Abengoa, gigante a punto de caer – Dejará inconclusas obras de PEMEX y CFE

Publicado el Junio 14, 2016, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.

20141030-Planta-Cogeneracion-Tabasco.jpg_281398172-c La planta de Abengoa Cogeneración Tabasco en Nuevo Pemex, Tabasco. Foto: Abengoa

Abengoa, el emporio español especializado en energía y que ha trabajado en México desde 1979, está a un paso de la quiebra. Malos manejos de algunos de sus ejecutivos –quienes usaron información privilegiada en su provecho, o la filtraron– le pusieron la soga al cuello. El problema es que el consorcio, uno más de los consentidos de la actual administración federal, dejaría inconclusas muchas obras, dos de ellas de especial relevancia, contratadas con Pemex y la CFE.

POR ALEJANDRO GUTIÉRREZ, MADRID (Proceso).-27 MAYO, 2016 REPORTAJE ESPECIAL

Aún no está claro si Abengoa podrá evitar la bancarrota. El consorcio español especializado en energía y medioambiente, con presencia en 70 países, está en proceso de reestructurar su inmanejable deuda de casi 9 mil millones de euros, pero se enfrenta a rígidas condiciones impuestas por los bancos acreedores.

En México, la crisis de la multinacional tiene en vilo obras que le fueron adjudicadas por el gobierno federal; algunas serían un hito para el gobierno de Enrique Peña Nieto, en su reforma energética.

Los directivos de la matriz en España le explicaron al gobierno de México su plan de rescate financiero y ofrecieron la certeza de que su filial mexicana mantendría presencia en el país, como informó la embajadora de México en España, Roberta Lajous, en su cuenta de Twitter (“Con directivos Abengoa. Pasando revista inversiones México”, escribió) y luego la embajada se lo confirmó a Proceso.

Fue el pasado 28 de abril cuando, a petición de la multinacional, Lajous recibió a los ejecutivos de Abengoa en su residencia, acompañada por la responsable de Pro-México en España, Ximena Caraza, y por Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Hispano Mexicano y uno de los empresarios más cercanos a Peña Nieto.

Sin embargo, el difícil panorama financiero de Abengoa –que secó las finanzas de su filial en México y otros países, producto de su esquema administrativo centralizado que acumula sus ganancias en España–, pone en entredicho el cumplimiento de uno de los hitos del Plan Nacional de Infraestructuras 2014-2018: la construcción de la central de ciclo combinado Norte III, en Ciudad Juárez, con capacidad de 946 megawatts (MW), que representa una inversión de mil 550 millones de dólares.

Esta obra licitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la mayor central de ciclo combinado de México bajo el esquema de productor independiente de energía, para abastecer la demanda energética en el norte de México los próximos años. Sin embargo, hay incertidumbre de que la compañía pueda darle continuidad a la obra y que se cumpla la entrega, en octubre de 2017.

Fuentes del sector energético en España dijeron a este semanario que esta participación en Norte III es analizada en despachos de la compañía y de la CFE en México y en España. También, aseguran, la empresa tiene casi como una salida posible la venta de su participación en este contrato y que hay empresas estadunidenses y españolas interesadas en adquirirla; entre ellas Iberdrola, que en una primera licitación ganó esa obra, luego impugnada por Abengoa, que la obtuvo en una segunda licitación. Pero hasta hoy no existe un anuncio oficial.

Este contratiempo afecta otras obras relacionadas con la planta de energía, como a la construcción del gasoducto San Isidro-Samalayuca, que alimentará la planta generadora con gas natural proveniente de Waha, Texas. Esta obra, que obtuvo IEnova en una licitación en julio pasado, forma parte del corredor de gasoductos en el cual también está el Samalayuca-Sásabe, cuya construcción obtuvo Grupo Carso, explica la misma fuente.

Las bases de la licitación (LO-018TO Q054-T29-2014), añade, obligarían a Abengoa a obtener el permiso de la CFE, en caso de que venda.

Rogelio López Valverde, especialista en el sector energético, citado por el sitio de internet eleconomista.es, coincide en que “si Abengoa toma una decisión inteligente, seguramente venderá el proyecto. El problema radica en que el precio que ofertó la empresa española a la CFE es extremadamente bajo y por tanto poco costeable (para las compañías interesadas)”.

Proyectos abandonados

Abengoa ya abandonó otros proyectos en México. El pasado 28 de marzo le anunció a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que “por así convenir a sus intereses”, decidió salir del consorcio formado con la italiana Enel para otro trabajo en desarrollo: la planta de cogeneración eléctrica en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

Pemex adjudicó ese proyecto en mayo de 2015 a esta sociedad conjunta para construir esta planta con capacidad de 517 MW, con una inversión estimada en 950 millones de dólares.

