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El INE revela trama ilegal de entrega de recursos durante campaña de Peña en 2012

Publicado el enero 11, 2018, Bajo Política, Autor MonaLisa.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Foto: Octavio Gómez

A casi seis años de distancia, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó otra trama de financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2012, a través del reparto de miles de tarjetas bancarias a representantes de casilla, con las que se benefició mayoritariamente a representantes del PRI cuando Enrique Peña Nieto era su candidato presidencial.

Lo anterior fue revelado a partir de una investigación de casi cinco años a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, cuyo presidente, el consejero Ciro Murayama, calificó como una de las indagaciones “más complejas” que ha enfrentado el Instituto sobre una “trama de financiamiento irregular a la política”.

POR SANTIAGO IGARTÚA, CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 10 ENERO, 2018

El fraude, expuso Murayama este miércoles en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, habría quedado al descubierto a raíz de la investigación del caso Monex, que indagaba pagos mediante tarjetas para favorecer al representante de la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto.

Fue entrevistando representantes de casilla, en noviembre del mismo 2012, que el órgano fiscalizador del entonces IFE dio con los testimonios de Raúl y Nabor García, ambos militantes priistas de Veracruz, quienes aceptaron haber recibido pagos de dos mil pesos cada uno por su labor el día de la elección, pero no a través de tarjetas Monex, sino a través de tarjetas prepagadas de Bancomer.

Al tiempo, el PAN denunció la existencia de otros 16 tipos de tarjetas de otras instituciones bancarias que también habrían sido distribuidas para beneficiar al PRI. Ocho, todas de Bancomer, y todas contratadas por una empresa llamada Logística, Estratégica ASISMEX SA de CV, resultaron sospechosas.

La pesquisa arrojó que ASISMEX se constituyó como comercializadora y distribuidora en 2010. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, en pleno proceso electoral, recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos. No se pudo dar con los aportantes y de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el SAT. Más aún, la dirección con la que se registró la empresa resultó ser falsa.

“Una empresa, en suma, que se esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi mil 400 millones de pesos a través del sistema bancario”, dijo Murayama, por la que no dudó en calificarla como empresa “fantasma” o empresa “fachada”.

De la investigación que formalmente nació el 18 de enero de 2013, fue hasta el 1 de diciembre pasado, casi cinco años después, según el relato, que Bancomer entregó al INE –intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante– una base de datos que durante años negó que existiera, con la relación de las personas beneficiarias de las tarjetas y la información de que el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de la elección, ASISMEX depositó 63.5 millones de pesos en esas tarjetas pertenecientes al mismo lote de las que eran investigadas.

La Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos entregada por Bancomer con su registro de representantes de casilla acreditados para la jornada electoral de 2012 y encontró coincidencia en 7 mil 311 casos, entre los que se repartieron 18 millones 441 mil pesos.

De esos, 5 mil 613 resultaron ser representantes de la coalición PRI-Partido Verde que abanderaba Peña Nieto, a los que se depositó un total de 15 millones 152 mil pesos. Sin embargo, y aunque en cifras lejanas, también se hicieron depósitos a mil 26 representantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano M(C), abanderados por Andrés Manuel López Obrador, por un total de 2 millones 58 mil pesos; y 369 depósitos a representantes del PAN, cuya candidata era Josefina Vázquez Mota.

“Estamos ante una trama de financiamiento paralelo irregular opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del primero de julio de 2012 a través de una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos a cuatro días de la jornada electoral, y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción”, sentenció Murayama, quien convino al Consejo General del INE a sancionar a todos los partidos involucrados, a pesar de que las operaciones tuvieron una notable carga a favor del PRI y que en todas las tarjetas fueron fondeadas el mismo día, forman parte de un mismo contrato con ASISMEX y recibieron la misma cantidad.

A propuesta del presidente del órgano de fiscalización, la resolución aprobada por diez de 11 miembros del Consejo General fue sancionar a cada partido con el 200% de la suma que pudo demostrarse que recibieron sus representantes de casilla proveniente de la empresa fantasma.

Así, de un total de 36.9 millones de pesos, 30.3 corresponde que sean pagados por los partidos de la coalición que llevó a Peña Nieto a Los Pinos, compuesta por el Partido Verde y el PRI.

Sólo la consejera Pamela San Martín votó en contra, proponiendo ahondar en la investigación de manera más exhaustiva para develar el trasfondo del caso.

Tras la revelación, los representantes de PAN y PRD ante el INE rechazaron haber recibido dinero de la empresa fantasma y advirtieron que van a impugnar la sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por tratarse de un “presunto caso de empresas fantasma y lavado de dinero”, el INE aprobó remitir el caso al SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen el caso.

No sólo eso, pues el INE también anunció que va a interponer un recurso para sancionar a Bancomer por negarse a dar la información solicitada durante casi cinco años.

De cara a las próximas elecciones de 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluyó que con esto se pretende “desenmascarar las redes de financiamiento paralelo y las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley, la rendición de cuentas e inyectar recursos por abajo del agua a las campañas”.

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