De Ayotzinapa a Ginebra

Los padres de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa se presentaron en Ginebra ante el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, pidiendo su intervención ante el gobierno mexicano para rescatar con vida a sus hijos.

Por RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA, La Jornada Guerrero, 6 febrero 2015

Bernabé Abraján e Hilda Legideño, en representación de los padres de los desaparecidos viajaron a Ginebra con el respaldo de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales; el motivo, presenciar las explicaciones en materia de desaparición forzada que dieran las autoridades mexicanas y exponer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A más de cuatro meses de los hechos de Iguala, no se tiene información confiable sobre el paradero de los desaparecidos; en Ginebra, la representación del gobierno mexicano se limitó a guardar un minuto de silencio por los 43 alumnos desaparecidos y reconocer que a pesar de los importantes avances en materia de derechos humanos, se siguen enfrentando retos que se deben superar, según lo señalado por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

En México, se vive una crisis humanitaria sin precedentes, la cual el Estado mexicano se ha negado a reconocer evidenciando su falta de oficio, se carece de una ley general de desaparición forzada.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que México hay una violación generalizada de los derechos humanos, no existiendo políticas públicas para prevenir la desaparición forzada sin un plan nacional de búsqueda y protocolos de actuación ante este flagelo.

Es necesario que como lo plantean las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos mexicanas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas debe designar a un relator especial para dar seguimiento a la problemática que se vive en México y garantizar que se cumplan a cabalidad las recomendaciones que se emitan para el caso.

Es urgente alzar la voz y exista verdadera determinación y contundencia en el caso Ayotzinapa, que el Estado mexicano reconozca a plenitud, el flagelo que ha generado indignación y repudio ante la falta a la verdad y la justicia.

Las víctimas buscan en Naciones Unidas la justicia que se le ha sido negada en México, ya que no confían en la capacidad e imparcialidad del gobierno mexicano para investigar el crimen.

Deben reabrirse las indagatorias por la desaparición de los 43 estudiantes, se disipen todas las dudas, que se encuentre la verdad aplicando la justicia y que mediante pruebas científicas se llegue a la verdad de los hechos; que se exhorte al gobierno de México a reabrir el caso, ante la sospecha de que los casi 100 detenidos inculpados en el caso, fueron sometidos a torturas para lograr declaraciones autoinculpatorias, tomando en cuenta la opinión de expertos y se apliquen normas internacionales.

Las indagatorias para dar con el paradero de los desaparecidos, no pueden cerrarse de un golpe, falta que se deslinden responsabilidades y se sancionen a los culpables por acción u omisión, que se apliquen pruebas científicas, en un momento de crisis, crispación social, en las cuales los derechos humanos en México enfrentan una situación muy grave, con altos niveles de violencia e inseguridad, en un proceso de criminalización de la lucha social que sólo tiene como referentes las desapariciones forzadas de la década de 1970 y principio de los años 80, en la llamada guerra sucia que cometiera el Estado mexicano.

El problema de las desapariciones forzadas en México pone al país en evidencia, ante sus fallas y limitaciones en el combate a este flagelo; el Estado mexicano debe cumplir con un registro veraz y actualizado de las víctimas, un archivo genético de los familiares de las víctimas, el reconocimiento del problema actual y un marco jurídico que sancione a quienes cometan las desapariciones forzadas y a la vez proteja a las víctimas ante una cantidad de aproximadamente 22 mil casos de protocolos de búsqueda con vida de los ausentes.

En los momentos más fuertes de la protesta social, se pretende darle carpetazo al caso Ayotzinapa, ante el desprestigio y la afectación a la imagen del gobierno mexicano y del presidente Enrique Peña Nieto.

Naciones Unidas investigará los casos de desaparición forzada, lo cual pondrá al gobierno federal ante el escrutinio internacional por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también de los 22 mil desaparecidos que se contabilizan en México, que a cada momento va creciendo el número, lo que sí se encuentran son infinidad de fosas clandestinas que se han convertido en símbolo de la impunidad.