Grupo Higa reparte 100 mdp en Xochicuatla para proceder con la obra Toluca-Naucalpan; violarán DH de 15 mil indígenas

Publicado el Mayo 16, 2016, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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Como parte de su estrategia para seguir expropiando las tierras de los poblados de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción, la constructora Autovan, filial a Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, ha repartido a los integrantes del comisariado de los bienes comunales (CBC), representado por 882 comuneros, a través de las autoridades mexicanas, al menos 100 millones de pesos.

Grupo Higa además de ser conocida como la favorita de Peña Nieto, tiene diversos casos de expropiación de tierras y afectaciones a comunidades indígenas, uno de ellos al obtener la concesión en 2007 para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen 15 mil habitantes de los dos poblados antes dichos.

Los pobladores que se oponen han interpuesto diversos amparos que han frenado la obra durante ocho años y denuncian que los miembros de la CBC están cooptados por el gobierno y por ello no han informado debidamente a la comunidad el proceso de expropiación de 37 hectáreas que serán dañadas por el proyecto carretero y el cual violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomís.

Por su parte , José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), confirmó que integrantes de la CBC recibieron el dinero del gobierno, acción de la empresa para dividir a los pobladores y comuneros.

“La mayoría de los que están en favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del estado de México y por parte de la empresa’’, detalló para La Jornada.

Agregó que la problemática no es principalmente por el derecho agrario si no por los derechos indígenas avalados en el artículo 2 de la Constitución mexicana y tratados internacionales.

‘‘Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones” declaró.

Por su parte Autovan intenta demostrar a nivel federal que ha cumplido con las normas de derecho agrario por lo que se hizo entrega al juzgado quinto de distrito del Estado de México, copias de certificados de los convenios legales, cheques y trasferencias bancarias que prueban que el CBC aceptó el dinero a cambio de permitir los trabajos de construcción, terrenos que fueron expropiados el año pasado, convenios firmados y en posesión de La Jornada, donde se confirma un fideicomiso por 54.2 millones de pesos.

En 2014 se realizó una asamblea comunal donde se autorizó la construcción de la autopista por 882 comuneros y fuentes jurídicas de La Jornada aseguran que los la CBC sigue solicitando dinero a la empresa para “calmar” las inconformidades y a los opositores.

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