Estado de los ESTADOS: Nadie grita ¡al ladrón!

Publicado el Noviembre 25, 2015, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.

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Unos se van, otros llegan. El acuerdo es que ninguno hablará de las cuentas del otro sino todo lo contrario, existe el compromiso de que los Congresos locales las aprueben sin ninguna observación.

Fuera de reflectores y micrófonos y en las charlas “en corto”, la mayoría se queja de que le dejaron las arcas vacías, de que se llevaron las computadoras, las sillas, escritorios y hasta con los lápices y las plumas además del papel y los folders arrasaron. Pero en lo oficial las entregas recepción relacionan todo el inmobiliario como si no faltara una sola pieza y firman de acuerdo con lo que se recibe. Algunos, porque los hay, copian cada una de las hojas de este expediente y la guardan por si se comete algún error y se paga con una recepción encubridora. Y es así en… todos los casos.

La cleptocracia que gobierna México se resiente en los tres niveles de gobierno, sin importar etiquetas partidistas. El saqueo de las arcas nacionales, estatales y municipales se mantiene en total impunidad. Hay omisión o abierta complicidad de las autoridades judiciales y legislativas que incumplen los principios constitucionales de la división de poderes. Los funcionarios, ex funcionarios, gobernadores, ex gobernadores, alcaldes y ex presidente municipales no son llamados a rendir cuentas ante sus gobernados del ejercicio indebido de los recursos fiscales. La impunidad multiplica el despojo, el saqueo a que son sometidas las arcas públicas día tras día. Nadie es castigado. Unos a otros se tapan en una extensa red de complicidades.

De los gobernadores que recientemente abandonaron el poder, al menos nueve dejaron pendientes de aclarar una estela de manejos dudosos de fondos federales. Los mandatarios salientes de Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche, concluyeron sus gestiones sin aclarar manejos irregulares de 16 mil 657 millones de pesos  detectados por la Auditoría Superior de la Federación. ¡Y no pasa nada! Ninguno de ellos ha sido llamado por su sucesor o citado para aclarar la opacidad en esos manejos.

Y de las 13 entidades que renovarán sus gobiernos en 2016, al menos ocho mandatarios dejarán sus estados con cuentas pendientes por saldar ante la Procuraduría General de la República (PGR). Por irregularidades detectadas en el manejo de recursos federales en diversas cuentas fiscalizadas, los gobiernos de Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, han sido denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

EXPRIMEN A LOS MAS POBRES

El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, tiene en su contra siete denuncias. La querella más reciente es por las irregularidades detectadas en la cuenta pública de 2013, debido a que el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) realizó 9 mil 906 pagos indebidos por 54.7 millones de pesos con recursos del FAEB a maestros comisionados a diferentes secciones sindicales. A partir de este renglón se explica el apoyo que le ha dado el mandatario a todo lo federal, porque también está en veremos su cuenta en relación con las aportaciones tanto de salud como las de Sedesol.

Mariano González Zarur, gobernador de Tlaxcala, tiene que hacer frente a 12 denuncias: una se refiere a la cuenta de 2011, dos más a la de 2010 y el resto corresponde a 2012.  Una de las querellas se refiere a el pago de 1.1 millones de pesos para la compra de alimentos y otros gastos pendientes de comprobar para el festejo del Día de la Educadora, mismo que no es financiable por el Fondo. Y están las relacionadas con los apoyos solicitados para programas en el campo que no existen y, entre otros, para unas recepciones provenientes del extranjero para campañas de vacunación que tampoco se llevaron a cabo. Estos últimos se recibieron en euros.

En Colima, donde se realizarán elecciones extraordinarias el 17 de enero de 2016, el gobierno de Mario Anguiano suma 10 denuncias referentes a las cuentas de 2008, 2009, 2010 y 2013. Hace poco fue acusado de pagar a docentes que se encontraban como comisionado en las secciones sindicales en la entidad, con un daño calculado al erario por 32.2 millones de pesos. A lo anterior habrá que agregar que se suma toda su parentela a las acciones que mucho tienen que ver con los amos de las anfetaminas y que, al igual que los tres ex gobernadores asesinados más el atentado a Fernando Moreno Peña revelan los nexos de los Anguiano con estos grupos.

