Toca la puerta nuevo sindicalismo – Estado de los ESTADOS por @Lilia_Arellano1

Publicado el diciembre 6, 2018, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.


Lilia Arellano – http://www.liliaarellano.com/
6 Dic. 2018 – Estado de los ESTADOS.

“La Ley debe mandar, no polemizar”: Séneca

Toca la puerta nuevo sindicalismo
En CTM y PEMEX, van contra líderes repudiados
Romero, Flores y Ayala planean la autoprotección
Lupa a decisiones y juicio popular al Poder Judicial

Ciudad de México, 06 de diciembre de 2018.- Aprovechando el arranque de la IV Transformación de México, en la cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso público de que “no hay línea” y la base trabajadora va a decidir los destinos de los sindicatos, con la garantía de que se va a promocionar la democracia gremial, trabajadores de Petróleos Mexicanos formalizaron el nuevo sindicato Petroleros de México (Petromex), el cual pretende debilitar al institucional STPRM, encabezado por Carlos Romero Deschamps.

Hay confianza en los diversos gremios del país se arrancará también con la construcción de un sindicalismo autónomo, moderno, plural y democrático que redunde en el beneficio de la clase trabajadora de México. Hay señales positivas, no sólo en el gremio petrolero, sino también en el magisterio, donde hay un reacomodo el cual su resultado no es visible, o en el resquebrajamiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el liderazgo de Carlos Aceves del Olmo, con el surgimiento y consolidación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuyo dirigente, Pedro Haces Barba, rindió ya protesta como senador de Morena, en sustitución de Germán Martínez, quien se fue a encabezar el Seguro Social.

El nuevo senador morenista reiteró ya era hora de acabar con el “viejo sindicalismo” que tanto daño le ha hecho al país. Con bombo y platillo anunció: “!Se acabó la era de los cacicazgos!” y declaró “nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”, lo cual exhibe un momento de quiebre de las fuerzas sindicales.

Por su parte, Pitágoras Cruz Salaya, líder del nuevo sindicato Petroleros de México (Petromex), aseguró más del 80% de los sindicalizados “aborrecen y quieren que se vaya Carlos Romero Deschamps porque nunca ha rendido cuentas de las riquezas que ha generado el sindicato”. Adelantó que Romero Deschamps “va a tener que abandonar el puesto después de 25 años porque se va a quedar abandonado. No buscamos métodos que sigan llenando de rencor al trabajador, sino que despierte su conciencia para poder expresarse públicamente sin temor a represalias”. Confió: “tenemos toda la fortaleza de los que ya están cansados de darle pelea a Romero Deschamps y que no podían actuar porque no había garantías de leyes, porque había un miedo grande”. Y subrayó: “estamos haciendo uso de uno de los derechos internacionales donde no sólo es el voto libre y secreto sino hacer uso de esas leyes”.

Hasta la fecha Carlos Romero Deschamps ha sido intocable, a pesar de que acumula desde 1998 una larga lista de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y tribunales laborales. Hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene demandas. La Gran Alianza Nacional Petrolera reiteró las acusaciones contra el líder petrolero ante la PGR, las cuales incluyen malversación de fondos sindicales; apropiación de recursos públicos; venta y negociación de fichas, plazas y puestos de medio y altos niveles en el sindicato, y complicidad en el robo de gasolinas, entre la cuales hay 28 averiguaciones previas contra Romero, incluso por lavado de dinero. Una de las denuncias recientes es del movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, por delincuencia organizada, conductas ilícitas y haberse apoderado del patrimonio sindical. Dicha denuncia se amplió para acreditar la participación de los hijos de Romero Deschamps (Paulina, José Roberto y Alejandro), así como de su hermana y una cuñada.

Otros líderes sindicales han puesto sus barbas a remojar. Joel Ayala, en primer término, pero igual sucede con el dizque ferrocarrilero Víctor Flores. Los sectores salud y educación has sido saqueados no solamente por funcionarios sino por los líderes sindicales. Los ferrocarriles fueron vendidos a la IP, y hasta donde se sabe ninguno de los trabajadores de los trenes que aun circulan exclusivamente para carga –solamente “El Chepe” tiene pasajeros y promoción turística”, se encuentra dentro de la organización liderada por quien pretende mantener a como dé lugar en su posición, más aun cuando se prevé una estructura ferroviaria nueva y, por supuesto, el Tren Maya es su primer objetivo. Los sindicalizados encontrarán, ante la libertad de elegir con quienes se agrupan, dirigentes de naturaleza diferente.

Sin duda, vienen grandes cambios en el sindicalismo mexicano.

