Cárdenas Cota, “mintió a la Corte de California” y presentó documentación falsa. Para obtener esta documentación, Cárdenas Cota entregó un cheque por 50 mil dólares a Arsenio Farell Campa, hijo del secretario mexicano del Trabajo, Arsenio Farell Cubillas. El cheque es el número 1072, de la cuenta de Cárdenas en el Valley Bank de California Cárdenas Cota y Farell Campa cambiaron la matrícula de un avión a XB-EWF. Hasta hace muy poco, este avión se encontraba en el hangar del secretario de Agricultura, Carlos Hank González, en la Ciudad de México.

El tercer avión confiscado fue un Boeing 757, que era reacondicionado en Dallas para la Presidencia de la República. Ante la intervención de abogados de ambas partes, Arriba accedió a entregar la aeronave de la Presidencia.

No obstante, la primera nave requisada (XB-CYI) fue subastada, y el dinero, entregado a Arriba —450 mil dólares—.

En cuanto a la aeronave que tuvo que ser regresada a México por las artimañas legales de Cárdenas Cota, permanece en el país, pero Cárdenas Cota podría ser demandado por fraude ante la Corte.

En febrero de 1990, mientras Flanigan seguía tratando de recuperar dinero del sindicato en Estados Unidos, fue buscado por el licenciado Rubén Choreño Morales, encargado de los asuntos jurídicos del sindicato con el dirigente actual, Sebastián Guzmán Cabrera.

Choreño Morales mostró a Flanigan cartas poder de Guzmán Cabrera y de Julio César Vega Olivares, quien sustituyó a Victorino López Reyes en la Comisión de Contratos y es secretario del Interior del sindicato, encargado de localizar los bienes que La Quina dejó a la organización Vega Olivares también es socio de Guzmán Cabrera en empresas contratistas del sindicato (Proceso 694).

Choreño Morales negoció con Flanigan y con sus abogados durante varios días en Houston. Les dijo que eran asuntos que les heredó La Quina, pero que el sindicato quería ayudar a resolverlos. Se mostró preocupado porque Arriba estaba requisando propiedades del sindicato en Estados Unidos, donde según sus cálculos había “miles de millones de dólares” de La Quina y sus socios.

Ofreció que podía ayudar a Arriba a localizar propiedades y cuentas bancarias, siempre y cuando el sindicato también recibiera una parte.

El 8 de mayo de 1990 se firmó un nuevo acuerdo, mediante el cual la búsqueda de propiedades se haría conjuntamente.

De lo recuperado, una parte sería para el sindicato y la otra para Arriba, hasta cumplir con las órdenes judiciales. Había, sin embargo, una condición en el contrato: En diez días, Choreño Morales debía entregar pruebas de propiedades en EU y México por cien millones de dólares que podrían ser requisadas y vendidas con prontitud. Choreño Morales dijo que tenía la cooperación total de la Procuraduría General de la República.

A las dos semanas, Choreño regresó a Houston Lo único que entregó fueron cheques cobrados a nombre de algunos de los acusados (López Reyes y Cruz Contreras). “No servía de nada —dice Flanigan—. Me molesté mucho y me di cuenta de que, una vez más, me querían ver la cara”.

Los representantes del sindicato le dijeron que eso era todo lo que le darían. Se canceló el contrato y, esta vez, dado que abogados de Pemex habían estado involucrados en algunos de los procedimientos, Flanigan demandó al sindicato, a Pemex y a sus principales funcionarios en una Corte Federal —amparado en las llamadas leyes RICO— de conspiración ilícita para cometer un delito. Las leyes RICO fueron creadas para capturar a miembros de la mafia, pero actualmente se utilizan en otros casos.

Esta acción judicial comenzó el 31 de mayo de 1990 Una vez más, Flanigan ganó la demanda contra el sindicato y Pemex, primero en la Corte Federal de Houston y, después, en el 5o Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans, cuando los abogados de Pemex se inconformaron con la demanda.

