Seguridad en crisis – Estado de los ESTADOS: Columna de @Lilia_Arellano1

Publicado el Mayo 25, 2017, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

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Lilia Arellano – http://www.liliaarellano.com/
Miércoles 24 mayo 2017 – Estado de los ESTADOS.

“Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático”: Luis Donaldo Colosio.

Seguridad en crisis
México resiente la peor inseguridad de su historia
En 2018 recrudecerá la violencia, prevén expertos
Uber reta a la autoridad e impone sólo ilegalidades
Cancún y Riviera Maya, padecen torpeza de ediles
Creciente ola de ejecuciones en centros turísticos
México aguanta más deuda: FMI; baja consumo


Ciudad de México, 24 de mayo de 2017.- México resiente la peor crisis de inseguridad de toda su historia y están dadas las condiciones para su recrudecimiento el año próximo, cuando se realicen las elecciones federales para renovar al Presidente de la República y al Congreso, dos de los tres poderes federales de la República. Durante el régimen de Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano ha abdicado de garantizar la seguridad pública de la población, función que constitucionalmente corresponde al ámbito civil, y sostiene la misma estrategia del calderonato de mantener a las fuerzas armadas inmersas en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, diseñada al servicio de los intereses de la seguridad nacional, pero… de Estados Unidos.

A pesar de casi 10 años de una guerra civil no considerada de baja intensidad, desarrollada a lo largo y ancho del territorio mexicano, de costa a costa y de frontera a frontera, cuyos resultados solamente aparecen en cifras macabras reveladoras de un considerable número de muertos –oficialmente 250 mil-, las cuales aumentan día con día y son agregadas a otras tantas decenas de miles de desparecidos, además de otro tanto de desplazados, se insiste tercamente en reforzar la misma estrategia de continuar jalando el gatillo, sin importar el creciente río de sangre y la multiplicación de las fosas comunes.

El responsable de la seguridad interior de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en reciente entrevista radiofónica “la estrategia de descabezar “a todos” los grupos criminales ha provocado una lucha entre los integrantes de los cárteles por el control de los mismos y de las plazas de influencia, en las cuales destacan los principales centros poblacionales y turísticos”. Admite se han diversificado los grupos del crimen organizado –se refiere al que trabaja en las calles, no habló de los criminales de cuello blanco que abundan en las administraciones federal, estatal y municipal, a algunos de los cuales se les sigue proceso en la justicia estadounidense porque en la mexicana gozan de total impunidad, excepto algunos “chivos expiatorios”-.

Sin embargo, el funcionario reiteró seguirán con este mismo esfuerzo para que los grupos delincuenciales no persigan “empoderarse territorialmente, amasando fortunas ni cooptando corporaciones de seguridad”. Según el hidalguense, “dar estos golpes ha sido fundamental, pues ha permitido al gobierno saber más de ellas y cómo mueven la droga”. Y sin embargo, ésta fluye abundantemente y aparentemente preocupa al gobierno de Donald Trump. Las consideraciones expuestas no descubren ningún hilo negro, son frases, discursos, actitudes repetitivas en cada escenario, en las reuniones de gabinetes o mesas de trabajo “regionales”. Frases hechas y declaraciones sin sustento acompañan en cada acto al responsable de la política interna, al funcionario al cual se le dieron responsabilidades y facultades sin límite las cuales, también sin límite ha incumplido.

La perspectiva de Osorio Chong es sumamente corta y se caracteriza por la ausencia de altura de miras. Para este funcionario, aún presidenciable pese a sus malos resultados en las diversas áreas de su competencia, sólo hay otra salida y eso lo cerca, lo encierra y le restringe margen de maniobra, política y estratégica. El titular de Segob sólo alcanza a sostener la tesis de no acordar con el crimen para detener la violencia y olvida los otros factores generadores de la misma, como el económico, fundamental a la hora de reclutar delincuentes; el social enmarcado por la pobreza y la cancelación del “elevador social”; el educativo caracterizado por la falta de oportunidades de ingreso a instituciones de educación media superior y superior y la restricción de fuentes de empleo para técnicos y profesionales; y hasta el político, caracterizado por la formación de pandillas de uno o dos partidos acaparando los cargos de responsabilidad pública. “No estoy de acuerdo en que debamos dejarlos o con quienes pensaron llegar a acuerdos con ellos, de ninguna manera, hay que combatirlos y que el imperio de la ley esté por encima de lo que vienen realizando”, declaró enfático, aunque parece olvidar es precisamente la ausencia del Estado de Derecho la principal característica de esta administración, de la cual es parte fundamental.