JUECES Y MAGISTRADOS ANTE JUICIO POPULAR

Resulta inexplicable la actitud asumida por el Poder Judicial en cuanto a la reducción de salarios. Las cuentas visibles a entregar por todos estos integrantes de los más de 800 tribunales y los miles de empleados a su servicio, nos revelan carecemos de un Estado de Derecho, de la aplicación correcta de las Leyes, de la impartición de justicia, de su cómoda postura para no abordar todos los temas referentes a las cárceles, a la reintegración de reos a la sociedad, a la modernización de las penalidades. El saldo a ofrecer en altamente negativo y hoy más que nunca se revela han sido pocos, muy pocos, quienes han ascendido por el valor curricular, sus cargos y gestiones obedecen a recomendaciones de terceros.

Se presentan con una supuesta fortaleza convertida en obstáculos a superar por la nueva administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.La reyerta legal ya está en marcha: más de 3 mil 500 altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) han solicitado amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el conjunto de reformas presentadas en el Congreso, las cuales pretenden modificar la estructura de órganos como el Consejo de la Judicatura Federal, al considerar vulneran la autonomía del órgano impartidor de justicia. Esos recursos también son por las modificaciones para la elección de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, disminución presupuestal y la rotación de los impartidores de justicia.

La pregunta clave es: ¿a quién tocará resolver los amparos? Pues al propio Poder Judicial. Si el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será sumamente complicado que los ministros fallen en contra de sus intereses, más aun cuando cínicamente hicieron pública su negativa a disminuir sus ingresos y prebendas. Mientras ese momento llega, la burocracia dorada trabaja a marchas forzadas para defender sus privilegios salariales acumulados en los últimos tres sexenios: ya se han acopiado 512 demandas colectivas, entre cuyos promotores están 366 magistrados, 331 jueces, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y 125 personas externas quienes se sumaron a estos amparos al considerar podrían obtener algún beneficio.

Sustentan su alegado en el artículo 94 constitucional, el cual establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras permanezcan en el cargo. Si se sumaran las quejas de litigantes, de quienes han visto hacerse “de la vista gorda” a los impartidores de justicia, habría un denominador común en sus exigencias: retírenlos. Ahora parecen mostrarse como conocedores de la Ley, respetuosos de ella, no aceptan una indicación como la expresada cuando, esa misma Ley no es aplicada a los ciudadanos, no respetan sus renglones al momento de llegar a buenos acuerdos y se han manifestado muy obedientes con el Ejecutivo en asuntos en los cuales llegan a causarse grandes y graves daños.

Estas acciones van de lleno contra la reforma promovida por Morena a dos artículos de la Constitución 75 y 127, a través de la cual se establece una limitante a los salarios: nadie puede ganar más que el Presidente de la República y éste se fijó un sueldo mensual de 108 mil pesos, sin prestaciones. Ese golpe a sus bolsillos si les afectó, de ahí el alud de amparos, en los cuales argumentan fundamentalmente que “el Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”.

De acuerdo al modelo de amparo preparado por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados y tramitado por los juzgadores federales, se advierte que las reducciones salariales y las sanciones previstas para quienes ganen más de 108 mil pesos generan un impacto negativo porque implican “el riesgo de apertura a la corrupción, porque una reducción tan tangible a los ingresos de muchos funcionarios que devengaban mayor salario a ese monto, se verán impedidos de mantener su proyección de gastos y quedan comprometidos al impago de obligaciones primarias y otras”. A este argumento a todas luces inválido, respondió AMLO, señalando la absurda percepción de salarios de 600 mil pesos cuando se tienen millones de mexicanos en la pobreza o a los estratos menores ganando sueldos de miseria.

También en los órganos autónomos de la Ciudad de México hay inconformidad por el recorte salarial que propone el plan de austeridad que propone Morena. Magistrados de los Tribunales Electoral y de Justicia Administrativa de la Ciudad de México están inconformes con la reducción de salarios. Gustavo Anzaldo, magistrado presidente del Tribunal Electoral capitalino, quien culmina su periodo el 1 de octubre de 2021, advirtió no está dispuesto a bajar su sueldo de 150 mil pesos mensuales. En el Tribunal de Justicia Administrativa los 22 magistrados están preocupados porque no se disminuyan sus prestaciones. La magistrada presidente, Yasmín Esquivel Mossa, pidió esperar a que la ley se apruebe en el Congreso capitalino. Adelantó ella acatará lo que se determine y consideró los magistrados deben ajustarse a lo que expidan las leyes del Congreso local: “se tiene que cumplir con la ley y si los diputados señalan un tope máximo debemos ajustarnos. Las leyes no están a discusión, se emiten, se publican y seremos los magistrados los que las deben cumplir”, señaló.

Será en esta semana cuando concluya el término para que los integrantes del PJF soliciten amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, mientras el resto de la burocracia dorada mexicana podría solicitar su amparo hasta el primer acto de aplicación de la misma, es decir, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, en el cual se incluyen los salarios de la burocracia. Aunque en esto de los amparos bien haremos en recordar la Corte rechazo miles y miles cuando se buscaba frenar los abusos de la CFE, los de los gasolinazos y muchos otros arrojados al cesto de la basura. Contra lo que parece, el pueblo si tiene memoria.

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