“Maquillan cifras de violencia”!

Publicado el Agosto 19, 2014, Bajo Estados, Autor Pepe Garduño.

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Info: NotiVer

“Son los que con mayor consistencia han tenido problemas en el registro y son estados donde la problema del delito es manifiesto”, expresó el titular de la organización.

Apenas ayer, el Gobernador mexiquense, el priista Eruviel Ávila Marín, afirmó que gracias a las labores de seguridad que se están realizando en el estado, se han logrado reducir los delitos de alto impacto en un 17 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, Rivas Rodríguez enfatizó que en el caso del Estado de México históricamente ha sido “laxo” en la captura de información sobre los índices delictivos en la entidad.

“El Edomex es un estado que a lo largo de los años ha realizado estadísticas modificando información real y la tendencia de los delitos; antes de poder afirmar que el Edomex ha logrado una disminución, tendríamos que hacer una auditoría profunda para ver cómo están haciendo eso datos”, cuestionó el presidente del Observatorio.

Otro caso que citó es el de Veracruz, donde el mandatario Javier Duarte de Ochoa expresó hace unas semanas que “hoy por hoy en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros” y la entidad “está en calma”.

“En Veracruz, en junio de 2013 modificaron todos los rubros agregando cifras impresionantes”, dijo Francisco Rivas. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a junio, muestran que Guerrero, Sinaloa y Chihuahua son los estados con los índices de homicidios más elevados en el país.

En Guerrero se registraron en promedio 59.22 casos por cada 100 mil habitantes, en Sinaloa 41.20 y en Chihuahua 39.69.

Mientras que en Michoacán, Tamaulipas y Estado de México, donde se han desplegado fuerzas federales para combatir la inseguridad, los números son menores, con 15.53 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En Michoacán se reportaron el año pasado 19.91 homicidios por cada 100 mil habitantes; en Tamaulipas la cifra fue de 16.03, mientras que en el Estado de México 11.81. Y aunque admitió que hay una baja en los delitos de alto impacto, señaló que no están claras las mediciones aplicadas por los gobiernos de todos los niveles.

“Estos números son números que están elaborados de una manera que no nos han permitido poder decir que los cambios en México se han logrado(…) son inconsistentes y nos hace preguntarnos con qué información estamos contando para poder afirmar con toda contundencia que sí hay una reforma sustancial”, señaló y comparó la diferencia entre las cifras del mismo Secretariado y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“No entendemos la cifra del Secretariado que marca una disminución significativa en homicidios, por ejemplo podría ser el cambio de Puebla que presenta una disminución de más del 17 por ciento el año pasado; pero el Inegi lo marca como un aumento de 26 por ciento; y es el caso de Quintana Roo, Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, el Edomex”.

Apenas el 7 de julio pasado, el Observatorio Nacional Ciudadano señaló que las cifras oficiales desmienten al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes han presumido una presunta disminución de la violencia en Michoacán y Tamaulipas.

Dijo que los datos ofrecidos por ambos no son oficiales y está falseando las que otorga de manera oficial el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Con relación a las afirmaciones hechas por Castillo Cervantes, quien aseguró que en el estado ‘ya no hay cobro por derecho de piso o extorsiones’, y por Osorio Chong, quien dijo que la violencia y la comisión de delitos en Tamaulipas había disminuido a 50 días de que se implementara la estrategia de seguridad en dicha entidad, el Observatorio manifiesta su desacuerdo, con base en los propias cifras aportadas por la autoridad federal”, destacó la organización.

Afirmó que de acuerdo con los datos del SNSP, actualizados al 18 de junio de 2014, en Michoacán se presentó un incremento significativo en las denuncias por el delito de extorsión, pasando de 29 casos en abril a 55 casos en mayo. Lo anterior representa un incremento de 89.66%, con lo que la entidad se coloca en el tercer lugar nacional en denuncias por este delito.

En el caso de Tamaulipas, agregó, cinco de los ocho delitos de alto impacto (homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y robo a vivienda) presentaron un incremento en el mismo periodo, mientras que el homicidio culposo no tuvo variaciones. “Para el Observatorio, los casos de Michoacán y Tamaulipas ponen una vez más en evidencia que las declaraciones de la autoridad no corresponden a la realidad que reflejan los números oficiales reportados. Es importante recordar que fue la propia autoridad la que determinó que los números oficiales sobre incidencia delictiva serían los publicados por el Secretariado Ejecutivo del SNSP”, explicó.

El 5 de septiembre de 2011, cuando presentó su VI y último Informe como Gobernador del Estado de México, dijo que su administración había reducido sustancialmente los homicidios. Sin embargo, el 22 de septiembre, la revista británica The Economist desmintió al entonces mandatario y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Peña Nieto dijo: “Uno de los logros más ilustrativo que hemos tenido es la reducción en la tasa de homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes, al pasar de 16.5 en 2005, a 7.6 en 2010.

