Seguridad: dos sexenios de ineptitud, improvisaciones y muerte

Publicado el enero 27, 2018, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.


CONTRALINEA
JORGE CARRILLO OLEA
México tiene en riesgo su gran acuerdo para existir y progresar. Vive una crisis no vista desde los tiempos posrevolucionarios. En 2 décadas, la garantía de la paz pública como uno de los más firmes derechos del hombre, y su expresión operativa, la seguridad, ha evolucionado de ser un problema del gobierno, que en un tiempo fue ordinario, manejable y sin mayor exigencia social, a ser el fenómeno de violencia generalizada que hoy, principios de 2018, es la dificultad más aguda que enfrenta la nación, no sólo el gobierno.

La amenaza de caer en una situación de ingobernabilidad es evidente. Hoy el gobierno ejerce sus funciones desde un rincón y no quiere dar valor público a los tantos datos de turbación política y social que existen. En este sentido, es también una tarea cuya solución no puede ser, una vez más, sólo paliativa y así, con esa actitud propiciar una metástasis. Se demanda algo transformador, determinante y en ello, la sociedad organizada debe asumir una responsabilidad trascendente. Esa es la razón de este ensayo, colaborar al menos con ideas a que la comunidad nacional, pero más aquellos que tienen alguna forma de poder o convocatoria, se decida a expresar su irritación por el medio que le sea propio con vistas a ayudar a salir de este atolladero.

Hasta hace poco, el derecho general a la paz pública se satisfacía con la sola y relativa ausencia de violencia inquietante: existieron guerrillas, grupos sociales exaltados, fenómenos naturales, homicidios, robos y asaltos rutinarios, presentes en toda sociedad, pero nunca generaron el ambiente de miedo que hoy nos embarga. Ahora para garantizar ese derecho a la paz, se necesita que se eviten las tres formas de violencia: La violencia criminal, la violencia oficial que genera el gobierno con sus operaciones y la social, producida por elementos de la sociedad que han aceptado delinquir como una actividad legítima para satisfacer sus necesidades, una especie de sustituto racional del trabajo. Los tres factores son causa y origen de la violencia, manifestación mayúscula de la inseguridad pública, que es cualquier acción que perturbe al estado de comodidad en las formas de vida al que la población tiene pleno derecho.

La situación en México ha evolucionado rápidamente en sólo 20 años. De padecer un estatus de inseguridad sólo desconfortante, habitual, costumbrista, hemos pasado a una agudización de ella y a un estado de creciente violencia que se inició como actos criminales, primordialmente precipitados por el narcotráfico; empeoró con la introducción descontrolada de la violencia oficial en aquella memorable invasión de Michoacán de enero de 2006, la guerra de Calderón, y ha llegado a grado extremo actualmente con las improvisaciones, desaciertos y vaciedad de Peña Nieto. Hoy lamentamos la creciente marea delictiva de la violencia social: su explicación es que la sociedad ha aprendido a delinquir como medio que cree legítimo para satisfacer sus privaciones y reclamos. La situación al finalizar el gobierno de Enrique Peña es peor de como la que recibió y, por inercia, seguirá empeorando si no se busca la solución radical.

En México no se está garantizando, ni en lo poco, el primordial derecho a la tranquilidad que da lugar al esfuerzo generalizado y hacia al progreso. Un altísimo índice de la población no se siente seguro y tampoco mejora su percepción de que pronto tendrá segura la paz como derecho. De ser evidente ese derecho significaría sentir una garantía para su vida, vivir sin tener temor a perderla ni a ella, ni a su integridad personal, ni a su patrimonio. Ese es el sentir social sobre su cotidianeidad y su futuro. Tiene todo el derecho a pensar así.

El Estado está obligado a generar condiciones óptimas para que las personas se sientan seguras, que haya situaciones para que no viva con temor, a que se desarrolle en un ambiente tranquilo, donde se le respete su derecho a transitar libremente y a no ser oprimido, sabiendo que nadie lo debe lastimar, que, de darse un hecho lamentable, un Estado democrático estará presto para su auxilio. Si esto ocurriera, la nación se volcaría en su auxilio. De todo esto trata este planteamiento. Tenemos derecho a vivir en un ambiente confortable, de eso se trata, de disponernos a exigirlo y trabajar por ello.

De cara a los procesos electorales, estamos empezando a oír las más diversas propuestas sobre cómo atender el gravísimo problema de la seguridad pública, las más de ellas honestas, pero de alcances genéricos, reducidos, ante un daño que es mayor. En ese largo plazo, veremos hechos y dichos sorprendentes por parte de reales y supuestos expertos y especialistas. El debate electoral por naturaleza es retórico, grandilocuente y puede ser estéril a menos que exista una enérgica decisión por el cambio.

En un mundo pugnaz, en una campaña acometedora como la presente, son condiciones difíciles para un candidato el ser objetivo y veraz a menos que se declare por anunciar un cambio realista y fundamental. Formular propuestas transformadoras de mil vicios le implicaría asumir costos políticos, sociales y presupuestales y que, en principio, con una salvedad, sólo ofrecerían frutos confiables a plazos medios y largos, aunque como es justo, entendiendo el carácter político del proceso electoral, se ofrezca simultáneamente paliativos transitorios en breve plazo. Ese discurso que llama al esfuerzo compartido, por honesto sería muy bien recibido, más si ofrecen ciertos alivios prontos. La otra gran premisa es que la sociedad que justamente exige un cambio, consecuentemente, debe disponerse a comprometerse e

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