Clamor en todo México: “¡Paren esta masacre! – Estado de los ESTADOS por @Lilia_Arellano1

Publicado el abril 25, 2018, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.


Lilia Arellano – http://www.liliaarellano.com/
Miércoles 25 abril 2018 – Estado de los ESTADOS.

“El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo”
Ludwig Börne

Frontera sur, otro polvorín
Ordena D. Trump a EPN, otro “trabajito sucio”
Autoridades migratorias con grandes carencias
Centroamericanos víctimas de gran corrupción
Q. Roo, débil zona limítrofe permite cruce fácil
Odebrecht: impunidad acorazada para E.Lozoya
Clamor en todo México: “¡Paren esta masacre!”

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Ciudad de México, 25 de abril de 2018.- A bote pronto salió el aprendiz de canciller Luis Videgaray a dar respuesta a la condición impuesta por el magnate Donald Trump, con la cual vuelve a entrampar al gobierno de Enrique Peña Nieto, lo acorrala contra la pared, exhibe carencias y debilidades relacionadas inclusive con un tema primordial para cualquier país en el mundo: seguridad nacional. El gobierno mexicano, por una y mil razones, está imposibilitado de frenar el trafico de indocumentados a través de su frontera sur. En primer lugar y de acuerdo al manejo de los últimos gobiernos, este impedimento no se da en razón de libertades antaño respetadas sino de corrupción y falta de inversión para el cuidado de la zona e inclusive de quienes por ella transitan.

Una y mil veces se ha denunciado la cadena de malos tratos, de violaciones y extorsiones cometidas por autoridades mexicanas en contra de quienes pretenden cruzar nuestro suelo para llegar al territorio vecino. Son estos tratos inhumanos mucho peores a los aplicados a nuestros compatriotas, los cuales son cínicamente reclamados cuando aquí también se ejercen y ni siquiera se sabe, no hay ningún reporte de cuántos y quiénes mueren en el intento. La frontera sur, dadas las condiciones económicas en las cuales se encuentran países del área, es otro de los polvorines ignorados. La introducción de mafias tan o más sangrientas que “las de casa” es permanente y los daños incalificables e incuantificables.

Para ese cuidado debieron desde hace años proteger entidades como Quintana Roo, muy mencionada para lucir sus atractivos turísticos y el número de visitantes registrado, pero carente de autoridades migratorias suficientes y capaces en la zona sur. Ni siquiera cuentan con personal suficiente, con instalaciones decorosas y menos aún se sigue puntualmente algún protocolo con el cual se entiendan los límites de libertad sin afectar los derechos humanos. Las intenciones no las eliminan y seguimos siendo el patio trasero para arrojar desperdicios, el cinturón de seguridad, el país de los malos, el de los envenenadores y fabricantes de drogas, el de los brutalmente sangrientos, en fin, el sello y los calificativos, uno a uno, vuelve a imponerlos Trump… mientras Videgaray aprende.

A EPN, LE TOMARON LA MEDIDA

Las expectativas de que en las próximas semanas se anuncie un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se congelaron luego de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionando dicho arreglo a la imposición al gobierno mexicano de frenar los flujos migratorios de indocumentados centroamericanos hacia territorio estadounidense, unos 200 mil anualmente, según cálculos oficiales, aunque activistas elevan el número hasta 500 mil. El magnate empujó y ordenó también la militarización de la frontera sur de Estados Unidos, así como la ampliación del muro fronterizo con México, mientras se sigue forzando al gobierno de Enrique Peña Nieto a hacer el trabajo sucio de detención de nuestros vecinos del sur, quienes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen y buscan refugio en territorio estadounidense.

Ildefonso Guajardo, secretario mexicano de Economía, y Luis Videgaray, aprendiz de canciller, se quedaron como siempre desconcertados ante los embates del mandatario estadounidense. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) calificó de inaceptable ese condicionamiento y dijo: México decide de manera soberana su política migratoria. Pero Videgaray mintió. Esa soberanía fue cancelada el sexenio pasado, cuando a Felipe Calderón se le forzó a firmar el “Plan México”, rebautizado como “Plan Mérida”, con el cual las fuerzas armadas mexicanas y las instituciones migratorias del país fueron convertidas en los centinelas de los estadounidenses en la frontera sur mexicana, para frenar a los migrantes centroamericanos desde esa región geográfica e impedir su recorrido hacia el norte con la abierta intención de internarse en territorio norteamericano.