Pemex utilizó todos los recursos a su alcance y presentó, entre otras cosas, una declaración de Enrique Alvarez del Castillo, entonces procurador general de la República, para sostener la teoría de que Pemex no puede ser demandado en los Estados Unidos.

Alvarez del Castillo, como abogado de la nación, escribió una carta a Francisco Rojas, director de Pemex, en la que establecía que la empresa paraestatal no puede ser demandada ni está sujeta a Cortes estadunidenses. El alegato hizo que las Cortes concedieran a Pemex, por lo pronto, “inmunidad soberana”. En su larga carta, Alvarez del Castillo deslinda al sindicato de cualquier influencia gubernamental y afirma que sus contratos con otros individuos podrían ser declarados “nulos”, ya que Pemex es la única autorizada para realizar contratos desde 1984.

CON RAUL SALINAS

De este modo, Pemex dejó toda la responsabilidad al sindicato. A su vez, la empresa Arriba presentó el testimonio del abogado mexicano José Padilla Castellanos, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM y experto en Derecho Impositivo y Protección de Procedimientos Administrativos. Padilla contradijo al Procurador. Dijo que la Comisión de Contratos era de hecho una extensión de Pemex, y que Pemex sí puede ser demandado en tribunales distintos a los mexicanos.

En enero de 1991, a través de sus amigos en México, Flanigan consiguió una cita en las oficinas de Raúl Salinas Lozano, padre del Presidente.

En una sala de juntas del Instituto Nacional de Administración Pública, Salinas Lozano le dijo a Flanigan que ese no era “un asunto que debiera resolver el Presidente”. Pero prometió que le conseguiría una cita con Francisco Rojas. Le pidió que se quedara unos días en México.

Después de esperar en vano, Flanigan llamó varias veces a Salinas Lozano, pero éste nunca le respondió. Envió faxes a Salinas, a Rojas y a Pedro Aspe. Jamás se comunicaron con él Dice Flanigan: “O están metidos en este asunto, o son unos cobardes. Saben de la gravedad del asunto, y no han hecho nada al respecto”.

Semanas después de la reunión con Salinas Lozano, se le indicó a Flanigan que un buen intermediario podría ser Antonio Burillo, empresario de Torreón. Según investigaciones de Proceso, Burillo es empleado de la Inmobiliaria Safa y Asociados y directivo de la Asociación de Colonos de Campestre La Rosita, colonia favorita de los nuevos ricos en Torreón.

Burillo envió a Flanigan con Alejandro Rodríguez S, director de la empresa Asesoría Plus. Rodríguez dijo ser amigo personal, desde la infancia, del presidente Carlos Salinas. Aseguró que era asesor informal del Presidente, y socio “silencioso” de Raúl Salinas de Gortari, hermano del jefe del Ejecutivo. Cuando se reunió con Flanigan, Burillo recibió toda la información como “representante personal del Presidente”, y prometió transmitírsela.

El 16 de abril de 1991, después de algunas semanas de no haber obtenido ninguna noticia, Flanigan y sus abogados llamaron a México. Se les dijo que el asunto estaba en estudio. Debían esperar.

El 18 de abril, el abogado y socio de Flanigan, David Black, fue citado en un hotel de Houston en el que abogados del sindicato le presentaron a un “licenciado” que se dijo subdirector de Pemex y que venía a Houston a arreglar de una vez por todas el asunto.

El “licenciado” le expresó a David Black que él y Flanigan eran “enemigos de México”; que lo más que se les pagaría por su demanda serían 90 millones de dólares, y sólo si él lo recomendaba.

La reunión duró cuatro horas y media. Al final, el “licenciado”, quien para entonces ya se había identificado como Arturo Hauser, pidió una “mordida”: el 20% de los 90 millones de dólares.

Según cuenta Black, Hauser estaba “muy bien enterado del asunto y sus pormenores legales”. Tanto los abogados del sindicato como otros individuos relacionados con el caso de la parte mexicana indicaron que Hauser era “representante del gobierno de México”.

