En Guerrero, explotación y despojo de tierras a indígenas; ejército protege intereses de mineras depredadoras

Publicado el Junio 19, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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REVOLUCION 3.0

Guerrero es poseedor de cuatro zonas generadoras de minerales metálicos, tales como oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio y tungsteno. Además de otras tres regiones con potencial no metálico en barito, fluorespato, grafito, cuarzo, calcita, dolomita, puzol, toba, mármol, yeso, amatista, caliza, granito y titanio, así como cobalto, níquel, cromo, potasio y sal, ocupando así el 38 % del estado.

Lo anterior ha provocado que los gobiernos federal y estatal, así como compañías de capital extranjero, consideren a Guerrero como una de las entidades con mayor potencial para el desarrollo minero en el país.

“En México los pueblos indígenas siempre han padecido graves problemáticas de ataques y discriminación, la explotación se suma a ellas, cuando el gran capital y sus poderosos intereses buscan con favores de políticos o por medio de leyes secundarias hechas a modo, provocar el despojo de sus recursos naturales y de sus territorios, siendo los principales depredadores de estas regiones, las empresas mineras”, afirma la socióloga y activista social Alejandra Carrasco, defensora de los pueblos indígenas del sur.

El 15 de julio de 2013, la Comunidad San Miguel El Progreso, en Guerrero, interpuso una demanda de amparo, que señala que la entrega de las concesiones mineras contraviene a la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado; en aquel momento la defensa sustantiva de las concesiones y de la actual Ley Minera recayó en la Dirección General de Regulación Minera y en la Presidencia de la República,  representado en el juicio de amparo por la propia Secretaría de Economía.

“Fue así como el cinismo de Enrique Peña Nieto pasa un límite más al poner en contra de la población indígena a su secretaria de Economía, cuya resolución fue sin lugar a dudas aplastante, al determinar en sus informes que la demanda interpuesta por la comunidad, derivaba en la improcedencia del juicio, alegando principalmente, que no existen los derechos invocados por la Comunidad Me’phaa, que los actos son irreparables, y que San Miguel El Progreso carece de interés jurídico para impugnar las concesiones mineras”, explica Carrasco.

El argumento del gobierno también versó en que “los recursos minerales son propiedad exclusiva de la nación, por lo que el ejecutivo federal puede concesionarlos libremente siempre y cuando cumpla la ley secundaria; ya que las concesiones mineras no confieren a sus titulares derechos sobre la superficie del terreno”.

Hasta 2005, en Guerrero habían 417 títulos de concesión minera, equivalentes a 388 mil 225 hectáreas, pero en los años subsecuentes, derivado de exitosos resultados de extracción de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp, en la comunidad de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, se incrementó el número de solicitudes de títulos de concesión, llegándo hasta los poco más de 600 títulos. Hoy en día en el estado de Guerrero se han concesionado alrededor de 704 mil 736 hectáreas.

“Gran parte de ese número de hectáreas pertenece a la Montaña, una de las 7 regiones geográficas del estado de Guerrero, cuyos habitantes indígenas en los últimos años han padecido la ambición económica, producto de los 42 yacimientos mineros ubicados en esa zona. Hasta hoy el Gobierno Federal fácilmente ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años. para que se realicen actividades de exploración y explotación minera, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas Naua, Me’phaa y Na Savi, que ahí habitan”, enfatiza Carrasco.

Según datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los títulos entregados en la Montaña corresponden a poco más de 200 mil hectáreas y actualmente se encuentran, todas, en la fase de exploración. Por lo que las comunidades indígenas y campesinas siguen realizando actos de resistencia contra la minería y otros proyectos que alteran sus territorios en diferentes regiones de Guerrero, asegurando que “no están rechazando el llamado ‘desarrollo’; por el contrario, se están defendiendo de aquellos megaproyectos que ponen en riesgo sus tierras y su entorno natural, debido a que estos atentan directamente contra el espacio físico donde se construye la identidad y la supervivencia de los pueblos: el territorio”, afirman los activistas que conforman dicha organización.

El abogado ambientalista Jorge Zapata asegura que “la lucha legal, además de buscar justicia para San Miguel, también tiene como objetivo demandar el amparo de los derechos colectivos indígenas, porque no haber un freno a estos actos inhumanos producirán daños irreparables, por eso hoy se lucha por hacer ver, por medio de evidentes pruebas, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una ley secundaria, que fue hecha a modo para abrirle las puertas al saqueo de la riqueza de todo el territorio nacional, beneficiando inconmensurablemente a los empresarios y gobierno, por encima de los estragos que causarán en campesinos e indígenas mexicanos”.

“Al tiempo que en un hecho inédito, San Miguel del Progreso, obtuvo un amparo contra las concesiones mineras entregadas en su territorio, el Gobierno Federal dio inicio a revertir la resolución, producto de la presión de las empresas mineras, cuyas inversiones cercanas a los 4 mil millones de dólares están en riesgo de frenarse las concesiones, lo que ha derivado en ataques constantes a la población, además de amenazas e intimidación”, comenta Zapata.

Asegura que en innumerables ocasiones las mineras han sido resguardadas por el ejército a petición de los empresarios y los campesinos han sido ultrajados y hostigados. A esto se le ha sumado el hecho de que, en marzo pasado, la minera canadiense Gold Corporation confirmó que “entrará de lleno” en México, con una inversión de dos mil millones de dólares en los próximos cinco años, incluido Guerrero, según datos de la misma compañía.

 

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