En julio de 2014, el gobierno mexicano lanzó su Programa Frontera Sur, un plan diseñado presuntamente para proteger los derechos de los migrantes y regular la migración centroamericana. El entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó la preparación de medidas, en las regiones sureñas de Chiapas y Tabasco, fronterizas con Guatemala, para que los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos dejaran de hacerlo en los lomos del tren de carga conocido como “La Bestia”. Días después, María Isabel Pons, directora general adjunta de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (FCCM), anunció una inversión de 150 millones de dólares en los próximos cinco años para hacer más rápido uno de los tramos más peligrosos de “La Bestia”, a fin de incrementar la velocidad de trayecto de 10 a 30 kilómetros por hora para inhibir el uso irregular del tren por parte de los indocumentados. Adelantó también la instalación de un Centro de Control-Tráfico, con el cual se podría monitorear vía satélite tanto el trayecto del ferrocarril como la carga, por medio de videocámaras, con el fin de saber en qué momento y dónde se estaban subiendo los migrantes, para notificar a las autoridades.

De esta manera se registró un incremento en las operaciones de seguridad y un aumento del 85 por ciento en las detenciones de migrantes durante los primeros años de funcionamiento del programa, el cual ha enfrentado obstáculos como los recursos limitados del gobierno, la resistencia de los migrantes y la capacidad de los coyotes de adaptarse a nuevos patrones de seguridad, así como la corrupción de las autoridades.

Trump ha hecho de la migración centroamericana a Estados Unidos un rubro de gobierno muy manipulable mediáticamente. Recientemente aseguró haber ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, “frenar las grandes caravanas de gente” que entra en Estados Unidos. DT se encolerizó porque cerca de mil 500 inmigrantes centroamericanos cruzaban por México hacia Estados Unidos y exigió a Peña Nieto que los frenara. La mayor parte de la caravana se disolvió, aunque hubo migrantes que continuaron hacia el norte con la intención de pedir asilo en Estados Unidos. Sólo un centenar llegó a la ciudad de Tijuana, Baja California. “Si miembros de la caravana entran en el país ilegalmente serán perseguidos legalmente por entrada ilegal de acuerdo con la ley vigente”, advirtió Nielsen al precisar quienes busquen asilo podrán ser detenidos mientras se estudia su caso, y expulsados de inmediato si se determina no existe base para concedérselos.

Durante 2017, el número de migrantes muertos al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos aumentó respecto al año anterior. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó un total de 412 fallecimientos en ese año en comparación con las 398 muertes contabilizadas en 2016. En contraste, el número de detenciones efectuadas por los agentes de la aduana estadounidense disminuyó un 44 por ciento en 2017. El año pasado la patrulla estadounidense documentó un total de 341,084 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, mientras en 2016 la cifra había alcanzado 611,689 personas arrestadas.

En los últimos meses las detenciones en general en la frontera estadounidense-mexicana han disminuido en lo general, pero el número de personas que solicitan asilo en México han aumentado. “Un mayor número de centroamericanos están viendo a México como un destino y un lugar donde buscar protección de la violencia”, señala el reporte de WOLA.

El Plan Mérida, asumido en el contexto de los esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad, ha permitido fichar en centros de detención nacionales a más de 30 mil inmigrantes centroamericanos en los 13 meses recientes, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración (INM). En el 2012 también se estableció la entrega de datos biométricos a funcionarios del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. El año pasado, la Secretaría de Gobernación reportó que fueron presentados ante el INM 95 mil 497 extranjeros, de los cuales 81 mil provenían de Centroamérica. Y en el primer bimestre de este año, hubo 40 mil 943 migrantes presentados, la mayoría centroamericanos.

Aunque México se ha convertido en un fuerte filtro para los migrantes centroamericanos, su frontera sur es sumamente porosa, no obstante la construcción de grandes ciudadelas de control en las principales rutas de los migrantes: Tapachula, Arriaga o Comitán, entre otros, junto con el aumento de los patrullajes y mayor número de oficiales y recursos. Por ejemplo, en el área alrededor de Tenosique, Tabasco, la ruta migratoria ha experimentado en los últimos tres años un marcado aumento (de casi 60 por ciento) en el número de niños y familias que huyen de la violencia en la región del Triangulo Norte, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador.

La mayoría de ellos son de nacionalidad hondureña. Tras las medidas tomadas por el gobierno mexicano para frenar la migración centroamericana, las bandas organizadas establecieron nuevas rutas para llegar a Estados Unidos, entre las que se incluye a Quintana Roo, entidad que forma parte de los nuevos caminos a recorrer para llegar a suelo estadounidense.