Ni Proceso ni Flanigan han logrado identificar a Hauser. Pemex nunca ha tenido a nadie de ese apellido en puestos ejecutivos. Un dato, sin embargo, es importante: Mediante órdenes judiciales, Flanigan confiscó la lista de llamadas de Hauser en su habitación del hotel en Houston. Inmediatamente después de la reunión con Black, Hauser hizo una llamada que duró 50 minutos. Habló al teléfono de la Subdirección de Finanzas de Petróleos Mexicanos en el Distrito Federal. Eran las oficinas de Ernesto Marcos Giacomán.

Después de esta reunión, Flanigan y Black viajaron a México a reunirse con Alejandro Rodríguez. Su propósito era averiguar quién había enviado a Hauser Rodríguez se retrasó para la cita, pero, cuando el 29 de abril se entrevistó con Flanigan y Black, tenía una excusa: Dijo que, “de regreso de España”, tuvo que pasar por Miami “para reunirse con Jeb Bush, hijo del expresidente de Estados Unidos, sobre sus negocios con el gobierno mexicano”.

Black envió al Congreso de Estados Unidos un resumen de lo que sucedió en las conversaciones con Alejandro Rodríguez. A continuación se trascribe la carta enviada por Black:

“Le dijimos lo que había pasado. Le manifestamos que creíamos que no era coincidencia que se nos hubiera llamado para la reunión con Hauser un día después de que el `Archivo Arriba’ se había entregado a Pemex para que revisara nuestra propuesta de arreglo. Después de escucharnos, nos preguntó cuánto dinero queríamos. Le dijimos que no era por eso que estábamos ahí, sino que creíamos que el presidente Salinas debía saber lo que estaba pasando y hacer algo al respecto. Era obvio que Hauser había sido enviado por alguien de alto nivel del gobierno Rodríguez nos dijo que se lo diría al Presidente, pero que necesitábamos señalarle cuánto queríamos para arreglar el asunto. Le dijimos. Nos indicó que esperáramos unos días y que nos comunicaría algo. Así pasó. El mensaje que recibimos fue que el presidente Salinas le manifestó a Rodríguez que se apartara del asunto, que ya estaba en otras manos para ser resuelto”.

¿Quién es Alejandro Rodríguez?

Una tarjeta de presentación lo identifica como director de Asesoría Plus, una sociedad civil con dirección en Río Nilo 88, en el Distrito Federal. En esa misma oficina, con el mismo teléfono y el mismo personal, hoy está instalada una empresa llamada Consultoria Integral del Medio Ambiente, que además se encarga de los asuntos pendientes de Asesoría Plus. En esta oficina se confirmó que Alejandro Rodríguez fue director de Plus y, de hecho, se aceptan llamadas y recados para él, pero las secretarias se niegan a decir si él dirige la nueva empresa.

Flanigan y Black argumentan:

“Esperamos que el gobierno mexicano grite que esto es una trampa, que ellos nunca tuvieron nada que ver con esto, con Hauser, ni siquiera con Rodríguez. Esto lo esperamos. Pero nosotros sabemos quiénes son los actores de esto, y el gobierno mexicano también. Si nada de esto es verdad, ¿por qué no alguien en el gobierno mexicano ha dicho algo, los ha identificado y revelado la verdad cuando les hemos dado esta información?”

Hasta este momento, ni Flanigan ni Black han vuelto a tener propuestas para solucionar el asunto. El único avance ha sido en las Cortes.

EN PLENA LUCHA

Mientras que, gracias a la carta de Alvarez del Castillo, Pemex logró que la orden de pago en su contra sea congelada por la Corte de Apelaciones del 5o Distrito en Nueva Orleans, la empresa Arriba suspendió temporalmente su esfuerzo para requisar dinero de Pemex, el sindicato y los demás involucrados.

Flanigan cree que la decisión de la Corte de Apelaciones se obtuvo mediante corrupción e influencia política, ya que “todo mexicano sabe que el sindicato es una organización oficial del gobierno mexicano”.