El pasado 16 de marzo, Joaquín Fernández de Piérola, director ejecutivo de la compañía, anunció que revocaron su participación en el proyecto de Salina Cruz, pero que aunque no participarán con capital aún podrían intervenir en el diseño y construcción, como contratistas.

En una conferencia con inversionistas reconoció que también declinaron desarrollar dos centrales eléctricas de biomasa, una en Bélgica y otra en el Reino Unido, así como una planta de tratamiento de aguas en Colombia (por mil 640 millones de euros).

Sin embargo, aseguró “la viabilidad” de su participación en la planta de ciclo combinado Norte III, y en el polémico acueducto El Zapotillo, en Jalisco.

En este último proyecto, El Zapotillo, el gobierno de Peña Nieto otorgó a Abengoa la gestión, durante 25 años –gracias a la construcción de una presa y un acueducto–, del agua proveniente de Los Altos de Jalisco para alimentar a la zona metropolitana de León, Guanajuato.

El Observatorio Ciudadano del Agua, de Jalisco, denunció que esta concesión representa la privatización del líquido, además de que desproveerá del recurso a un gran número de pueblos de esa región jalisciense.

Por si fuera poco, Abengoa México recibió el 12 de abril la notificación de un juicio ejecutivo mercantil que incluye el embargo precautorio de sus bienes, por parte de la Casa de Bolsa Monex en representación de accionistas minoritarios afectados.

Este proceso mercantil está relacionado con los anuncios que la compañía le hizo a la BMV –en noviembre y en febrero–, aceptando que incumpliría sus obligaciones de pagar los cupones de dos emisiones de certificados bursátiles de corto plazo, que suman 15 millones de dólares. También Monex advirtió al regulador, desde noviembre pasado, de dichos incumplimientos por Abengoa.

La prensa económica española estimó que la compañía suma reclamaciones judiciales por 650 millones de euros por deudas y pagarés vencidos.

Proceso trató de ponerse en contacto con Abengoa para ampliar la información, pero hasta el cierre de la edición no había respuesta.

Historia de un desastre

Hasta antes del pasado 28 de noviembre, cuando Abengoa anunció el preconcurso de acreedores, no había indicios que hicieran ver la delicada situación financiera del consorcio. No hubo señales ni de la compañía ni de la prensa económica española, muy habituada a publicar cada nuevo contrato que la multinacional obtenía en su proceso de internacionalización.

Ese día saltaron las alarmas, porque el anuncio era un paso previo a la quiebra de una compañía que sólo en España tiene más de 20 mil trabajadores.

Ante el impacto en los mercados, la española Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió suspender la cotización de Abengoa; cuando se levantó esa suspensión, la compañía había perdido más de 70% de su cotización en sólo dos días.

El pasado noviembre, la decisión del consorcio de solicitar el preconcurso estuvo precedida por la intención del grupo español Gestamp, a través de su filial Gonvarri, de adquirir 28% del capital de Abengoa a cambio de inyectar 350 millones de euros.

La entrada de Gestamp estaba condicionada a que los bancos acreedores otorgaran una línea de crédito nueva por mil 500 millones de euros, pero éstos no accedieron por el enorme agujero en las finanzas de Abengoa.

La crisis obligó a la empresa a proponer un plan de reestructuración, en el que participan los bancos Santander, CaixaBank, Sabadell, Popular, Bankia, Credit Agricole y HSBC. En marzo consiguió el apoyo de más de 75% de dichos acreedores a su refinanciamiento. Sin embargo, el lunes 9, el diario digital El Confidencial publicó que se había descubierto un nuevo agujero en las cuentas de Abengoa que ponía en entredicho el futuro del plan de viabilidad.

El asunto es que el valor de los activos que la compañía ofreció como garantía a cambio de una inyección de liquidez de entre mil 500 y mil 800 millones de euros es inferior al que estimaron las firmas Álvarez & Marsal (asesora de la compañía) y KPMG (asesora de la banca), diferencia que le imposibilita generar la caja suficiente para pagar la nueva deuda en los plazos convenidos.

“Esta delicada situación dista del panorama que la compañía ofreció para firmar el acuerdo de refinanciamiento, el pasado 10 de marzo, porque la información actualizada prende las alarmas porque el valor de los activos es muy inferior al calculado, especialmente, tras romper el contrato con Pemex para desarrollar una planta de cogeneración de energía en México, por cerca de 950 millones de dólares”, publicó el medio digital.

El preconcurso está envuelto, además, en el escándalo provocado por la millonaria indemnización que en noviembre recibió Felipe Benjumea, presidente y cabeza de la familia que lidera el grupo desde su creación. Se llevó 11.4 millones de euros y Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado, obtuvo 4.5 millones.

La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción abrieron diligencias para investigar estas indemnizaciones, como consecuencia de las querellas judiciales presentadas por los accionistas minoritarios afectados.

