Desechan recurso contra reforma energética promovido por 23 intelectuales
23 intelectuales que han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, independientes de los partidos políticos, se inconformaron este martes con la determinación del juez David Rodríguez Mata, titular del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, que desechó por notoria improcedencia la petición de amparo promovido para impugnar la reforma energética.
Manuel Peimbert, Luis Villoro, Fernando del Paso, Vicente Rojo, José Emilio Pacheco, Soledad Loaeza, Hugo Gutiérrez Vega y Paul Leduc, entre los firmantes. Foto: La Jornada
Los intelectuales pidieron a un tribunal colegiado de circuito que modifique el fallo del juez Rodríguez y remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la facultad de atracción del máximo tribunal del país.
La demanda fue desechada por el juez Mata bajo el argumento de que la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril pasado, establece que no procede el juicio de garantías contra adiciones o reformas a la Constitución, un candado legal que será difícil de superar por parte de los quejosos, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal consultadas por La Jornada.
La SCJN se equivocó en el caso Cassez – Ricardo Monreal
Una llamada del papa cambio todo: Obispo
El Obispo de Mexicali José Isidro Guerrero Macías, afirmó que se quería aprobar el aborto para niños de nueve meses, ¡háganos el santísimo favor, qué forma de distorsionar la situación!.
Además, sentenció: ¡Y vamos por más!, así que mujeres pecadoras prepárense porque probablemente los Obispos de la Suprema Corta de Justicia de la Nación en conjunto con el Cardenal espurio que oficia en los Pinos aprueben el uso obligatorio del cinturón de castida que será retirado únicamente para concebir, so pena de la hoguera en caso de satisfacer su sexualidad. RNR.
http://youtu.be/bJMgbAoMXSg
Libertad sindical y jurisprudencia de la SCJN
Arturo Alcalde Justiniani / La Jornada / 16 julio 2011
En el artículo anterior, señalamos que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión de gran importancia para el futuro de la libertad sindical en nuestro país el pasado 20 de junio, al modificar la jurisprudencia 86/2000, que faculta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a verificar si el procedimiento de elección de una directiva se apega a los estatutos y a la Ley Federal del Trabajo.
La jurisprudencia 86/2000, dictada por la Segunda Sala del máximo tribunal, otorgó desde su nacimiento, hace 11 años, una excusa legal a las autoridades laborales para justificar su intervención en la vida de los gremios y obstaculizar a aquéllos de corte democrático, mal vistos por el gobierno o los patrones. Ha bastado cualquier omisión, por intrascendente que parezca, para negar o condicionar la “toma de nota”, necesaria para acreditar la personalidad jurídica del sindicato: la falta de una firma, el error en una fecha, convocatoria o acta, la actualización de padrones, la ausencia de la firma del patrón reconociendo la relación laboral o una caprichosa interpretación del procedimiento, son parte de un amplio catálogo que se usa para este fin. Combatir la decisión negativa de la autoridad, obliga al sindicato a una larga batalla jurídica por la vía de amparo, colocándolo contra la pared, pues requiere de ese “papelito” para funcionar.
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