El 2 de noviembre, un día antes de las elecciones en que fue derrotado George Bush, la Suprema Corte de Justicia decidió no escuchar el caso de Arriba contra Pemex. Esto significa que la decisión de la Corte de Apelaciones se sostendrá hasta que Arriba pruebe que existió interferencia política con el sistema legal estadunidense y se cometió fraude contra la Corte.

Pero Flanigan y sus abogados tienen aún otros recursos: introducir el alegato de fraude ante la Corte, con base en que Alvarez del Castillo mintió en su descripción de la ley mexicana, según varios expertos mexicanos consultados.
Además, Arriba continúa sus acciones legales en otros países, y la demanda RICO está pendiente en la Corte Federal. Si Arriba ganara este caso en la Corte, la deuda podría ascender a más de mil millones de dólares.

En caso de que Flanigan perdiera su demanda contra Pemex, nada invalidaría las órdenes de pago contra el sindicato, la Comisión de Contratos y los siguientes individuos: La Quina, Sergio Bolaños, Victorino López Reyes, Ramiro Quiñones Fabela, Carlos Manuel Vasconcelos —líder de la sección de Minatitlán del sindicato— y Miguel Estrada Rojas, tesorero de la Comisión de Contratos.

Más aún, siguiendo las leyes de Estados Unidos, Flanigan podría convertir en deudor a cada uno de los miembros del sindicato y, de hecho, hasta girar órdenes de aprehensión contra todos ellos. En las computadoras de migración de los Estados Unidos estarían sus nombres.

Flanigan tiene otras opciones, entre ellas recurrir a lo que se llama “deudor de último recurso”, figura que se aplicaría a Pemex como dueño no sólo del petróleo, sino del dinero del que vive el sindicato; es decir, Pemex estaría obligado a pagar a Arriba el dinero que da al sindicato y a sus miembros por concepto de salarios hasta cumplir la orden, tal como se hace, por ejemplo, en casos de divorcio, cuando una empresa paga una parte del salario de un empleado a su exmujer.

Pero más interesantes son las otras opciones que Flanigan ha comenzado a prever, con base en propuestas que ha recibido. Sus órdenes judiciales son, en términos reales, papeles de deuda, semejantes a los de la deuda mexicana que se comercia en Wall Street o entre bancos. Flanigan ha recibido varias propuestas para “comprarle” la deuda.

Aparte de eso, está dispuesto a armar un escándalo en el campo político estadunidense: Comenzó a enviar documentos al Congreso y al presidente Clinton, precisamente cuando el TLC está a punto de discutirse en el Congreso.

El 20 de abril último, Flanigan envió una carta a Bill Clinton detallando el problema:

“En el caso de Arriba, la juez de la Corte de Apelaciones del 5o Distrito decidió que Pemex era una entidad soberana, exenta de disputas en la Corte y exenta de la regla comercial de la Ley de Soberanía Extranjera. Esta opinión de la juez pensamos rebatirla, al demostrar el involucramiento de Pemex en un fraude ante las Cortes y mostrarlo como el canal preferido por políticos mexicanos corruptos para lavar su dinero”.

Y amenaza: “Espero que usted no decida no actuar en este caso, pero si así fuera, está bien, los hechos y la verdad ya son asuntos públicos y eventualmente saldrán a la luz completamente en detrimento del TLC, el comercio internacional, la ley y el orden”.

Cartas similares ha enviado Flanigan a influyentes congresistas que se han comenzado a interesar en el asunto, sobre todo en el alegato del gobierno mexicano de que no se le puede demandar en Cortes estadunidenses. “Si esto es así —dice a Proceso un asesor del Congreso—, ¿cómo quieren comerciar con nosotros, dejándonos sin ninguna protección legal?”

Por lo pronto, Bill Flanigan sigue esperando que alguien en el gobierno mexicano “tenga interés en arreglar este asunto”. Mientras tanto, la deuda se incrementa en más de cien mil dólares diarios. Y funcionarios mexicanos no le dan importancia, sin prever las consecuencias.

Fuente: Proceso.com
Post: Gloriamlo

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