Constituyente pinochetista

Publicado el Febrero 2, 2016, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.

Pedro Miguel en el círculo de estudios del comité en Coyoacán 005
LA JORNADA
Por:Pedro Miguel
No es insulto sino memoria. Cuando Pinochet se dio cuenta de que no tenía más remedio que restituir en algún grado –así fuera en grado de remedo– las instituciones democráticas que había abolido tras el golpe militar de 1973, mandó redactar una constitución a modo que le asegurara el control del Legislativo.

En ella se definió un número fijo de senadores designados: tres por la Corte Suprema, dos por el propio Pinochet y otros cuatro por el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, también por Pinochet, además de los ex presidentes, uno de los cuales habría de ser el tirano mismo. De esa manera la dictadura se garantizaba una bancada propia –un tercio del Senado– conformada al margen de las urnas.

En el diseño del congreso constituyente para la Ciudad de México el miedo a la voluntad de la gente fue incluso más acentuado que en el Chile de Pinochet y el régimen se aseguró el control del 40 por ciento de la representación. Tiene razón Peña Nieto cuando dice que el nuevo estatuto en proceso para la capital de la república es un triunfo del Pacto por México: ese conglomerado de intereses oligárquicos y mafiosos logró imponer a la sociedad capitalina un esquema de constituyente con los dados cargados a favor de los poderes fácticos y contrario al principio de soberanía popular.

De esta manera se pretende asegurar que el texto constitucional para la capital perpetúe en su redacción la abusiva injerencia presidencial que han padecido los habitantes de la ciudad desde los orígenes de la república y que no vaya a resultar contrario a los intereses de los componentes del Pacto por México: las famiglias priístas bajo la conducción coyuntural de Peña Nieto, las tribus perredistas y los variopintos intereses coaligados en el panismo, más las empresas políticas menores, también alineadas al régimen, así como las candidaturas independientes que lo serán de partido pero no de inversionistas a trasmano.

Los constituyentes designados por los jefes de los ejecutivos federal y local (sobre) representarán a poderes públicos emanados del fraude, en el caso del primero, que compró los sufragios que le faltaban para llegar a Los Pinos, y de la traición a sus votantes, en el caso del segundo, quien al día siguiente de instalarse en el puesto empezó a poner en práctica políticas contrarias a sus compromisos de campaña. Con los constituyentes de la presidencia, la jefatura de gobierno y el congreso federal se insuflará vida más allá de la muerte a la correlación de fuerzas políticas que imperaba en 2012, adulterada por la intromisión de intereses supranacionales –los que dictaron el nuevo ciclo de reformas neoliberales–, el lavado de dinero de las tarjetas Monex y Soriana y la inserción definitiva del perredismo chucho en el régimen oligárquico.

El constituyente capitalino estará formado por cien diputados y 40 de ellos serán designados a dedo. Habida cuenta de que las resoluciones deberán ser aprobadas por dos tercios de los integrantes, el oficialismo estará en condiciones de vetar cuanta propuesta sea considerada potencialmente perjudicial por el régimen. A las facciones del Pacto por México les bastaría con ganar, en conjunto, 26 de las 60 curules sujetas a elección para definir a sus anchas el texto constitucional. Tal y como está definida, en suma, la reforma política que convierte al Distrito Federal en Ciudad de México busca perpetuar el secuestro de la voluntad popular capitalina por los poderes federales –especialmente el Ejecutivo– y que tratará de legitimar e institucionalizar las políticas privatizadoras, opacas y autoritarias del mancerato.

Con todo, la sociedad cometería un error grave si optara por marginarse del proceso constituyente, el cual será un foro invaluable para exponer, promover y defender, entre muchas otras cosas, los instrumentos de la democracia participativa –revocación de mandato, consulta popular, mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización de los gobernantes por los gobernados–, la orientación social y pública de la administración urbana, la incorporación de los derechos indígenas al marco legal, el avance en los derechos y libertades de género y reproductivos, la prohibición de convertir la reglamentación citadina en oportunidades de negocio para particulares, la codificación de normas urbanas y ambientales que detengan el deterioro y el caos en la urbe, la derogación de los preceptos represivos contenidos en la legislación local y la supresión del Cuerpo de Granaderos, entre muchas otras cosas.

Si hay cohesión y coherencia en las propuestas sociales y populares, será posible plasmar cambios reales en la constitución capitalina y avanzar hacia la consecución de la plena soberanía popular en la capital de la república.

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