Sociedad civil frena “Ley Bala” – #Comunicado

Publicado el Julio 3, 2014, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Foto - articulo19.org

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• Un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Puebla presentaron amparos contra la “Ley Bala” (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del estado de Puebla), impulsada en semanas pasadas por el gobernador Rafael Moreno Valle, al considerar que afecta los derechos de libertad de expresión, de protesta social y de libertad de reunión, ya que contiene disposiciones vagas y ambiguas que permitirán la utilización desproporcionada del uso de la fuerza y darán facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos.

Con información de articulo19.org

► México, D.F, 03 de junio 2014 – Cinco Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitieron a trámite varios de estos amparos, a favor de quienes los presentaron. Gracias a la decisión de algunos de estos juzgados, la “Ley Bala” no podrá ser utilizada por la policía estatal hasta que los juicios de amparo interpuestos sean resueltos, dado que al admitir los recursos, también concedieron la “suspensión provisional”, figura que detiene los efectos de la ley hasta que se resuelva el caso.

En la decisión del Juzgado Cuarto de Distrito de Puebla, señaló que en dos de estos recursos la suspensión tiene el efecto de impedir que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” en caso de que se ejerza el “derecho de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social considera que estas decisiones protegen y amplían los derechos humanos de las personas en Puebla, ya que con una medida preventiva, pone en el centro el derecho a la protesta social y se da cumplimiento a las obligaciones de garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución mexicana.

Este proceso de defensa apoyado por el Frente, responde a la tendencia legislativa observada a nivel local y federal, dirigida a la creación de leyes que abiertamente criminalizan la protesta social. Por ello, acompaña los esfuerzos de la ciudadanía en el no sólo en Puebla, sino también en Quintana Roo[1] y Chiapas, donde se han presentado amparos, los cuales han sido admitidos por la Justicia Federal. Todo esto, ante la inacción de las comisiones locales de derechos humanos, y en especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad contra estas legislaciones.

El Frente respalda el ejercicio de las libertades democráticas y el ejercicio de la protesta social para la defensa de los derechos de las personas y para la libre expresión del desacuerdo y la crítica política, puesto que el espacio público y la libertad de expresión son pilares de un estado democrático.

Hacemos un llamado al Poder Judicial de la Federación para que garantice los derechos humanos y funcione como un contrapeso efectivo frente a esta legislación, por su contenido contrario a los estándares internacionales en la materia, por lo que esperamos que la resolución de los órganos jurisdiccionales atienda a los más altos niveles de protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

En contextoPresentan Ley que Regula las Reuniones y Manifestaciones en Lugares Públicos del Estado de Jalisco

La iniciativa presentada por la diputada del PAN Gabriela Andalón Becerra, propone establecer días y horarios para manifestarse de lunes a jueves de las 10:00 a las 12 horas, y de las 16:00 a las 18:00 horas. Prohíbe la celebración de manifestaciones o marchas en lugares públicos “con valor histórico, cultural, turístico y de notable importancia para el desarrollo y administración del Estado de Jalisco” y la utilización de vialidades de un solo carril. Se prevé un mecanismo de “aviso” con 24 horas de anticipación a las autoridades municipales, mismas que podrán oponerse a la realización de la manifestación pública.

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