Ataque a activistas en Iztapalapa planeado con alevosía; Gobierno federal y de Mancera cómplices de represión: FNLS

Publicado el Diciembre 4, 2015, Bajo Derechos Humanos, Autor LluviadeCafe.

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REVOLUCION 3.0
A casi un mes del atentado que sufrieron tres activistas en la delegación Iztapalapa, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunciaron la inacción de las autoridades capitalinas para dar con los responsables. Demandaron que existe complicidad por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera para evitar el esclarecimiento de los hechos, ya que, aseguran, quieren ocultar que el intento de homicidio fue ordenado desde el gobierno federal.

Los miembros del FNLS manifestaron que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aún no tiene líneas de investigación establecidas para seguir el caso. Además subrayaron que las autoridades apuestan a la dilación y al cansancio para no rendir cuentas por lo sucedido.

Dos de los tres activistas que resultaron heridos-Matías Flores y Jesús Hernández- por arma de fuego, ya abandonaron el hospital, aunque siguen siendo atendidos por las secuelas que dejó la agresión; el tercero-Rubiciel Hernández-sigue hospitalizado y corre el riesgo de no volver a caminar por el impacto de bala. Cabe mencionar que el ataque se suscitó justo cuando los tres activistas realizaban una serie de actos para denunciar la ejecución extrajudicial del activista indígena, Héctor Santis López, asesinado por un grupo paramilitar en Chiapas.

Susana Aguilar Pintor, integrante del FNLS, aseguró que el ataque en contra de los tres activistas es la respuesta del Estado ante la lucha que han iniciado. En los últimos meses, el FNLS ha tenido una activa participación n diversos rubros, como: la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como la liberación de los presos políticos.

Al dar a conocer la posición del FNLS ante los ataques, Aguilar Pintor enfatizó que las autoridades buscan “dotar de impunidad a los responsables” de la agresión. Reiteró que el Estado mexicano en lugar de responder con soluciones ante el reclamo ciudadano, ocupa la represión para acallar las voces que exigen justicia y alto a los crímenes de lesa humanidad.

De manera particular detalló lo que ha sido el actuar de la PGJDF. Señaló que con “argucias leguleyas” esta dependencia, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, ha tratado de retrasar las investigaciones. Señaló que las autoridades han asegurado que las cámaras el gobierno del Distrito Federal no captaron a los agresores en el momento que dispararon contra los activistas.

“La actitud mostrada refleja la complicidad de las estructuras gubernamentales (…) es evidente el cinismo con el que intentan cubrir al agente policiaco-militar responsable del ataque, para evitar que se sepa que fue un crimen de Estado (…) El crimen revela que defender los DD.HH., exigir mejores condiciones, denunciar el terrorismo de Estado se castiga con balas”, apuntó.

“Fue un ataque planeado”

Matías Flores, uno de los activistas sobrevivientes al ataque del pasado 7 de noviembre, aseguró que el atentado del que fue víctima, junto con otros dos compañeros, fue planeado por el Estado con el único objetivo de detener la lucha del FNLS. Acusó al Gobierno de Mancera de ser cómplice de un pacto de impunidad para que no se castigue al responsable material e intelectual de lo sucedido.

Criticó que a unos días de cumplirse el primer es del ataque, la PGJDF no tiene avances, y sólo ha entorpecido las pesquisas.

“El 7 de noviembre fuimos víctimas del atentado que el Estado preparó con tiempo para poder detener esta lucha que hemos emprendido (…) Hoy denunciamos, de nueva cuenta, la represión que ha emprendido el Estado en contra de todos los que integramos el FNLS. Denunciamos que desde el día del ataque-donde fuimos heridos tres de los cinco que íbamos-hasta el día de hoy no ha habido ningún avance en la investigación para el castigo a los responsables de este atentado”, señaló.

Reiteró que a pesar que su Estado de salud le obliga a guardar reposos, es necesario salir y denunciar lo sucedido ante el intento de las autoridades de que el ataque quede impune. Advirtió al gobierno que la lucha del FNLS no se detendrá a pesar de la represión.