Por lo que toca a Hidalgo, el gobernador José Francisco Olvera fue acusado de pagar a 205 maestros que desde 2008 estaban registrados como trabajadores dados de baja, jubilados e incluso muertos. El daño al erario alcanza los 28.5 millones de pesos. Curiosamente la mayoría de los señalamientos sobre malos manejos en las cuentas públicas tienen que ver, en principio, con el magisterio, con la educación, cuando en el caso de Hidalgo son muchos los apoyos federales que se reciben para las zonas siniestradas y para la construcción de caminos que nunca se ven. Ni que decir de la deuda que tienen con proveedores y con los ejidatarios a los que primero les expropiaron a precio de regalo sus tierras para un aeropuerto y después para una refinería. Ninguna de estas obras llegó y ahora son particulares las que las poseen.

En el caso de Zacatecas, el gobierno de Miguel Alonso suma ocho denuncias de las cuentas 2010 y 2011. Una de las acusaciones se centra en el pago que la Secretaría de Educación y Cultura estatal hizo por 25 millones 704 mil pesos a 377 empleados comisionados a otras dependencias en las que no desempeñaban funciones relacionadas al servicio de educación básica. Las partidas presupuestales federales se multiplicaron para esta Entidad por el argumento presentado sobre los pueblos fantasma y la necesidad de crear nuevas fuentes de empleo que detuvieran la migración. Ni obra pública ni nuevas inversiones y el dinero que se recibió, según los de la ASF desapareció, no lo encuentran, no está aplicado.

EN EL NORTE, LOS ABUSADILLOS

En Tamaulipas, al gobierno de Egidio Torre Cantú la Auditoría le detectó sobre la cuenta de 2010 que la Secretaría de Educación realizó pagos a maestros registrados en nómina, pero no en el programa de carrera magisterial. El daño asciende al menos a 212 millones 775 mil pesos.  Se le ha hecho ver que ha recibido fuertes sumas de dinero para el renglón seguridad, sin embargo y pese a que la federación también ha enviado uniformados al por mayor, los habitantes de ese Estado siguen sumidos en el terror y lo que es todavía peor, a este mandatario difícilmente se le ve en la capital o haciendo recorridos y cuando circula por esas tierras va rodeado de más de 12 camionetas que lo escoltan. La desaparición de las partidas en Salud es otro de los renglones a investigar.

El gobierno de Chihuahua que encabeza César Duarte es uno de los que más indagatorias acumula, al sumar 17 denuncias presentadas entre el 3 y el 22 de septiembre con relación al desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en las cuentas de 2009 y 2010. Por ejemplo, durante la auditoría realizada a la cuenta 2010, se detectó que el gobierno estatal había desviado recursos del FAEB para pagar a 31 maestros aviadores más de 4 millones de pesos. Sin embargo, el estado pudo comprobar la aplicación de 3 millones 944 mil pesos. Los gastos en manejo de imagen han sido excesivos y más aún aquellos que se dirigen a sus cuentas personales y a la asignación de bonos y premios a un grupo de subalternos que no cumplen ni con sus funciones ni con las obligaciones que les son asignadas. La entidad enfrenta una gran deuda tanto a los bancos como a los proveedores y de entre ellos a los que venden armas, chalecos, uniformes a quienes les fueron asignadas millonarias compras de manera directa.