MÁS VIOLENCIA A LA VISTA

Ateniéndose a los discursos federales sobre el turismo, las entidades peninsulares encabezan esta actividad y, de ellas, Quintana Roo tiene el primer lugar. Por lo tanto, es de suponerse debieran atenderse de manera inmediata todos aquellos problemas, por mínimos que parezcan, con el afán de impedir se conviertan en auténticas “bolas de nieve” hasta alcanzar dimensiones en las cuales cualquier resolución genera inconformidad, provoca daños en muchas ocasiones irreparables. Va creciendo la violencia entre los taxistas y quienes se han registrado para dar servicio de transporte a través de la plataforma Uber. El pasado martes dieron una muestra de lo que está por venir si en la entidad en donde aparecen sindicatos de taxistas bajo un reglamento interior, normas y organización diferentes a las del resto del país, se deciden a dañar sus patrimonios, la fuente de trabajo.

Se han explicado una a una las irregularidades, la ilegalidad y las afectaciones de promover y poner en uso la aplicación Uber, cuyo argumento para instalarse es ser mundial y con él se muestra retadora a las leyes existentes no solamente en Quintana Roo sino en otras entidades. De ahí que quienes con anterioridad aplaudían y hasta públicamente decidieron solicitar el servicio hoy están ciertos de que, primero, debe establecerse dentro de la legalidad, además de buscarse la fórmula adecuada para no dañar al gremio taxista, a los llegados a esta tierra a prestar los primeros servicios de transporte. En una glorieta ícono en Cancún se presentó la refriega entre trabajadores del volante llegados desde Isla Mujeres contra los choferes de inversionistas de Uber y no es un escenario igual si se deciden a, por ejemplo, tomar el aeropuerto y demandar la salida de esta plataforma digital.

Carlos Manuel Joaquín González, gobernador, no se inquieta por estos enfrentamientos. Existe un responsable al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y, debe suponer, tiene la experiencia suficiente para buscar solucionar sin enfrentamientos una situación tan delicada como la existente. Y eso es por un lado, porque por el otro, también para establecer, de ser necesario, modificaciones a las leyes, están los diputados. O sea nada que ver con la función del Ejecutivo estatal. Seguramente para el mandatario esta entidad, Quintana Roo, se maneja sola y es la iniciativa privada la encargada de hacer girar toda la maquinaria. Para mostrar autoridad están los funcionarios a quienes se les asignaron responsabilidades que, de no ser cumplidas, ameritarán su remoción. Ocupar la máxima silla del palacio de gobierno no debe provocar despeinarse, hay disposición para posar junto a mujeres, ancianos, niños y presumir públicamente de la entrega de beneficios a la población en actos a los cuales acuden al por mayor quienes deben responder a las dádivas partidistas.

Por lo tanto, cualquier acción emprendida por quienes defienden su patrimonio y sus fuentes de trabajo será exhibida como violenta, injusta, provocadora de daños mayores en una entidad en la cual la inmensa mayoría vive del turismo. Dejarán fuera la responsabilidad de quienes han tenido durante meses en sus manos resolver el asunto, a los incapaces de enfrentar a grupos cuya fama en el extranjero los apantalla y los orilla a dejar de cumplir las leyes de la entidad en la cual viven y en donde se les brinda la oportunidad de ganar fortunas. Se han presentado fórmulas con las cuales los de Uber pueden poner en funcionamiento su plataforma pero, quienes tienen la representación en México, argumentan no van de acuerdo con las políticas de esta empresa. O sea, los patos son los que tiran a las escopetas. Deben las legislaciones vigentes adecuarse a la operación de quienes ni siquiera hacen inversiones de equipo, a los comisionistas y ganones de porcentajes de comisiones por el trabajo de otros.

En caso de modificar las leyes y no exigir a Uber el cumplimiento de las vigentes con la aceptación de realizar su servicio bajo las condicionantes estatales, nos darán un claro ejemplo de la ingobernabilidad a la cual llevan de la mano a los mexicanos. Para los extranjeros existe la entrega y la obediencia y, tal como se percibe, no nada más con la pretensión de escriturarles playas y fronteras o entregarles petróleo y energía, sino también las cuatro ruedas.