ODEBRECHT: IMPUNIDAD ACORAZADA

Al caso Odebreht, el más grande en cuanto a corrupción en América Latina, en México se le ha dotado de una gruesa capa de impunidad legal y administrativa. Ante la justicia brasileña, ejecutivos de esa constructora aceptaron el año pasado haber entregado sobornos por 450 millones de dólares a funcionarios de 11 países, entre ellos el nuestro. Sus declaraciones ante los jueces brasileños apuntaron a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, como el responsable de recibir más de 10 millones de dólares. Investigaciones periodísticas han señalado que parte de ese dinero se utilizó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de ahí la protección del aparato del Estado.

De acuerdo con declaraciones de ex director de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll, contenidas en el proceso penal 6655 del Tribunal Supremo de Brasil, divulgadas en agosto de 2017, Emilio Lozoya recibió 10 millones de dólares por parte de ejecutivos de esa empresa constructora a cambio de la licitación para el proyecto de remodelación de la planta de refinación en Tula, Hidalgo. Los pagos al funcionario mexicano empezaron desde el 2012 hasta el 2014. De acuerdo con lo señalado por Meneses, Lozoya le recomendó se asociara con la constructora Construcciones Industriales Tapia, para que pudiera participar en la licitación abierta del gobierno federal. Aseguró llegó a un acuerdo con el ex director de Pemex: “dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula”, precisó.

El mes pasado, Emilio Lozoya recibió la suspensión de toda acción judicial u orden de aprehensión en su contra. La jueza federal Sandra Leticia Robledo Magaña renovó la suspensión consistente en suspender toda judicialización del caso llevado a cabo en la Subprocuraduría de Delitos Federales, hasta que no se dicte sentencia en el juicio de garantías o juicio de amparo. “Se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentra la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 y no se determine en definitiva la investigación inicial, si esa no se ha judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”, resolvió.

La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a dar información sobre los avances de la investigación del caso Odebrecht al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el argumento de tratarse de “información reservada”. De acuerdo con lo declarado por Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, la PGR les informó únicamente la víctima y el imputado podrán acceder al expediente del caso, por lo cual la PGR se encuentra legalmente impedida para dar detalles sobre el contenido de la indagatoria. Según esa dependencia, la investigación continúa abierta y el tiempo para concluirla no se puede estimar aún, pues faltan diligencias por realizarse.

Información publicada este martes por un diario capitalino revela Pemex reservó por tres años la información de las negociaciones para otorgar a Odebrecht un contrato por mil 811 millones de pesos, destinados al proyecto de aprovechamiento residual en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. La petrolera mexicana resolvió en su décima sesión extraordinaria que, a partir del 15 de marzo de 2018, la información del acta de adjudicación a Odebrecht del 18 de diciembre de 2013 será reservada hasta el año 2021. Este contrato otorgado a la constructora brasileña derivó de un procedimiento de adjudicación directa y se negoció el 6 de agosto de 2013.

Y así se construye la impunidad en México.

“¡PAREN ESTA MASACRE!”

Tras el debate presidencial, el desarrollo de las campañas políticas en todo el país se desenvuelve con el mismo telón de fondo: violencia desatada e impunidad prácticamente absoluta. No obstante, los adversaros de Andrés Manuel López Obrador: Meade, Anaya, Zavala y “El Bronco” justifican los errores cometidos a lo largo de dos sexenios y proponen continuar con las mismas estrategias, las cuales, probado está, no dan resultados. La “Guerra contra el narcotráfico” detonada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto acumula a la fecha más de 220 mil muertos y al menos 35 mil desaparecidos. Los niveles de violencia alcanzaron sus picos más altos en 20 años el pasado 2017 y los meses transcurridos registran elevación no sólo en el número de homicidios dolosos, sino también en otro gran número de delitos, mientras el sistema de administración y procuración de justicia se encuentra colapsado por la enorme carga de trabajo acumulada. Ya no saben que hacer y el reclamó social es “¡Paren esta masacre!”.

Trascendente y vital para México es alcanzar la paz y la reconciliación social robadas por la impuesta “guerra al narco” el sexenio pasado a un débil y cuestionado presidente: Felipe Calderón. Todos los esfuerzos de los gobiernos federal, estatales y municipales deben ir dirigidos hacia ese objetivo primordial: garantizar la vida de los ciudadanos mexicanos. López Obrador insistió en el pasado debate en el Palacio de Minería no descarta ninguna opción para lograr la paz, y recordó, en caso de vencer el 1 de julio, convocaría a un gran diálogo nacional al que invitaría al Papa Francisco. Sus adversarios no propusieron nada nuevo sobre lo ya implementado en el país, tanto en esta administración del priísta Peña Nieto, como en la del panista autodenominado “El Hijo Desobediente”.