El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, concluirá su periodo con cinco denuncias aún en integración. La última fue presentada el 18 de septiembre de este año, pues fue otro de los estados que simuló reintegros de recursos, a través de un simple mecanismo: una vez solventada la observación con el reintegro del monto, los recursos eran retirados de la cuenta para utilizarlos en gastos distintos a los que estaban destinados en un inicio. O sea que Malova resultó el gran mago de la “lavada de dinero” y no es para menos si se toma en cuenta el caudal de antecedentes que lo ligan con quienes están obligados a sacar la billetiza de las caletas antes de que se les remojen y las pierdan.

PARTIERON CON EL BOTÍN

Los que ya se fueron sin aclarar los manejos irregulares de más de 16.6 mil millones de pesos son los mandatarios de Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Nuevo León, Colima y Michoacán. Los daños a la hacienda pública de esas entidades se hicieron a través de traspasos a cuentas no autorizadas, dinero generado por intereses o subejercicios que no fue reintegrado a la Federación, compras sobrevaluadas y subutilizadas, uso de los recursos etiquetados para destinos distintos al objetivo de los fondos, así como pagos a personal docente o de salud que no demostró estar calificado para la tarea.

Las irregularidades detectadas por la ASF se localizan en los fondos de aportaciones para la Educación Básica, para los Servicios de Salud, para la Infraestructura Social, de Aportaciones Múltiples, de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y los convenios celebrados con el gobierno federal.

El mayor número de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación se localizan en la administración del priísta Fausto Vallejo Figueroa, en Michoacán, las cuales suman siete mil 786 millones de pesos por aclarar. En el ejercicio 2013 destacan la adquisición de un vehículo con valor de 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal y que actualmente se encuentra siniestrado, o la compra de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de servicios de salud por un monto global de 4 millones 472 mil 357 pesos a un precios superior al de referencia. También pagos indebidos a la Sección XVIII del SNTE por conceptos no reconocidos por los convenios laborales, por un valor total de 223 millones de pesos. Así como transferencias del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por dos mil 139 millones a cuentas pertenecientes al fondo y sin haber realizado el reintegro total de dichas transferencias.

Cabe destacar que un año después de rendir protesta al cargo, Fausto Vallejo Figueroa solicitó licencia por motivos de salud y fue sustituido temporalmente por Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, Estado de México, acusado de vínculos con el crimen organizado. Y todas esas aclaraciones de desvíos son sólo las provocadas en 365 días, imaginemos a cuanto ascienden cuando concluyen los sexenios.

Nuevo León es otro caso relevante de cleptocracia impune. La ASF detectó que el gobierno de Rodrigo Medina subejerció 89 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), equivalentes a 54 millones 706 mil 700 pesos al cierre de 2013 y la compra de un escáner para localización de cadáveres con un valor de un millón 67 mil 200 pesos que se encuentra sin uso. A eso hay que agregarle la deuda, su refinanciamiento, las comisiones pagadas por ello, el dinero que se desapareció cuando estaba a la mitad del sexenio y que su señor padre se encargo de publicitar que era directamente para la campaña presidencial del gran amigo de su hijo, del mexiquense inquilino de Los Pinos.

En Baja California Sur se detectó que el gobierno de Marcos Alberto Covarrubias pagó un millón 688 mil 720 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a seis médicos especialistas que carecen de la documentación indispensable para acreditar el perfil de la plaza para la que fueron contratados. Y eso es lo mínimo ya que en las autorizaciones para la venta de terrenos con fines turísticos se marcaron precios diferentes, o sea, los que se aprobaban en el Congreso y que terminaban en las arcas y las jugosísimas cantidades que se entregaron por debajo del agua. De lo que se pudiera comprobar ya nada existe ni se aplicó a las partidas presupuestales que se marcan en sus tesorerías.

Por lo que toca a Sonora, la administración de Guillermo Padrés incumplió con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y realizó transferencia por 100 millones de pesos a cuentas bancarias estatales durante seis meses; erogó 7 millones 10 mil 500 pesos en una partida distinta a la autorizada y otros 2 millones 877 mil 400 pesos en alimentación de fondos destinados a otros objetivos. Además de las construcciones y propiedades realizadas durante su mandato y que se advierte no fueron egresos surgidos de su nómina salarial.