INSEGURIDAD EN CENTROS TURÍSTICOS

La inseguridad se ha recrudecido en centros turísticos del país en los últimos días, los cuales han caído bajo control de células del crimen organizado ante la incompetencia y hasta la complicidad de las autoridades estatales y municipales, así como la incapacidad de las federales de ocupar militarmente todo el territorio nacional. Esta escenografía se presenta, inclusive, en el punto número uno de la actividad en el país, en Quintana Roo. El otrora paraíso del Caribe Mexicano se ha visto sacudido por la violencia y sus habitantes son testigos de acciones sangrientas no imaginas cuando se tomó la decisión de formar en la entidad un patrimonio seguro, elevar la calidad de vida, recobrar lo sano del ambiente.

En el estado de Guerrero, en las irresponsables manos del priísta Héctor Astudillo, la policía preventiva de Zihuatanejo estuvo sometida por una célula del crimen organizado durante varios días, según admitió y difundió el propio mandatario guerrerense. Un capo del cártel de Los Viagras en la Costa Grande, apodado El Cadete se proclamó jefe de la policía de Zihuatanejo y a sus pandilleros los reclutó como policías. Ante la incapacidad del gobierno estatal, debió intervenir la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina para liberar a la policía preventiva de ese centro turístico, la cual había sido cooptada por ese delincuente.

Autoridades federales y estatales detuvieron a medio centenar de policías preventivos de Zihuatanejo por sus presuntas ligas con El Cadete. Un total de 31 elementos ya fueron liberados y 20 más se encuentra detenidos en Acapulco. El director de la Policía Preventiva de ese municipio, David Nogueda, sostuvo que su detención se trató de un error, pues los policías detenidos no pertenecían a ninguna red delictiva. También desmintió a Astudillo al señalar se tienen muy bien ubicados a todos y, dice, no hay entre ellos algún líder del crimen organizado que se haya apoderado del cuerpo policíaco.

Mientras la situación se aclara, la seguridad de los habitantes de Zihuatanejo está a cargo de la fuerza estatal, la Marina y la Sedena. Los oficiales locales, quienes serán sometidos a pruebas de confianza, no trabajarán pero deberán asistir al pase de lista. Más de la mitad de la fuerza policial de Zihuatanejo, constituida por 245 elementos, está reprobada, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Sólo 115 efectivos aprobaron los procesos de evaluación de control de confianza. En estatus de “no aprobado” están 129 elementos.

El Pacífico oaxaqueño también resiente una creciente ola de violencia en donde los brutales homicidios, en los cuales lamentablemente se cuentan menores de edad; el secuestro –incluidas jovencitas, quienes muchas veces son desaparecidas- y la extorsión, la cual anula las actividades económicas, se han convertido en prácticas comunes ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales. La sociedad oaxaqueña y las autoridades locales lanzaron ya un grito de auxilio a las corporaciones estatales y federales y exigen se realice una permanente labor de inteligencia a fin de frenar a los grupos de delincuencia organizada, quienes han tomado como su centro de operaciones a la población de Pinotepa Nacional, corazón comercial de los municipios de la costa y ubicada a 30 kilómetros de los límites con Guerrero.

Los grupos delincuenciales, entre quienes destacan los autodenominados Caballeros Templarios, han encontrado las condiciones indispensables para sus actividades ilícitas en Pinotepa Nacional por su compleja orografía y las carencias en materia de infraestructura carretera. Autoridades locales y ciudadanos señalan la plaza es disputada por dos grupos: uno comandado por Bogar Soto y Rafael Yglesias Arreola, El Poni, quienes mantienen una disputa con Fidelfo y Bety, los cuales a decir de las autoridades han logrado controlar la localidad.

Autoridades municipales admiten su incapacidad para hacer frente a los grupos criminales, los cuales se encuentran mejor armados y organizados. La policía local está a merced de la delincuencia y la población no tiene ninguna confianza en la Policía Ministerial, infiltrada por los criminales. Es totalmente inoperante la policía municipal. De sus 132 efectivos, repartidos en dos turnos, sólo 15 portan armas; hay un policía por cada 400 habitantes y de ellos, un arma por cada 4 mil personas. Su parque vehicular, camionetas y motocicletas, están en mal estado. Desde la administración pasada está pendiente la entrega de nuevo armamento. A la falta de efectivos y la carencia de equipo se suma la lentitud con la cual se realiza la certificación de la policía. Sólo 37 uniformados han aprobado los exámenes de control de confianza, pero únicamente 17 han recibido sus armas, las cuales se compran con recursos municipales, se entregan vía la Defensa Nacional y se solicitan a través de la SSP estatal.