El 20 de enero, la titular del juzgado 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó embargar a los dos exgestores, por administración desleal, 10 residencias, cinco coches de lujo y cuentas bancarias. A Benjumea le retiró el pasaporte para evitar que abandone el país y lo obligó a comparecer dos veces al mes ante un juzgado.

En su querella, los denunciantes sostienen que la gestión de la empresa fue “horrible” y que Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la compañía con esas indemnizaciones millonarias días antes de anunciarse el preconcurso de acreedores, cuando “conocían la realidad económica de la sociedad”.

Asimismo, acusaron a Sánchez Ortega por uso de información privilegiada, ya que tras abandonar la compañía fue contratado por el fondo de inversión BlackRock, que se benefició del conocimiento del ejecutivo de la situación de Abengoa, al adquirir a la baja acciones de la misma.

En su comparecencia ante Lamela, Benjumea declaró que el 26 de septiembre el consejo de administración decidió su salida como exigencia de los bancos acreedores para firmar un nuevo préstamo que la compañía requería con urgencia.

El viernes 13, dos semanas después del encuentro con la embajadora Lajous, el consorcio dio a conocer que había perdido 340 millones de euros en el primer trimestre de 2016, lastrada por su entrada en preconcurso de acreedores, sus limitaciones financieras y las afectaciones a sus negocios.

Empresa consentida

En abril de 2013 se emitió el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un mecanismo arbitral del Banco Mundial, en el que sancionaba a México por la suspensión de actividades y cierre definitivo de la planta de tratamiento de residuos peligrosos en Zimapán, Hidalgo, que tenía concesionado la sociedad Sistema de Desarrollo Sustentable.

El laudo se emitió luego de tres años de litigio, a partir de que el ayuntamiento de Zimapán, entonces encabezado por José María Lozano, impidió la operación de la planta al descubrir que –pese a contar con los permisos del gobierno federal– era un confinamiento para residuos peligros que afectaba a la población. No obstante, la decisión violaba un acuerdo de protección de la inversión firmado entre México y España.

La sociedad demandante era controlada por Abengoa México (mediante su filial Befesa Medio Ambiente) y por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), sociedad de capital mixto público-privado donde participan entidades de los Ministerios de Economía y Competitividad y el de Industria, Energía y Turismo del gobierno español.

El gobierno de Vicente Fox puso la primera piedra del proyecto en 2006; la demanda y el litigio tuvieron lugar durante el gobierno de Felipe Calderón, pero el acuerdo final se cerró en el mandato de Peña Nieto.

Los demandantes exigían a México el pago de 96 millones de dólares por los perjuicios provocados por la cancelación del proyecto. Tras muchas negociaciones, la sanción que México pagó quedó entre 42 y 45 millones de dólares.

Pero el nuevo gobierno del PRI accedió a que la disminución de la multa (que pagó a Abengoa y a Cofides) también abriera la gran oportunidad a la multinacional española a participar en los grandes proyectos de inversión que Peña Nieto anunció en el primer tramo de su administración, como parte de su reforma energética y su plan de infraestructura.

Frente a la complacencia del gobierno de Peña Nieto con esa compañía, el rechazo al fallo de CIADI provino de España, donde las organizaciones Ecologistas en Acción, l’Observatori del Deute en la Globalizatió, el Col Lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals y Enginyeria Sense Fronteres criticaron la decisión del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, pese a que Abengoa utilizó información falsa para ocultar la peligrosidad de la planta, que estaba situada en el área protegida de Sierra Gorda y a corta distancia de una población indígena.

La resolución, criticaron, demostraba “el poder que tienen las multinacionales sobre los derechos sociales y ambientales de las poblaciones locales al auspicio de la globalización neoliberal”.

Repudiaron, igualmente, que el gobierno de España consintiera la demanda contra México, “pues demuestra que su principal interés siguen siendo las multinacionales” y que el “ejecutivo español está utilizando recursos públicos en beneficio del lucro de un pequeño sector privilegiado” en vez de utilizar ese dinero en los servicios públicos.

Pero el trato de favor que Enrique Peña Nieto dispensa a Abengoa viene de lejos. Como gobernador del Estado de México otorgó un rentable proyecto a esta compañía española de la mano del empresario consentido del hoy presidente: Juan Armando Hinojosa.

En 2009 una sociedad de Abengoa y Concretos y Obras del Pacífico (del grupo Higa, implicado en el escándalo de la “Casa Blanca”) obtuvo la construcción del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, de Texcoco, un sector en el que la española no había incursionado. Se trata de un centro construido en 8 mil 500 metros cuadrados con museo, biblioteca, módulos de talleres, teatro al aire libre y sala de conciertos, inaugurado por Peña Nieto en 2011, poco antes de terminar su gestión.

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