#Veracruz #Duarte – Y de los periodistas asesinados y agraviados, ¿Quién se acuerda?

Publicado el Octubre 19, 2016, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.

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HERENCIA DE SANGRE
Y de los periodistas asesinados y agraviados, ¿Quién se acuerda?

El gobierno de Duarte en Veracruz ha acumulado el mayor número de periodistas asesinados y desplazados en la historia del país. Desde que se inició, hace seis años, hasta su solicitud de licencia el pasado martes 11, se han registrado 15 asesinatos de comunicadores y 40 han salido de la entidad con medidas de protección federales.

Por José Gil Olmos, APRO, El Mañana, 19 Oct. 2016

El desgobierno de Javier Duarte se resintió primero como una ola de inseguridad y violencia inauditas en Veracruz, que pronto se cebó en los encargados de informar de esa situación, entre ellos la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y el fotógrafo Rubén Espinosa, colaborador del semanario.

A ellos y a decenas de otros periodistas, las instancias de seguridad estatales les negaron acceso a la justicia y garantías para su trabajo. El resultado: al menos 15 comunicadores asesinados y 40 desplazados de su estado con amenazas de muerte. Sin embargo, aún no está claro que Duarte vaya a rendir cuentas de su criminal omisión en la procuración de justicia.

AÑOS DE IMPUNIDAD

La mañana del 28 de abril de 2012, la reportera Regina Martínez fue encontrada sin vida en su casa de Xalapa, Veracruz. Su cuerpo había sido macerado y su garganta destrozada por la toalla que usaron para asfixiarla. Era la primera vez que Proceso recibía un impacto de tal magnitud.

Dos días después el gobernador Javier Duarte escuchó las palabras de desconfianza del fundador de Proceso, Julio Scherer: “No le creemos”. Y cuando el mandatario prometió una investigación seria para dar con los criminales, escuchó los reclamos directos del director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.

En su libro Vivir, Scherer recuerda el desencuentro con Duarte en Xalapa, del que fueron testigos el subdirector Salvador Corro, el reportero Jorge Carrasco y el fotógrafo Germán Canseco:

Duarte de Ochoa los escuchó y tomó la palabra. Su discurso se disolvió en palabras rutinarias, abusivamente aburridas. Habló como los oradores, sin una idea original, igual que los de su clase. La investigación sería exhaustiva, las fuerzas del orden no se darían reposo hasta dar con los criminales. Agregó que Veracruz vivía en el cauce de un río que no alcanzaba la turbulencia. Prevalecía el Estado de Derecho.

No pude más y le dije al gobernador que no le creíamos, que su discurso estaba de más. Yo pretendía dejar claro en palabras ine­quívocas que no siguiera por ahí.

Rodríguez Castañeda intervino, ríspido, directo. Dio cuenta del hostigamiento del que Proceso era objeto. La revista era confiscada en los números ingratos para el gobernador estatal y a nuestra Regina no se le había tratado de la mejor manera. El gobernador se mantuvo en silencio y dio la palabra a cada uno de sus colaboradores…

Me sentí obligado a intervenir. No se trataba sólo de esclarecer el homicidio –Regina toca nuestro corazón–, sino de llegar a las aguas profundas en las que Veracruz se debatía en la zozobra, como el país.

Un año después, cuando Jorge Carrasco, como coadyuvante en la investigación de la muerte de Regina Martínez, recibió mensajes amenazantes “por no entender que el caso de Regina ya está resuelto”, Duarte intentaría acercase nuevamente a Proceso y acudió a las oficinas de la revista en la Ciudad de México para convencer a la directiva de que las indagatorias iban en serio y que él no era responsable de la intimidación contra el reportero.

Al pasar por la redacción, los reporteros presentes lo increpamos. Álvaro Delgado le dijo que no era bienvenido y le recordó la frase de Scherer: “No le creemos”. Arturo Rodríguez le advirtió que si agredía a uno de los reporteros de Proceso la respuesta sería de todos. Marcela Turati le cuestionó que después de tanto tiempo no hubiera justicia. Duarte y sus acompañantes, entre quienes se encontraba José Murat, exgobernador de Oaxaca, salieron aprisa y los reclamos no pararon hasta que llegó a la calle.

PELIGROSO PARA LOS PERIODISTAS

El gobierno de Duarte en Veracruz ha acumulado el mayor número de periodistas asesinados y desplazados en la historia del país. Desde que se inició, hace seis años, hasta su solicitud de licencia el pasado martes 11, se han registrado 15 asesinatos de comunicadores y 40 han salido de la entidad con medidas de protección federales.

Pese a las denuncias en los niveles estatal, nacional e internacional, y a las exigencias de que se investigaran a fondo, ninguno de esos homicidios fue objeto de una averiguación profunda sobre la tesis de la hipótesis periodística como probable causa de muerte. La policía estatal tampoco lo ha hecho con las denuncias que presentaron los amenazados, quienes no tuvieron otro remedio que irse del estado.

Al contrario, para Duarte los periodistas de Veracruz hostigados o acribillados estaban bajo la sospecha de tener vínculos con los grupos delictivos, que, por cierto, durante su gobierno han gozado de casi total impunidad.

A finales de junio de 2015, cuando ya lo abrumaban las protestas por la espiral de violencia y las acusaciones de corrupción en su contra, el gobernador advirtió en una comida con periodistas y directivos de los medios de la zona norte del estado que sabía de comunicadores “coludidos con la delincuencia organizada”. Agregó:

“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación, y si a alguien le afecta lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa: lamentablemente, la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación… también están expuestos ante estas situaciones.”