Como es de sobra conocido, Acapulco dejó de ser la ventana de México al mundo. El resto de municipios mencionados no se acercan a la captación tributaria de dos de los ubicados en Quintana Roo: Cancún y Playa del Carmen. Esos puntos tienen sus propios refuerzos para dar entrada a la llamada Riviera Maya. En el caso de Cancún, cuenta con Puerto Morelos y la zona continental de Isla Mujeres, independientemente de que es en su terreno en donde se debe abordar el transporte para la ínsula. Playa del Carmen tiene muy cerca Tulum y delegaciones como Puerto Aventuras.

Los ingresos de estos municipios les permitirían dar a los habitantes servicios públicos de calidad y mantener a las fuerzas del orden debidamente equipadas y capacitadas. Sin embargo, nada de eso sucede. Se tienen elementos policiacos reprobados en los exámenes de confianza, no cuentan con el armamento con el cual pudieran influir algún temor a delincuentes comprobadamente bien armados y con vehículos mucho más nuevos y en mejores condiciones que las patrullas, las incluidas dentro del parque vehicular propiedad del Ayuntamiento, porque están las rentadas, mismas próximamente compradas, cuando ya no sirvan, cuando se agoten sus motores y el velocímetro marque más de 200 mil kilómetros recorridos.

En estos lugares los cambios dentro de los mandos policiacos van y vienen. Remberto Estrada, alcalde de Benito Juárez, Cancún, ha demostrado sin ningún rubor su incapacidad e inexperiencia para mantener a flote el municipio. Se mantiene distante y su cercanía con la población es a base de fotografías. Ausente de las grandes decisiones se concentra por ahora en buscar reelección o curul, y encuentra en las manifestaciones de protesta por su fallida administración a “enemigos y detractores” de su gran partido, el Verde. Es incapaz de presentarse en los lugares de tragedia, que no son pocos y mucho menos manifiesta ser la autoridad cuando en eventos sangrientos como el de la agresión en masa al famoso “ruso”, hace falta sacar cabeza y casta.

Una veintena mensual de ejecutados es el registro aproximado y todavía no se ve a los responsables de alguno de ellos tras las rejas. Las 24 horas del primer día laborable de la semana dieron cuenta de dos ejecutados, uno en Cancún y el otro en Playa del Carmen. Asaltaron un banco. El macabro hallazgo del día dio cuenta del cadáver embolsado de una mujer y como nota medición del interés real de las autoridades encargadas de la seguridad, hubo gran despliegue cuando se enteraron de la existencia de un palenque clandestino justo en las tierras gobernadas por Cristina Torres.

Si sumado a lo anterior vamos a encontrarnos paralizaciones en el transporte como resultado también de la mediocridad en la actuación de las autoridades, no se verá en un futuro próximo algún claro fuera del oscuro túnel cuya construcción avanza a pasos agigantados.

MÉXICO EN EL MARCO ESTRATÉGICO DE EU

Ya en el plano internacional se insiste en seguir el esquema marcado por el Pentágono estadounidense. México lleva una década implicando a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, una guerra ajena y de responsabilidad y competencia de los Estados Unidos. Washington empujó al débil gobierno de Felipe Calderón a esta conflagración a través del Departamento de Estado con el llamado Plan Mérida o Plan México, el cual aportó, entre 2008 y 2016, 2,600 millones de dólares para presuntamente apoyar la lucha contra los cárteles de la droga, pero la mayoría de ese dinero ni siquiera llegó a México pues se destinaron a compra de equipo militar estadounidense a empresas privadas de ese país y a capacitación de militares y marinos mexicanos, contabilizando además vehículos y aviones usados. Fue un negocio redondo para la industria militar estadounidense y lograron sin registrar ninguna pérdida deshacerse de equipos antiguos, rebasados.