“Desde que estábamos en el hospital, el MP fue a vernos para que declaráramos sobre lo que paso. Desde ese día han tenido toda la información, inclusive tienen las cámaras que grabaron, pero desde ese día hasta hoy no ha habido ningún avance.

“A pesar que medicamente la indicación es que tenemos que guardar reposo, luego de tres operaciones, pero ante la impunidad que existe tuvimos que salir para poder venir y denunciar de manera personal esta negativa del Estado para que se castigue a los responsables materiales, e intelectuales. No vamos a claudicar a pesar que el Estado busque detener la lucha con estas acciones. Vamos a seguir exigiendo la aparición de los desaparecidos, justicia para el pueblo. Por el trabajo que hacemos es que el Estado se empeña en masacrarnos, desaparecernos, en detenernos”, señaló.

Por su parte, Jesús Hernández Reyes, activista sobreviviente del ataque, consideró que la agresión en contra del FNLS se deriva luego de la fuerte campaña que han realizado para exigir alto al “terrorismo de estado”. Recordó que en febrero participaron en la gira nacional de desaparición forzada que recorrió diversas entidades para evidenciar el problema que vive México.

Dijo que luego del asesinato de Héctor Santis López, el pasado 29 de septiembre, este es el segundo ataque donde se ve la intención del gobierno por desarticular el movimiento que han iniciado.

“La segunda intento para agredir al FNLS de dio el 7 de noviembre, cuando cinco compañeros nos trasladábamos al metro Guelatao, cuando un sujeto de aspecto policiaco se acercó, la consigna era hacernos daño directamente. Era una acción de un elemento que salió del Ejército o de la PF de eso no hay duda”, dijo.

El activista cuestionó el porqué las autoridades defeñas han negado la existencia de videos. Aseguró que si se presentaran los materiales, se demostraría que la acción fue mandada desde el gobierno.

“Denunciamos que hay complicidad del GDF al ocultar y poner todas las trabas para que se vean los videos. Es un absurd0y no creemos que las cámaras no hayan grabado el momento de los hechos. ¿Por qué se oculta el video de los hechos? Porque queda evidenciado que un sujeto del Estado fue el responsable, queda evidenciada la forma en cómo se ensañó con nosotros. Presentar ese video, quedaría evidenciado el Estado mexicano, no tendría elementos para defenderse, y se sabría que fue un acto preparado, meditado con alevosía y ventaja por el Estado”, dijo.

Jesús Hernández detalló que el hostigamiento continúa desde el ataque. Señaló que dese que comenzaron los mítines para denunciar la ejecución extrajudicial de Héctor Santis López, agentes del Estado se infiltraban en los actos y los fotografiaban. Dijo que esta situación se sigue dando.

“Si un movimiento popular le es incómodo le tiene que dar seguimiento, le tiene que dar los golpes que sean necesario para que no se movilicen. No vamos a claudicar aunque nos avienten balas. Esto es señal que vamos avanzando y que el Estado quiere frenar nuestra lucha por medio de la represión. Lo ha hecho con otros movimientos”, dijo.

Quejas ante la CDHDF y la CNDH

Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, detalló que ya se han interpuesto sendas quejas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Añadió que se pidió a estas instituciones que garanticen el resguardo de los videos que siguen la secuencia de los automóviles donde viajaban los agresores.

“Lo que se le solicitó a la CDHDF es garantizar el resguardo de los videos, estamos hablando de 70 cámaras, de los cuales hay videos de los automóviles. También se pidieron medidas precautorias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. Y hemos pugnado por una atención médica de calidad y digna para las víctimas”, señaló.

Héctor Cerezo afirmó que la PGJDF “está haciendo todo lo posible para obstaculizar el acceso a la justicia”. Además llamó al procurador Rodolfo Ríos Garza que rinda un informe sobre lo sucedido pues “después de 25 días, ni siquiera tienen los modelos de los carros, las placas, y no dan los videos”.

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