Ley en materia de desaparición forzada en el olvido; compromisos con familiares, todavía pendientes

Publicado el Enero 15, 2016, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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Revolución TRESPUNTOCERO

A pesar que desde la pasada legislatura el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales para poder generar ordenamientos en materia de desaparición forzada y que a inicio de septiembre varios coordinadores parlamentarios se comprometieron a impulsar el tema y dictaminarlo en el primer periodo ordinario de sesiones, el análisis de la Ley General de Desapariciones Forzadas parece haber quedado en el olvido.

La primera semana de septiembre, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, declaró tras una reunión con familiares de víctimas, que se había comprometido a aprobar la iniciativa que junto con organizaciones sociales, los familiares habían estructurado y posteriormente, entregado a la Cámara de Diputados.

En esa ocasión, el expresidente del sol azteca afirmó que se constituirían grupos de trabajo para mantener el diálogo con organizaciones, académicos y especialistas interesados en el tema; además, reconoció que tras las modificaciones al artículo 73 constitucional, el Congreso disponía de un plazo fatal para aprobar la ley secundaria.

Por separado, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, afirmó que para su bancada, el análisis de dicha ley sería prioritario y agregó que actuarían con “absoluta sensibilidad” para escuchar los planteamientos de todos los actores involucrados.

A pesar de la “buena disposición”, cuatro meses después, la ley sigue en la congeladora parlamentaria hasta que la mayoría considere que es un buen momento retomarla.

Exigencias de la ciudadanía

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles han exigido al gobierno federal y al Poder Legislativo, en primer lugar, reconocer la dimensión del problema –mismo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado como “sistemático”- pues aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce más de 25 mil víctimas, hay una enorme cifra negra de personas que no han interpuesto la denuncia correspondiente por carecer de confianza en las instituciones.

También exigieron que se garantice su participación en la discusión de la nueva ley, así como la inclusión de mecanismos de rendición de cuentas para las instituciones y servidores públicos encargados de su implementación; además de que una vez que sea publicada, sea obligatoria para las instituciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo a las propuestas de la organización civil, las disposiciones de esta ley deberán formularse con perspectiva de género, con visión de derechos, ser aplicadas a todas las desapariciones; es decir, a las ocurridas en el pasado, las que puedan generarse en el presente y las futuras y, en el caso de la desaparición de migrantes, se exige que haya un enfoque transnacional y diferenciado por grupos en situación vulnerable.

Pugnan además por la armonización de todos los ordenamientos jurídicos –en un lenguaje sencillo y accesible para toda la población- para que su aplicación se realice de manera eficiente, lo que incluye la necesidad de que se capacite y sensibilice a todos los funcionarios responsables de su aplicación.

Como última exigencia, las organizaciones solicitaron en su propuesta de ley, que se garanticen las condiciones para la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, misma que debe contar con instrumentos científicos, ser transparente y expedita.

Llamado internacional

A finales de agosto del año pasado, la ONU –a través de la Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México- pidió al gobierno de Peña Nieto tomar en cuenta las propuestas realizadas por los familiares de las víctimas, tras considerar que son importantes lecciones cargadas de sufrimiento, pero también de sabiduría.

El organismo añadió que la participación de los familiares será indispensable para dotar a la ley de legitimidad.

En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó a nuestro país para coadyuvar en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero incluyó –en el informe que presentó sobre el caso- varias recomendaciones al Estado mexicano para atender las desapariciones forzadas.

Entre ellas destaca la necesidad de generar una ley integral, un registro único nacional de desaparecidos (así como revisar el que ya existe), establecer el procedimiento de búsqueda en las primeras 72 horas y permitir la participación de familiares en él; fortalecer la base de datos genética de la Procuraduría General de la República (PGR), crear una comisión de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones.

Además, solicitó implementar un mejor resguardo de los lugares del hallazgo de cadáveres y restos óseos, contar con un sistema de identificación dactilar, permitir el acceso de los familiares de las víctimas a los expedientes, investigar de oficio y sin mayores dilaciones los casos de desaparición, aplicar el Protocolo de Minnesota para ampliar la investigación en caso de que se registren ejecuciones extrajudiciales, rechazar pruebas obtenidas por medio de la tortura, reglamentar la exhumación y entrega de restos, capacitación para agentes en materia de derechos humanos, reconocer la figura de ausencia y crear un organismo pericial autónomo.

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