Aunque públicamente el gobierno mexicano señala su intención de revisar la continuidad del Plan Mérida, prácticamente y desde el inicio de la gestión de Peña Nieto, se sigue escrupulosamente. De hecho, México tendrá un papel más preponderante este año en materia de defensa regional: en julio acogerá la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, donde a Washington le preocupa la migración de esa región hacia su territorio, aunque enmascara su interés en la producción y exportación de estupefacientes a su creciente población adicta; así como la Junta Interamericana de Defensa. El próximo año, nuestro país organizará la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, al cual asistirán los funcionarios del ramo en la región. Como anfitriones el desempeño será desde la posición de la Secretaría Ejecutiva secretario de los planes geoestratégicos de EU en la zona.

El lunes, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena de México –quien estuvo acompañado del almirante Vidal Francisco Soberón, secretario mexicano de Marina- y Harjit Sajjan, responsable de esa misma cartera en Canadá, se reunieron en el Pentágono con James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, para coordinar la “Defensa de América del Norte” y especificar desafíos comunes y cooperación internacional. Ni Canadá ni México están en una conflagración militar contra otro país, por lo cual se trata de enfrentar específicamente “enemigos” internos en sus territorios nacionales.

Mattis, Sajjan y Cienfuegos firmaron una declaración conjunta en la cual, con la coordinación y orientación del secretario de la Defensa estadounidense, quien se reunió de manera bilateral y por separado con sus contrapartes de Canadá y México, se remarca la importancia de la alianza militar en Norteamérica como modelo de seguridad regional. Asimismo, destaca la importancia de la colaboración en asuntos como la cooperación en áreas de interés común, las misiones de mantenimiento de la paz y el refuerzo de la seguridad en Centroamérica y el Caribe, así como la lucha contra el tráfico de drogas. Aquí se encuentra parte de la explicación de la violencia en el Caribe mexicano. Esta reunión es la primera durante el mandato del presidente estadounidense Donald Trump, luego de que en 2014 se celebró el segundo encuentro trilateral norteamericano.

DE LOS PASILLOS

México todavía aguanta más deuda, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país se ha caracterizado por ser un excelente cliente de ese organismo y escrupulosamente pagador de comisiones, intereses y capital, aunque el nivel de endeudamiento se haya disparado en esta administración federal. Según el FMI, México ha preservado la fortaleza de sus políticas económicas y los fundamentos de su economía continúan estando sanos, por lo que ratificó la disponibilidad para el país de una Línea de Crédito Flexible (LCF) por más de 86 mil millones de dólares… El directorio ejecutivo del FMI completó el lunes la revisión anual de la LCF otorgada a México, la cual se aprobó en mayo de 2016 por un plazo de dos años, informó la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (BM)…

Mientras tanto, el consumo de los mexicanos sigue descendiendo: de acuerdo a los datos reportados por el Inegi, en marzo las ventas en el comercio minorista tuvieron un descenso de 1.27 por ciento, la cifra más baja desde agosto de 2013 comparable a tasa mensual. El total de las ventas al menudeo tuvo una baja significativa por el resultado de cifras negativas en cinco de los nueve grupos de actividad económica en que los presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía…

De fábula política: Alfredo del Mazo reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) que sólo ha gastado 66.4 millones de pesos en su campaña. Aún así, en tan sólo dos semanas incrementó en 350 por ciento su gasto proselitista reportado a las autoridades electorales, con relación a las cifras gastadas dadas a conocer por el árbitro electoral el pasado 10 de mayo: 19.1 millones de pesos. El primazo de Enrique Peña Nieto es quien más ha erogado en su campaña, aún en las maquilladas cifras presentadas al INE… Al gasto del abanderado de la alianza encabezada por el PRI se le deben sumar las cifras de la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, que en dos semanas pasó de 57.7 millones a 65.2 millones de pesos –y ni así sube en los sondeos sobre intención del voto-, y el gasto del perredista Juan Zepeda, quien incrementó sus erogacions de 33 millones a 41 millones de pesos, de acuerdo al corte hecho al 20 de mayo. Es estratégico cargarle todo al tricolor, son sus aliados, buscan no pierdan los Atracoamuchos el poder y el control. Lo anterior contrasta con el gasto de Delfina Gómez, quien aumentó de 25.8 millones de pesos a 32.2 millones, y aún así no pueden recortar la ventaja que les lleva a menos de dos semanas de las elecciones en esa entidad.

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