El resultado no es menor, considerando que en los últimos 5 años la respectiva tasa a nivel nacional subió de 10.6 a 21.9 homicidios por cada 100 mil habitantes”. The Economist respondió: “La afirmación es absolutamente falsa. Los números que aparecen en el Informe del señor Peña son en realidad las cifras oficiales, pero no hacen mención de una revisión estadística realizada en 2007, que redujo a la mitad la tasa de asesinatos. Se puede ver un desglose, mes por mes, en el sitio web del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un organismo federal. Si se compara diciembre de 2006 contra enero de 2007, cuando se introdujo la nueva metodología, se verá que el número de asesinatos en el Estado de México se redujo, por arte de magia, en 62% en el lapso de un mes”.

Poco después, Peña Nieto se retractó de las cifras en un programa informativo de Televisa. Desde enero de 2013, poco después de que el PRI regresara al gobierno federal, los partidos de oposición expresaron su preocupación por el cambio de política de comunicación en materia de seguridad.

La nueva administración federal dijo a finales del mes que limitaría la difusión de datos para “no hacer apología de la violencia”. Pero los opositores expresaron fuertes suspicacias; vieron una doble agenda en el anuncio, y no un interés sano por “dar una mejor imagen a México”. Revivieron su temor a que el PRI devuelva a Los Pinos la censura que aplicó durante los 70 años en el poder, y manifestaron sus sospechas de que se intenten manipular datos sobre la violencia con el fin de dar una idea falsa de que el problema de inseguridad se ha resuelto.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, criticó “que el Gobierno federal busque dosificar la información sobre hechos violentos que ocurren en el país al señalar que con ello sólo pretenden generar la percepción de que la situación está mejorando”. “Me parece que la intensión del nuevo Gobierno es simplemente ocultar el fenómeno de la inseguridad, ocultar las cifras, los datos, los diagnósticos, con el propósito de generar la percepción de que ya resolvió el problema.

Pero el hecho de que no se hable de seguridad, o no dé una explicación de lo que pasa en el país, no va a ser la ruta por la cual se va a resolver el tema de la inseguridad. Es responsabilidad del Estado enfrentar al crimen organizado, a todas la expresiones de delincuencia y es una responsabilidad democrática dar cuenta de sus resultados y del camino que falta por hacer”, dijo.

La Senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña, expresó en su momento: “Lo que no se puede hacer es tapar el sol con un dedo. Hay una situación de violencia innegable, es un problema nacional y lo que se tiene que hacer es atender las causas. Decir ‘ya no hablen tanto de esto’, pero sin resolver el problema de fondo, me parece que puede resultar simplemente demagógico, pero imposible además de lograr”.

En abril pasado, la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos, aseguró en un informe que en México hay “problemas significativos relacionados con la disponibilidad y credibilidad” de datos oficiales sobre la violencia que general el narcotráfico. El documento que explica y analiza la situación de violencia en nuestro país durante 2013 reconoció que “el gobierno mexicano ha hecho un visible esfuerzo por cambiar la narrativa al respecto de la violencia del narco y existen algunas preocupaciones entre los observadores no gubernamentales sobre la posible manipulación de las estadísticas criminales con fines políticos”, detalló.

Indicó que los esfuerzos del Poder Ejecutivo por controlar el flujo de información en lugar de ayudar, obstaculizan: “El acceso a la información que es precisamente lo que se necesita para monitorear y evaluar los avances”. Como un ejemplo mencionó la disminución de los homicidios en el año 2013, que no se debió a un trabajo del gobierno, sino a cambios en la dinámica entre narcotraficantes y crimen organizado: “Algunos medios de comunicación han seguido el ejemplo del Ejecutivo y presentan sus informes sobre la delincuencia y la violencia de manera muy diferente que en el pasado”, señaló el documento al respecto de la falta de información que fluye desde el gobierno y por amenazas contra los periodistas.

Un ejemplo de lo anterior lo indicó sobre el caso del diario Reforma: “el hecho de que una de las principales fuentes independientes de monitoreo en México haya reducido sus informes sobre homicidios del crimen organizado, ha hecho más difícil este año la tarea de evaluar las cifras reportadas por el gobierno de México y otras fuentes sobre la violencia”.

El informe sugirió que “…el Presidente enfoque su atención en el fortalecimiento de la aplicación de la justicia, medidas para la prevención del crimen, la promoción de empleo, invertir en educación y programas de desarrollo social”.

Por su parte representante del Observatorio Ciudadano insistió en que en un primer momento es necesario capacitar a los estados en materia de captura de información y cruce de datos entre las distintas dependencias de seguridad pública.

En un segundo momento, sugirió una auditoria general a la base de datos que concentra todas las cifras de delitos en el país y que se sumen elementos como los que arrojan los llamadas C4 instalados en distintas ciudades.

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