NI LA MAFIA LOS LLENA

Respecto a Colima, en la administración de Mario Anguiano Moreno, en 2013, la Secretaría de Seguridad gastó 3 millones 951 mil pesos al pago de apenas el 60 por ciento del valor de un vehículo blindado Tigger. Asimismo, la Coordinación de los Servicios Educativos del estado pagó 166 millones de pesos en conceptos no financiables con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. Y en estos casos parecería que con el dinero que reciben de los mafiosos debiera ser suficiente para no tener que tomar, además, el de las arcas. Sin embargo, nada les satisface totalmente.

Por lo que toca a San Luis Potosí, la ASF encontró que los Servicios de Salud pagaron 514 mil 400 pesos en 2013 a dos médicos que realizan funciones administrativas. Además no se realizaron inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos con recursos del fondo. Y si bien hay otros renglones muchos más importantes en cuanto a cifras de dinero, éstos sobresalen porque el ex gobernador es médico, sabe lo que se padece en cada centro de salud y de las necesidades sin satisfacer que existen en ese ramo.

Respecto a Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre gastó un millón 817 mil 448 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el pago de salarios a 72 empleados que estaban dados de baja al momento de realizar el cobro.  Y el que lo sustituyó también se sirvió con la cuchara grande y las nóminas fantasma en varios renglones aparecen a cada revisión de la ASF ya que también reciben aportaciones federales que fueron etiquetadas a solicitud por supuestas carencias y necesidades que, finalmente, resultaron para las familias de los gobernadores y no para los guerrerenses.

En Campeche, en el gobierno de Fernando Ortega, en 2013, la Secretaría de Educación (Seduc) utilizó 6 millones 664 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) para la compra de vales para pavo, uniformes deportivos, medallas, entre otros enseres, considerados no financiables con los recursos del fondo. A este mandatario lo persiguen por los cuantiosos gastos en obras que no se concluyeron y que además se llevaron a cabo con materiales de muy baja calidad. Un paradero para la venta de pescados, por citar solo otro ejemplo, lo cotizó en 22 millones de pesos cuando, en el lugar, aseguran que no llega a 800 mil pesos esa obra.

Y en Querétaro, la ASF detectó que la administración de José Calzada Rovirosa,  en 2013, destinó 225 mil 264 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples al pago de prestaciones no autorizadas por el consejo a trabajadores de la Universidad del estado.  Pese a que es una de las Entidades productivas en varios renglones también cuenta con una deuda que sus ciudadanos no se explican y el envejecimiento de calles y avenidas no se detiene porque el dinero para obras se ha desviado.

Sin embargo, las investigaciones no avanzan en la PGR y la impunidad sigue imperando en todos los casos, en los de aquellos que ya se fueron y los que están por irse.

DE LOS PASILLOS

Más que celebrar el desempeño de las fuerzas policíacas en contra del magisterio, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, debería abocarse a resolver los problemas de fondo de la educación en el país. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reveló que cerca de dos millones de alumnos de primaria en el país enfrentan condiciones de inequidad y desigualdad en la oferta educativa, pues sus escuelas, acceso a materiales educativos y tiempo dedicado al aprendizaje en el aula, tienen las condiciones más precarias. A lo anterior se suma que del 8 al 17 por ciento de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria enfrentan algún tipo de maltrato físico o sicológico…

La administración de Enrique Peña Nieto ha avanzado bastante en su propósito de eliminar el sector energético estatal de México. En este 2015, Pemex procesaría la menor cantidad de barriles de crudo por día en los últimos 25 años, según documentos oficiales. La producción en  en sus refinerías es del orden de los 1.092 millones de barriles por día, la cifra más baja desde que se tienen registros públicos en 1990. Todas las refinerías han tenido paros no programados durante este año, 73 hasta agosto.

 

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