Ese agravio a los periodistas tuvo repercusión: se incrementaron los ataques directos y las amenazas de muerte a reporteros. Tan sólo en 2015 se registraron 67 agresiones contra el gremio en la entidad, según informó la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.

Esta situación de alto riesgo obligó al fotógrafo Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, a huir de Xalapa, donde trabajaba, y buscar refugio en la Ciudad de México, de donde era oriundo. “Te puede pasar lo mismo que a Regina”, le dijeron unos sujetos armados que lo increparon afuera de su casa.

Espinosa había fotografiado las caras de disgusto del gobernador en distintos actos públicos, las cuales fueron publicadas en este semanario, incluso en la portada. También captó las manifestaciones contra el gobierno veracruzano y documentó la golpiza que les dio un comando armado a unos jóvenes que festejaban en un departamento.

En septiembre de 2013 Espinosa fue golpeado por efectivos de la Policía Estatal Acreditable durante el violento desalojo de maestros de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Plaza Lerdo, ya en vísperas del Grito de Independencia. Los agentes obligaron al fotógrafo a borrar todas las imágenes de la tarjeta de memoria de su cámara. Espinosa denunció la intimidación y recibió más amenazas.

El 31 de julio de 2015, ya en la Ciudad de México, Espinosa fue ejecutado en un departamento de la colonia Narvarte junto con Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Olivia Negrete y Mile Virginia Martín.

El gobierno de Duarte se deslindó de inmediato, aduciendo que el crimen no se cometió en Veracruz. Pero en la Ciudad de México sí se reconoció como línea de investigación la actividad de la víctima. El mandatario veracruzano fue citado a declarar. En una carta sellada envió su declaración a la procuraduría capitalina.

CREADOR DE IMPUNIDAD

“Eso es lo que crea la impunidad: que haya autocensura, que se haga periodismo en situación de riesgo o se inhiba a través de este modelo de impunidad”, señala en entrevista Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Desde el año 2000, cuando se empezaron a presentar casos de homicidio y desaparición de periodistas, las consecuencias más graves de la omisión gubernamental ocurrieron en Veracruz, pues al minimizar el problema o casi justificarlo con suspicacias sobre los nexos de las víctimas con la delincuencia organizada, Duarte de Ochoa propició los asesinatos y el desplazamiento de periodistas, de los cuales uno incluso está en el exilio.

Para la presidenta de la CDHDF, “este es un caso claro de lo que debe ser un compromiso para cualquier gobernante: que su responsabilidad es garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Duarte fue muy desafortunado por el nivel de impunidad en todos los casos de periodistas agredidos, como el de Regina Martínez, reportera de Proceso, en el cual el procedimiento y la posible responsabilidad que se fincó a la persona que determinó el Estado como responsable no tienen la transparencia o no es claro que se hubieran agotado todas las líneas”.

Hasta ahora las instancias de seguridad de Veracruz desconocen el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado) le atribuye el homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez (investigación ministerial 019/2012/PC y proceso penal 358/2012).

Por ese crimen sólo está preso Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH condenado a 38 años y dos meses de prisión, que “por órdenes de la dirección del penal” se encuentra aislado.

Según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, les asignó “medidas cautelares de protección” a 37 informadores y a 10 defensores de derechos humanos de Veracruz.

De acuerdo con los oficios UDDH/911/ 3089 y UDDH/911/3113/2015 de la dependencia federal, sólo la Ciudad de México aventaja a Veracruz con 47 comunicadores “beneficiarios” del mecanismo de protección.

Para la ombudsman capitalina, Gómez Gallardo, “es un gran pendiente en todo el país: salvo Baja California y la Ciudad de México, la línea de investigación de la libertad de expresión no se considera en las leyes de los estados. Tal nivel de impunidad provoca la nula solución de casos, y el caso de Javier Duarte en Veracruz es un ejemplo de lo que no queremos que se repita; debe haber una responsabilidad legal por omisión, al dejar de investigar adecuadamente”.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Al plantearle a Gómez Gallardo que Duarte decía que iba a investigar, pero más como una declaración política que como una obligación legal, responde:

“Ese es el reporte, que tenemos a la vista, de los 15 casos de homicidio contra reporteros en el gobierno de Duarte . El dato por sí mismo alerta por lo menos en lo que respecta a la falta de medidas preventivas y de una garantía del ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.

“La otra parte de este fenómeno son los periodistas que han salido de Veracruz porque no hay garantías para ejercer la libertad de expresión. Hay dos situaciones graves: la omisión de la investigación oportuna en los casos que se abrieron y las sentencias. Debemos ver si se agotaron las investigaciones hasta establecer si a un periodista lo asesinaron por el ejercicio de su libertad de expresión, y no, como dijeron, que eran crímenes pasionales. Manchan la honorabilidad de la víctima diciendo que se lo buscó.”

Se refiere a la versión que difundieron las autoridades de Veracruz sobre el asesinato de Regina Martínez.

Advierte que, en vez de contribuir a la solución del problema y a castigar a los criminales, actitudes como la del gobierno de Duarte generan una dinámica en la cual el periodista sólo tiene como opciones la huida del estado o la autocensura. “Es lo más grave que nos puede pasar, convertirnos en una sociedad a la que no llega la información”, dice la funcionaria.

Explica: “Una línea de libertad de expresión implica validar qué publicó, qué iba a publicar y los intereses que estaba afectando. Si eso no es relevante para saber por qué se cometió el crimen, se agotan las demás líneas a fin de encontrar a los culpables y castigarlos.

“Pero en estos casos donde no se agota la primera línea ni se tiene un responsable, ni una sentencia clara y firme, vemos que hay una política de omisión grave que no inhibe la violencia que impide el ejercicio de la libertad de expresión e incluso priva de la vida” a los comunicadores.

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