“Perdonar a los delincuentes no es la solución”, le criticó un mitómano e inescrupuloso Anaya capaz de firmar pactos y acuerdos con tal de, primero, incrustarse cerca de EPN para, después, avanzar en la construcción de su objetivo: alcanzar la candidatura a través de una alianza incongruente. “Te vas a convertir en un títere de los criminales”, le dijo Meade, un tecnócrata con mucho para explicar ante la Contraloría e incluso ante el Ministerio Público, en el manejo de recursos públicos, no sólo en lo referente a la “Estafa Maestra”, sino en otros casos de desaparición de miles de millones de pesos de programas gubernamentales en ésta y la anterior administración.

Mientras, no se hace prácticamente nada, al menos nada efectivo y, así, el primer trimestre del año cerró como el más violento que ha vivido México. Un promedio de 85 personas fueron asesinadas cada 24 horas siendo ésta la cifra más alta desde que se contabilizan las víctimas por cada delito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con las cifras oficiales –las reales son mas elevadas-, entre enero y marzo un total de más de 7 mil 667 personas fueron ultimadas en México, 19 por ciento más sobre el registro del mismo periodo de 2017. En el primer trimestre de 2016 se reportaron 4 mil 832 personas asesinadas, y en el mismo periodo de 2015 se contabilizaron 4 mil 123 víctimas.

A unos meses de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, éste ya rebasó el número de investigaciones por asesinato reportadas por toda la administración de Felipe Calderón, en un 2.2 por ciento. En toda la gestión del panista se registraron 102 mil 327 carpetas de investigación por ese delito –las víctimas son muchas más pues cada carpeta comprende uno o varios homicidios dolosos-, mientras con el mexiquense, integrante del grupo político-económico Atlacomulco, se contabilizaron hasta el último día de marzo 104 mil 673 casos. En total, estamos hablando de 207 mil carpetas de investigación por homicidios dolosos, con un acumulado de más de 220 mil víctimas. La gran mayoría de sicarios siguen en libertad pues el grado de impunidad en este delito es casi absoluto.

Nayarit, Quintana Roo y Guanajuato reportaron una escalada de violencia en los primeros tres meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2017. Pero no son los únicos, Baja California, Colima, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, reportaron también picos de violencia.

En Nayarit -gobernado por Antonio Echeverría, quien llegó al poder con una coalición de partidos: PAN-PRD-PT-PRSN, mientras su antecesor el priista Roberto Sandoval enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito- el número de víctimas por homicidio doloso aumentó de 37 a 141. En esa entidad opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que se ha fortalecido este sexenio, y el grupo de los Beltrán Leyva.

En Quintana Roo –gobernado por Carlos Joaquín González, quien ganó la silla estatal postulado por la alianza anti natura PAN-PRD, y cuyo antecesor, el priísta Roberto Borge, enfrenta en prisión un proceso por lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita- sumaron 127 personas asesinadas, 134 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, cuando se reportaron oficialmente 50, aunque el número real es mucho mayor. En la principal entidad turística del país el crimen organizado se disputa abiertamente el control del mercado del narcomenudeo y de la prostitución, a pesar de la presencia de fuerzas federales.

Y en Guanajuato –gobernado por el panista Miguel Márquez- los crímenes se elevaron en un 130 por ciento tras pasar de 322 en 2017 a 741. Esta entidad se encuentra también en medio de la disputa entre cárteles del mercado del narcomenudeo y robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de ordeña de ductos.

Jalisco ocupa el quinto lugar en el acumulado de homicidios dolosos en el primer trimestre de este año según las cifras oficiales, con 490, después de Guanajuato (741), Baja California (676), Guerrero (651) y Estado de México (602). Se confirmó: Javier Salomón Aceves, Marco Francisco Avalos y Jesús Daniel Díaz, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, secuestrados el 19 de marzo en el municipio de Tonalá, fueron asesinados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico. El fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, reportó la detención de dos personas, Gerardo N y Omar N, a quienes se impuso prisión preventiva por dos años mientras se realizan las investigaciones.

DE LOS PASILLOS

Mil 500 asesores de los grupos parlamentarios, comisiones, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fueron despedidos anticipadamente. Los empleados por honorarios se manifestaron en los pasillos e intentaron ingresar al pleno para reclamar a los coordinadores la recisión en sus contratos, cuando ellos son quienes les hacen el trabajo. La Dirección de Resguardo ordenó el cierre con cadenas y candados de todas las puertas que dan al recinto parlamentario.

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